La causa contra «la nación mapuche» aún no arrancó

Pidieron certificar antes la existencia de procesos penales por tomas en la Patagonia.
Trevelin

Como el tema generó interés entre los lectores, los mantenemos al tanto, pues. La genérica denuncia realizada en los tribunales de Comodoro Py contra la «nación mapuche» por las tomas de propiedades en la Patagonia de la que informamos la semana pasada todavía no empezó como causa penal y está en los preliminares. Antes de definir si requiere la instrucción del caso o desestima la denuncia, la fiscalía a cargo de Jorge Di Lello pidió certificar la existencia y estado de otros procesos penales en los tribunales federales de las provincias señaladas por los denunciantes, es decir Neuquén, Río Negro y Chubut. Ergo, habrá que esperar el papeleo para saber si se abre una investigación.

La fiscalía de Di Lello se topará con varias causas, seguramente, abiertas en los tribunales de la Patagonia por la problemática planteada en la denuncia de Carlos Traboulsi y María Alejandra Muchart, del Partido Demócrata Cristiano. Entre ellas, por ejemplo, la que terminó en la muerte del artesano Santiago Maldonado, por ejemplo. Ellos pidieron que se investigue el asunto como una asociación ilícita, por los diversos delitos que, según ellos, se cometen ante cada reclamo de ocupación de «tierras ancestrales» que les son señaladas a los manifestantes mapuche por los espíritus de sus antepasados.

Traboulsi y Muchart denunciaron a la «nación mapuche» porque quienes manifestan y se expresan a través de los medios dicen no reconocer a la «nación Argentina». Creen que tienen conexiones con el grupo identificado como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) del lado chileno de la cordillera de los Andes y que incluso son apañados por el Gobierno a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Pero no identifican a los presuntos delincuentes. Sólo por los nombres de sus clanes familiares o «lof» que intervinieron en los últimos hechos que llegaron a los medios nacionales. Por eso la fiscalía quiere además identificar personas a las que eventualmente someter a un proceso penal.

Los denunciantes solo hablaron de siete grupos: Gallardo Calfú, de El Foyel, Río Negro; Lafken Wikul Mapu, de Villa Mascardi, Río Negro; Nahuel/Colhuan, de Villa Mascardi, Río Negro; Millalonco/Ranquehue, de San Carlos de Bariloche, Río Negro; Paillako Mew, Chubut; Peñi/Amgen, Chubut; y el Pu Lof de Cushamen, en Chubut, conocido por el caso Maldonado. Son los registrados en los últimos hechos que llegaron a los medios nacionales. Pero no pusieron nombres y apellidos en su denuncia.

Es usual ver algunos casos que llegan a la Corte Suprema nacional, pero su denominador común es la ineficacia de los tribunales provinciales, según denuncian las víctimas. La certificación solicitada por la fiscalía de Di Lello solo alcanza a las causas existentes en los tribunales federales y no locales, aclararon fuentes judiciales a Juez y Parte. Dos semanas atrás informamos aquí de la confirmación de la Corte al rechazo de la Justicia chubutense al habeas corpus planteado por el Pu Lof de Cushamen, que alegaba ser víctima de una persecución por parte de las autoridades.

En caso de requerir la apertura de una causa penal el fiscal Di Lello ésta estará a cargo del juzgado 8 de Marcelo Martínez de Giorgi. En la denuncia se habla de asociación ilícita pero se mencionan los delitos de «usurpación de tierras, robo de ganado, robos generales, lesiones y asesinatos, amedrentamiento a la comunidad de la zona, apología del delito, instigación al delito, amenazas, disparos de armas de fuego, incendios, cortes de rutas, destrucción de bosques y matanza de fauna, sabotajes, ocupaciones de edificios públicos, entre otros».