Ya se ha dicho. ¿Qué presidente, ministro, legislador o político que se precie no recibe y/o se merece una denuncia penal en Comodoro Py? Fue hace un par de semanas, a propósito de los dichos televisados del ex senador y presidente provisional de la Nación Eduardo Duhalde sobre un supuesto golpe de Estado en marcha que se ganó al menos tres denuncias que se acumularon y se investigarán a partir del planteo del ex candidato presidencial Juan José Gómez Centurión, señalado como uno de los supuestos golpistas.
Pues bien, ahora el turno le llegó a Alberto Fernández, como tantas veces sucedió a lo largo de los nueve meses que lleva a cargo de la Presidencia de la Nación. Este martes fue denunciado por la presunta comisión del delito de prevaricato a raíz de la firma del decreto a través del cual transfirió a la provincia de Buenos Aires fondos coparticipables que su antecesor, Mauricio Macri, había otorgado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El argumento es que Fernández citó en su decreto «vicios» de legalidad del anterior decreto de Macri, por lo que debió haberlo llevado a la Justicia para que allí se discutiera pues su aplicación ya había sido consentida con el tiempo y ya había generado «derechos subjetivos» en los porteños, de acuerdo con la ley de Procedimiento Administrativo.
Dime quien sale beneficiado y te diré…
Fernández esgrimió en su decisión que Macri había transferido a la Ciudad fondos más allá de las partidas presupuestarias previstas para cuestiones que tienen que ver con la seguridad federal invocada. Y que por ello las pasaba a la provincia gobernada por Axel Kicillof y justamente protagonista en esos días de una inusual protesta policial cuyo origen despertó todo tipo de especulación. En los hechos, la protesta ayudó a la transferencia de fondos. Dime quién sale beneficiado y te diré…
El denunciante de Fernández, el abogado José Lucas Magioncalda, de la Fundación Apolo, pidió que se investigue al presidente por la presunta violación del artículo 248 del Código Penal, que prevé una pena de un mes a dos años de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo para «el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere».
La denuncia quedó radicada por sorteo en el juzgado federal 11, que hasta principio de año y durante un cuarto de siglo ocupó Claudio Bonadio y que tras su fallecimiento subroga el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Aquí debajo se acompaña la denuncia, que ahora deberá ser ratificada y luego enviada al fiscal Franco Picardi -que subroga a su colega Paloma Ochoa- para el correspondiente requerimiento de instrucción o su desestimación. Se sabe, si el fiscal no acusa no hay delito.