Sí. La denunciante es la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Angela Ledesma. Y por el origen tiene relación con mensajes intimidatorios que habría recibido vía redes sociales, como podía colegirse de la vista de la carátula y confirmaron fuentes judiciales. Y como también era sospechable el incordio tendría relación con su intervención en la definición de los puestos en los tribunales orales a los que deberían volver los tres jueces desplazados por el presidente Alberto Fernández tras la negativa del Senado a prestar su acuerdo a los puestos hacia los que habían sido trasladados por el ex presidente Mauricio Macri.
Sí. De los ya famosos Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli hablamos. Los jueces que tanto espacio merecieron en juezyparte.com y en la prensa nacional durante las últimas semanas. Al parecer las amenazas e intimidaciones que habitual pero esporádicamente reciben los jueces de Casación, según dijo una de las fuentes, aumentaron exponencialmente con las últimas convocatorias a protestas y manifestaciones en defensa de estos tres magistrados. Castelli debía juzgar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la «causa de los cuadernos» y sus dos colegas habían intervenido en ese y otros procesos por presuntos casos de corrupción durante sus dos períodos de gobierno.
Ajena al debate jurídico del asunto, la Cámara Federal de Casación Penal intervino en sus casos como tribunal de superintendencia y en ese marco reordenó el organigrama de jueces de los tribunales orales a los que ellos debían regresar después de los decretos del presidente Alberto Fernández que dejaron sin efecto otros previos de su antecesor Mauricio Macri tras la negativa del Senado a prestar su acuerdo para las funciones que hasta la semana pasada cumplían.
Dos mensajes que circularon por Facebook
De acuerdo con las fuentes, la denuncia de la presidenta de la Casación Federal señala dos mensajes intimidatorios que circularon por Facebook. El asunto es investigado por el juez Sebastián Ramos con el objetivo de determinar desde dónde partieron o quién fue su emisor. El juez lo pasó al fiscal Ramiro González para la formulación del correspondiente requerimiento de instrucción. Es decir, para determinar si se abre una causa o se desestima la denuncia por inexistencia de delito.
Una fuente lo enmarcó en situaciones similares que habrían afectado a otros jueces del mismo tribunal, entre los que mencionó a Eduardo Riggi, Ana María Figueroa y Mariano Borinsky, incluido algún llamado anónimo de madrugada sin interlocutor que respondiera del otro lado. «Es para preservar la prueba. Bajó después de lo de (Carlos) Rosenkrantz», dijo esta misma fuente sobre la denuncia de la presidenta 2020 de la Casación Federal.
Rosenkrantz hizo saber el martes que como presidente de la Corte había convocado a un acuerdo extraordinario de ministros del máximo tribunal para el martes que viene para tratar el per saltum planteado por Bruglia y Bertuzzi para que se dicte una medida cautelar que los regrese a la estratégica Cámara Federal de Comodoro Py, una medida que a esta altura parece utópica. Este miércoles hubo una importante manifestación frente al Palacio de Justicia en defensa de los tres jueces desplazados de sus cargos.
Después de varias idas y vueltas entre la Corte y Casación los tres jueces objeto de noticia en los dos últimos meses ya tienen sus licencias concedidas por los presidentes de los tribunales orales a los que se vieron compelidos a regresar pese a los amparos judiciales que tienen planteados por esta situación. Fue a través del mecanismo de días compensatorios, como decía la Casación, y no de licencias extraordinarias, según se encargaron de resaltar en el máximo tribunal penal del país.
Tres licencias para ganar tiempo
La licencia de Bruglia fue concedida por diez días correspondientes a trabajo cumplido en períodos de feria por el presidente del TOCF1 de Comodoro Py, Guillermo Costabel. La de Bertuzzi fue rubricada por Roberto Lemos Arias, del TOCF1 de La Plata y por el mismo plazo que Bruglia, diez días hábiles. Y la de Castelli, por Nada Flores Vega, del TOCF3 de San Martín. Sí, aún con ese nombre curioso, Nada, la respuesta fue positiva y la licencia, otorgada. Hasta el 6 de octubre.
De esta manera los tres jueces podrán aguardar la eventual definición inmediata de su novela compartida fuera de sus funciones. Al menos durante un par de semanas. En todos los casos firmaron «bajo protesta» sus peticiones, para que el hecho no sea considerado como un consentimiento a un procedimiento que consideran ilegal y que tienen en discusión en los tribunales. El mismo argumento por el que no acudieron a la audiencia en el Senado y que el oficialismo utilizó para fundamentar sus desplazamientos.
La historia es conocida. Bruglia, Bertuzzi y Castelli alegan que no precisaban de un acuerdo del Senado por cuanto sus traslados habían sido dispuestos según la normativa vigente. Y que, en todo caso, sus traslados debieran haber sido revocados por un colega en el marco de un juicio contencioso administrativo. Por ello apuntan a la resolución 183 del Consejo de la Magistratura que inició todo el procedimiento en el inicio del invierno.