La Corte dejó firme la condena por Ciccone pero él aún dice ser víctima de lawfare.
Este jueves quedó firme la condena contra Amado Boudou por el caso Ciccone. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad el recurso de queja para que ella revisara la sentencia dictada en su contra dos años atrás por un tribunal oral. Pasará a la historia como el primer vicepresidente de la Nación condenado por la Justicia. Y por un caso de corrupción. Ya no es más presunto delincuente sino delincuente hecho y derecho. Sin embargo hoy habrá una manifestación en su defensa convocada frente a los tribunales de Plaza Lavalle bajo el remanido argumento de que es «víctima» de lawfare, algo que no figura en la legislación argentina y ni siquiera se sabe bien qué significa. ¿Negación? ¿Sedición? Difícilmente Boudou se sienta sorprendido por su destino.
La manifestación convocada por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos seguramente tenga un objetivo menos etéreo que el lawfare: presionar para que el ex funcionario no vuelva a prisión. El asunto es que cuando lo liberaron la última vez el principal argumento fue que su condena no estaba firme aunque ya tuviera el doble conforme exigido por los estándares internacionales. El mismo juez deberá ahora ejecutar la pena ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4) en 2018 y confirmada el año pasado por la Casación, ya con el aval de la Corte, última instancia del sistema judicial. Se llama Daniel Obligado, es de muy bajo perfil y tiene un apellido justo para la excusa del casi seguro cambio de estatus, según bromearon fuentes judiciales.
«Estamos muy de atrás con el tema judicial», había dicho Boudou horas antes de la decisión de la Corte en un encuentro virtual de militantes kirchneristas nucleados en el llamado grupo MAK. «El problema no soy yo, ni Julio De Vido ni Milagro (Sala) sino que la principal perseguida política en la Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner. Entonces nuestra democracia está muy condicionada. No hay uno solo de los mamarrachos jurídicos sobre Cristina que se haya solucionado», expresó al blanquear de manera brutal lo que todos los analistas interpretan como el núcleo del supuesto acuerdo electoral de la vicepresidenta con el presidente Alberto Fernández al presentarse a elecciones el año pasado pero jamás verbalizado de ese modo. «Yo te doy los votos, vos dame la impunidad», sería la síntesis, también brutal.
El cambio de estatus -para nada menor en la vida de cualquier persona- será el paso de la semilibertad a la cárcel nuevamente. El ex vicepresidente ya estuvo en prisión tres veces desde que dejó la función pública al cesar su mandato en diciembre de 2015. La primera y más famosa fue el 3 de noviembre de 2017 por decisión del juez federal Ariel Lijo y en el marco de una causa consecuencia del «escándalo Ciccone»: su presunto enriquecimiento ilícito aún no juzgado. Fue liberado dos meses y medio después por decisión de la Cámara Federal. Pero volvió a la cárcel en agosto de 2018 tras la condena del TOCF4. En diciembre el mismo tribunal, con otra integración, lo excarceló con una tobillera electrónica y el pago de una fianza de un millón de pesos. Ello duró hasta la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, que lo devolvió tras las rejas el 18 de febrero de 2019 hasta el fallo de Obligado, en abril de este año y al inicio de la cuarentena por el coronavirus Covid-19.
El retorno a la cárcel o la manutención de la libertad también dependerá de la opinión de la fiscal de Ejecución Penal Guillermina García Padín. El asunto es que su colega ante la Casación Javier De Luca había desistido de apelar ante la Corte la decisión de Obligado de otorgarle la domiciliaria a quien también fuera ministro de Economía durante el primer gobierno de Cristina Fernández.
Además del lawfare, o como parte de él, quienes salieron en apoyo de Boudou argumentan que el fallo confirmado en todas las instancias judiciales -trece jueces y cinco fiscales- es una venganza del poder económico corporizado en el Poder Judicial por haber propuesto y logrado la eliminación del sistema de jubilación privada a través de las AFJPs cuando era titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). Difícil creer en un complot entre tanta gente. Además, muy pocos jueces optaron por ese régimen por una cuestión más que lógica: convenía la «jubilación de privilegio» de la ley 24.018 derogada por el actual gobierno para los nuevos magistrados, la misma de la que goza el ex disc-jockey marplatense a sus flamantes 58 años de vida. No sería el caso de quienes condenaron a Boudou ese pequeño porcentaje de traspasos al sistema privado.
Y el tercer argumento de quienes bregan por la inocencia del ex vicepresidente, también como parte del «combo lawfare», es el «arrepentimiento» del abogado y coimputado y también condenado Alejandro Vandenbroele. De acuerdo con fuentes judiciales -y a la luz de la lectura de la sentencia- los dichos como arrepentido o colaborador eficaz del primer nexo de Boudou con la compra de la calcográfica Ciccone no fueron determinantes para la condena en ese caso como sí quizás para las otras causas que se le siguen por enriquecimiento ilícito y el Fondo Fiduciario Provincial (FonFiPro) por la deuda de Formosa con la Nación, ahora radicada en la Justicia federal de aquel distrito. Sus dichos no fueron «dirimentes» en el caso Ciccone, de acuerdo con la sentencia.
El indeterminado lawfare había sido esgrimido el año pasado por la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el tribunal que la tiene por primera vez en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de delito en la concesión de obra pública vial nacional en la provincia de Santa Cruz a las empresas del ex empleado bancario Lázaro Báez.