El no nato gasoducto Néstor Kirchner ya tiene sin embargo su capítulo judicial en marcha.
Este fin de semana nos hemos enterado de un comunicado en off del ahora ex ministro Kulfas indicando que las licitaciones para la obra del gasoducto Néstor Kirchner estaban digitadas por los funcionarios de IEASA cercanos a la actual vicepresidente para favorecer a la empresa Techint. A sabiendas de ello Kulfas no radicó la denuncia incumpliendo sus deberes de funcionario público, por lo cual o era parte del entramado de posibles hechos de corrupción o no los denuncia.» Eso dice en sus primeras líneas la primera denuncia presentada por el escándalo del gasoducto no nato de Vaca Muerta del que todos los medios y políticos hablan por estos días y tan vital para la alicaída economía argentina, según ellos mismos advierten.
Sin embargo, Matías Kulfas, saliente ministro de la Producción, no fue citado a indagatoria, como acusado, como fue señalado en la denuncia inicial, sino como testigo. Será el primero en una causa que, vaya paradoja, parece ir como «por un tubo» en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py, con un fiscal conocidamente expeditivo como Carlos Stornelli y un juez que hace dos años y medio creía ya prácticamente estar sentado en un puesto y con un sueldo un tanto más importantes como lo implican ser el titular de la Procuración General de la Nación, es decir el jefe administrativo-político de todos los fiscales. ¿Será que Daniel Rafecas pisó el acelerador para evitar que todo terminara en otro juzgado?
La denuncia fue presentada vía correo electrónico -modalidad admitida desde la pandemia del coronavirus Covid-19- por Santiago Dupuy de Lome la mañana del domingo 5 de junio. Al día siguiente fue sorteada por la oficina respectiva de la Cámara Federal penal porteña y recayó en el juzgado 3 a cargo de Daniel Rafecas bajo el número 1893. Allí queda claro, aún en su brevedad y generalidad, que se apunta a Kulfas y la novela que ¿concluyó? con su salida del gobierno encabezado por Alberto Fernández. Pero enseguida se le sumaron otras dos denuncias, que hasta llevan números consecutivos hilados con la primera y que recayeron en su colega Ariel Lijo, sea por su juzgado natural (el 4) o por el que subroga (el 12).
Sin embargo, tras el requerimiento de instrucción correspondiente del fiscal, Rafecas citó a Kulfas como testigo y decidió que se investigue en otra causa su denuncia contra él para determinar si cometió el delito de omisión de denuncia o si incurrió en un incumplimiento de sus deberes de funcionario público al no denunciar penal o administrativamente el supuesto favoritismo que no tan elípticamente achacó al kirchnerismo respecto de la empresa Techint en el negocio del gasoducto. Por ello mandó a sorteo ese tramo y este determinó nuevamente a Lijo. También escuchará a Antonio Pronsatto, el primer funcionario renunciado por este tema en el área energética del Gobierno.
Lijo es el mismo magistrado al que le habían tocado las otras dos presentaciones judiciales por este entuerto y que se supone deberá resignar en función del principio de atracción de causas similares hacia la primera denunciada y abierta a investigación, es decir la de Dupuy de Lome caída en el juzgado 3 de Rafecas. Se supone que Rafecas no es aún procurador general porque hace una década ordenó el allanamiento que en definitiva desembocó en la condena contra Amado Boudou por el escándalo Ciccone cuando este era el vicepresidente de la Nación que secundaba a Cristina Fernández de Kirchner, la entonces presidenta de la Nación y ahora mandamás del Senado, donde duerme su pliego.
El antecedente Ciccone
No está de más recordar que la causa Ciccone inició en el juzgado de Rafecas pero terminó en el de Lijo, subsumida, por decisión de la Cámara Federal, por una investigación paralela sobre enriquecimiento ilícito del ex funcionario jamás elevada a juicio y otra sobre un contrato con el gobierno de Formosa (el primero de la firma The Old Fund, la «rescatista» de Ciccone en su proceso de quiebra) ya prácticamente cerrada sin juicio ni condenas.
Rafecas fue víctima de un supuesto fuego amigo (su intercambio de mensajes con un abogado de otro involucrado en la causa Ciccone que llegó a manos y ojos ajenos) que más pareció una de las clásicas operaciones de inteligencia sobre los tribunales encomendadas por la política. El magistrado zafó luego del juicio político con la ayuda del kichnerismo pero no pudo evitar ser apartado de ese caso. Aquí también parece olerse la mano de los servicios de inteligencia que rodean diariamente cual niebla de invierno al edificio de Comodoro Py 2002.
El frustrado procurador, de muy buena relación personal de origen académico con el presidente Alberto Fernández desde mucho antes de llegar a ser juez de la Nación en 2005 y jefe de Gabinete el otro en 2003, también dispuso la realización de dos audiencias informativas para la semana que viene con representantes de las empresas extractoras y transportadoras del gas del yacimiento de Vaca Muerta. Ya acumuló la información respectiva con procedimientos en las oficinas públicas involucradas.
El juez que hoy escuchará a Kulfas seguramente tenga más contenido conceptual o marco jurídico para su causa a partir de las dos denuncias ingresadas a los tribunales de manera más formal que la de Dupuy de Lome. La de Santoro, José Lucas Magioncalda y la Fundación Apolo apunta más que a Kulfas a los funcionarios kirchneristas del área energética y su presunto favoritismo hacia Techint. Por eso no descartaron los denunciantes que se incluya investigar la posibilidad de una asociación ilícita.
La denuncia de Ocaña y su colega de bancada Waldo Wolff, ambos diputados nacionales de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires, también apunta contra los funcionarios identificados con la vicepresidenta Fernández de Kirchner y especialmente contra el titular de la empresa pública Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA, ex ENARSA), Agustín Gerez, por incumplimiento de sus deberes como funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
Ellos no solo pidieron las declaraciones testimoniales de Kulfas y Pronsatto sino también de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pequeño detalle no menor y no dicho aún: el testigo está obligado a decir la verdad por juramento bajo pena de sanción judicial que puede incluir la cárcel, lo que no ocurre con el imputado, eximido de esa obligación y permitido a mentir o hasta a negarse a responder preguntas.
Por las dudas, y aunque no sea necesario, Kulfas acudiría hoy a los tribunales del barrio de Retiro acompañado de un abogado, según trascendió en una versión periodística. Se trata de Matías Ledesma, hijo de Guillermo Ledesma, ex defensor del fallecido empresario Alfredo Yabrán en el caso Cabezas y miembro de la histórica Cámara Federal que juzgó en 1985 a los ex comandantes de la dictadura. Su hijo fue recientemente abogado del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, según recordaron fuentes judiciales.
Algunos bromean y se preguntan con sorna e ironía si a partir de hoy no habrá que sumar el apellido del funcionario citado -¡Kulfas!, sí con interjecciones- a las onomatopeyas que aparecían en globitos cuando comenzaban las trifulcas en la serie de Batman y Robin en la tele vespertina de la infancia. ¡Kapow!