Con los ojos puestos en la Corte, Cristina Fernández apuntó a tres jueces en el Senado.
Si sus contados statements (declaraciones) son sus apariciones en Twitter -cierto pero no del todo- no es muy difícil deducir que su último mensaje por esa red social refleja cuánta importancia les da la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a sus serios problemas judiciales. Y vuelve a abrir el interrogante sobre cuánto influyen sus cuestiones personales en las cuestiones de gobierno, algo marcado por la oposición de Juntos por el Cambio. Y a poner sobre el tapete una situación sin comparación en la historia institucional argentina y señalada en este espacio desde la definición de las candidaturas presidenciales en abril del año pasado: la elección de un postulante con serias sospechas de corrupción durante su anterior paso por el poder bajo el escrutinio de la Justicia de un Estado del que esa misma persona forma ahora parte como vicepresidente de la Nación y presidente del Senado. Si es un acápite no declarado de la herencia de su fallecido esposo poco importa ello a los efectos.
Cristina Fernández, quien no sólo se expresa a modo de statement en el Twitter -como lo hacen casi todos los gobernantes en todo el mundo hoy día- sino también diariamente a través de las decisiones de gobierno que toma y quedan asentadas como presidenta del Senado, remitió a un tuit del diputado Leopoldo Moreau y sus dos principales caballitos de batalla. Las causas de espionaje malnacidas y de dudoso origen que dejan mal parados al gobierno de Mauricio Macri y a su archirrival: el diario Clarín. El mismo espionaje que enloda la Justicia y que el Gobierno encabezado por Alberto Fernández dice querer combatir a través de su «reforma judicial». La misma Justicia que tiene en el banquillo de los acusados a la vicepresidenta en un juicio y a la espera de otros tres a los que resta ponerles fecha. Pero a la vez, la declaración de la ex presidenta ratifica algo dicho en este espacio. Que el kirchnerismo encontró en la ausencia de tres jueces de Comodoro Py a una cita en el Senado el motivo para apartarlos del cargo.
Sin hacer mención al tercer juez que no acudió al encuentro virtual de la comisión de Acuerdos de la cámara Alta (Germán Castelli, integrante del tribunal oral que deberá juzgarla en la causa de los cuadernos), la vicepresidenta sostuvo que (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi no fueron a la cita para eludir deliberadamente las preguntas que se les harían por su actuación en las causas que en cierto modo la involucran. Los magistrados explicaron que su faltazo obedeció a las acciones judiciales que iniciaron para evitar sus desplazamientos y no consentirlos con su participación en el acto previsto por reglamento y que ellos consideran ilegal.
Y las preguntas que eventualmente harían los senadores oficialistas, según se desprende los tuits de la ex presidenta y el ex candidato presidencial por el radicalismo, estarían vinculadas a hechos pasados y no futuros, como se supone que se les formularían en virtud de la necesidad de un nuevo acuerdo para un nuevo cargo distinto para el que ya contaban con el aval parlamentario. Para los hechos pasados está el Consejo de la Magistratura para allí denunciarlos e iniciar el procedimiento de destitución si fuera necesario. Pero hay otro sinsentido discursivo: si el problema es que Bruglia y Bertuzzi tienen acuerdo para ser jueces de un tribunal oral y no para revisar los actos de los jueces de instrucción en una cámara de apelación ¿qué diferencia su rol en virtud de las preguntas que se les harían? ¿No cabrían lo mismo si fueran para un juez de un tribunal oral que para un «futuro» juez de Cámara de Apelaciones?
Si un fallo aparece antes de ser publicado en el celular de un espía, un periodista o quien fuere, pues allí está el Consejo de la Magistratura para que se denuncie al juez o los jueces que adelantaron su decisión. Moreau también habla en sus mensajes del lawfare, la palabra que no figura en las normas legales argentinas. Ya se ha dicho en este espacio: si alguien comete un delito o una falta, sea juez, periodista o espía, allí están las leyes o los mecanismos constitucionales e institucionales para denunciarlo.
Pero Moreau también incurre en un error u omisión importante. Los traslados de jueces no fueron exclusividad del gobierno de Cambiemos sino que también los hubo durante los gobiernos kirchneristas, más aún con los oscuros y extorsivos mecanismos de subrogación de cargos a los que los subrogantes aspiraban y dependían del poder político de turno para ser bendecidos con el cargo efectivo. Más insólito aún: uno de los jueces ahora cuestionados, Bertuzzi, fue trasladado en su momento durante el gobierno de Cristina Fernández de un tribunal oral en La Plata a uno de Comodoro Py.
El colmo de esta historia es que otro de los magistrados ahora apuntados, Castelli, es juzgado en su amparo para evitar su desplazamiento por una jueza que no es jueza sino una secretaria judicial subrogante del cargo que jamás obtuvo acuerdo alguno del Senado para ejercer como magistrada. Se trata de Macarena Marra Giménez, a quien Macri había elegido de una terna para el cargo que ocupa pero cuyo pliego fue retirado por su sucesor a poco de asumir el poder. Alberto Fernández volvió a remitir al Congreso en este marco varios de los pliegos que había pedido revisar -con mayoría de cambios en los nombres- pero no incluyó el del puesto que involucra a esta postulante. Marra Giménez falló en contra de Castelli el día previo a la reunión de la comisión de Acuerdos.
El tuit de Moreau al que remitió Cristina Fernández tiene un destinatario claro: la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí llegó el per saltum pedido por Bruglia y Bertuzzi ante su fracaso inicial en primera instancia -ratificado luego por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal- y allí llegará esta semana el de Castelli. Parece ser la última chance que les queda a los tres jueces antes que se reúna el plenario de senadores y que el presidente emita el decreto que anule sus traslados y los devuelva a sus antiguos puestos.