Es algo nuevo sobre algo viejo. Una obra pública contratada en 2013 por el Estado y aún inconclusa. El acueducto que tanto reclaman y necesitan los vecinos de Caleta Olivia que tanto lo sufren. Sí, en la Patagonia. Sí, a cargo de CPC, la firma de Cristóbal López, el que está en juicio por lo de la multimillonaria deuda de Oil Combustibles con la AFIP. Sí, desde Comodoro Rivadavia, «su» ciudad, hacia el sur. El asunto es que la contratación fue anulada por el gobierno de Mauricio Macri y se suspendió. Y el año pasado López fue procesado junto a su inseparable socio Fabián de Sousa por el luego fallecido juez Claudio Bonadio a partir de una denuncia de la Oficina Anticorrupción. El procesamiento está apelado y en revisión, pero en julio de este 2020 el nuevo gobierno de Alberto Fernández llegó un acuerdo para retomar la obra ya investigada y determinada en primera instancia por la Justicia como un acto de corrupción con un perjuicio a las cuentas públicas estimado en unos 100 millones de pesos.
Silvina Martínez es la denunciante. Se trata de la abogada que fue desplazada de la Inspección General de Justicia en 2012 tras el ocultamiento de los papeles de la firma The Old Fund, la del escándalo Ciccone por el que fue condenado el ex vicepresidente Amado Boudou. Martínez trascendió como asesora de la ex diputada Margarita Stolbizer con participación en varias denuncias investigadas en Comodoro Py y actualmente es columnista del programa televisivo de Luis Majul. Martínez presentó una denuncia nueva por el viejo mismo asunto pero también dejó copia de su presentación en el juzgado en el que había sido procesado López.
De acuerdo con la denunciante, el nuevo acuerdo firmado por el gerente general de CPC, al que no identifica, con el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (ENOSHA), de «reinicio de obra», implica un reconocimiento de unos 80 millones de pesos a favor de la firma de López por las obras inconclusas pero prevé una «redeterminación de precios» que puede multiplicar esa cifra varias veces. De acuerdo con la denuncia de Martínez «existe un deber judicial de evitar que no se repitan idénticas prácticas corruptas» como las determinadas en la vieja causa por la que ya están procesados López y De Sousa.
López negó las acusaciones y recordó que CPC está intervenida judicialmente. Fue durante una entrevista con el dueño de una importante emisora radial en su pago chico, Comodoro Rivadavia, donde pasa la cuarentena en su casa de la vecina localidad de Rada Tilly, que se puede reproducir aquí debajo. La charla dura como quince minutos y giró alrededor de una vieja cuita familiar de pueblo, con negocios de por medio, pero en ella también habló de este caso. Justo el mismo día que lo denunciaban en Comodoro Py.