Como si no hubiera alcanzado con lo expresado y dispuesto en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 522/2020 de la discordia, el Gobierno nacional le puso la semana pasada nombre y apellido en un expediente judicial a la situación planteada con la empresa cerealera Vicentin: conflicto de poderes. Así figura en la ¿contrademanda? planteada por el Estado a través del Ministerio de la Producción en el fuero en lo Contencioso Administrativo federal de la Capital Federal para contrarrestar las malas noticias llegadas desde los tribunales de la ciudad santafesina de Reconquista, donde se tramita el concurso de acreedores de la firma.
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Vicentin: ahora cuestionan al juez dentro del expediente
Lo hicieron dos acreedores y la Inspección de Personas Jurídicas de Santa Fe.
El juez santafesino Fabián Lorenzini no sólo fue cuestionado dura y públicamente el fin de semana por el presidente Alberto Fernández sino que también comenzó a recibir similares críticas, planteos y apelaciones dentro del propio expediente del concurso de acreedores de la empresa Vicentin, el caso que llevó su nombre a la tapa de los diarios a nivel nacional.
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Era obvio, lógico y previsible, tras las intempestivas declaraciones públicas del presidente Alberto Fernández sobre el fallo del viernes del juez que interviene en el concurso de acreedores de la empresa Vicentin, Fabián Lorenzini. No así que el destinatario sea un abogado e hijo de un juez, amén de ocupar el cargo también conocido como «la máxima magistratura». La Federación Argentina de la Magistratura (FAM), que nuclea a los jueces de todo el país, le recordó hoy al presidente de la Nación que «constituye un principio básico del Estado de Derecho el respeto a la independencia judicial y el acatamiento de las resoluciones de los órganos judiciales».
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Tres días antes había cuestionado duramente el decreto presidencial.
Seguridad jurídica», «desviación de poder», «afirmaciones falsas» y hasta referencias a la «soberanía alimentaria» argüida por el Gobierno a la hora de justificar la intervención con supuestos fines de expropiación de la firma fueron algunos de los argumentos esgrimidos por la propia empresa que parecen haber convencido al juez santafesino Fabián Lorenzini para desplazar a los interventores designados por el Poder Ejecutivo y restituir este viernes en sus lugares a los directores de Vicentin.
Lorenzini resolvió la medida que aplaudió buena parte de la oposición política al Gobierno nacional con el expediente en un virtual «secreto de sumario» y tres días después que los abogados de la firma le pidieran esa medida para resguardar sus planteos contra el decreto 522/2020 que prácticamente quedó pulverizado con la decisión judicial pese a que el juez se declaró incompetente para analizar su constitucionalidad, otra de las solicitudes de la presentación.
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