Sin oposición ni Cristina en la votación, el oficialismo bochó a los tres jueces trasladados.
La crónica de lo que pasó este miércoles en el Senado ya estaba escrita. El oficialismo, con el empuje característico del kirchnerismo, aprobaría la virtual remoción de sus cargos de tres jueces que tuvieron o tienen que ver con la complicadísima situación judicial de la líder de ese espacio, vicepresidenta de la Nación y titular de la cámara Alta del Congreso, Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco fue novedad que la oposición objetara el mecanismo de sesión remota y se retirara del recinto, tanto física como virtualmente. Lo que pocos miran es una más que posible realidad a partir de otra casi certeza, la de que la Corte probablemente salga al rescate de los magistrados. Esto es la más que factible recusación de los magistrados en caso de seguir en sus cargos por parte de la ex presidenta. Y ahí quien aparece con todas las fichas es el juez que la debería juzgar por el caso de los cuadernos: Germán Castelli.
Nuevamente sin la principal oposición de Juntos por el Cambio ni en el recinto ni en las computadoras, como pasó hace dos semanas en comisión, el oficialismo cumplió sin sorpresas con el anunciado paso que en los hechos facilita -o embarra más, mejor dicho- el fanganoso camino judicial de la ex presidenta. Rechazó los pedidos de acuerdo del trío de jueces que habían sido trasladados de cargo durante el gobierno de Mauricio Macri a través de un cuestionado y polémico método. La sesión televisada volvió a poner luz sobre la influencia de los problemas judiciales de la líder de la coalición gobernante en la vida institucional del país y más ojos sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un eventual conflicto de poderes ya no sólo entre el Judicial y el Legislativo sino eventualmente también con el Ejecutivo.
Casi todos dan por hecho que el máximo tribunal, tarde o temprano, les dará la razón a los magistrados. Pero pocos advierten algo muy lógico, al menos en lo que se conoce por las declaraciones públicas de los involucrados. La posibilidad de que ellos sean recusados en el futuro por la ex presidenta en caso de triunfo judicial que los habilite a seguir en sus puestos. Germán Castelli, el menos nombrado de los tres jueces, fue el más verborrágico en sus presentaciones judiciales y mediáticas y, por ende, el más susceptible a un eventual planteo de apartamiento que seguramente él rechazará.
El juicio de los cuadernos aún no tiene fecha de inicio
El juicio oral por el caso de los cuadernos –coimas que presuntamente habrían pagado empresarios a allegados de la ex presidenta- todavía no tiene fecha de inicio. Y esa fecha aparece muy lejana cuando aún no se ha cumplido con el paso de la «instrucción suplementaria» para incorporar la prueba al juicio. El llamado a debate, cuando ello ocurra, implicará la imposibilidad de modificar el tribunal que interviene o volver a convocar con uno nuevo. Si Castelli es separado del cargo antes de ese paso quedará obviamente fuera del juicio. Por el contrario, la fijación de la fecha con él aún en funciones obligará a su participación en el mismo sí o sí o a formular un nuevo llamado a debate. En cualquier caso, la inédita situación dará tiempo a la defensa. Y, como se sabe, el paso del tiempo juega a favor de la prescripción.
La pelota pasó ahora en lo inmediato a manos del presidente Alberto Fernández, quien según algunas fuentes del bloque oficialista hoy firmaría el decreto que dejaría fuera de sus importantes cargos en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py a los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. Los dos primeros integran hasta hoy la sala I de la Cámara Federal penal porteña, el tribunal por donde pasan en apelación casi todos los casos judiciales de la política, especialmente los de corrupción. Y Castelli forma parte del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 (TOCF7), que en su agenda de juicios tiene el de los cuadernos, con Fernández de Kirchner como principal imputada.
No son solo los ojos de la política los que se posan sobre la Corte. Y no solo por este caso. Las sesiones remotas por la cuarentena sanitaria volvieron a estar en boca de legisladores opositores. Tras perder una votación que consideran ilegal y amenazan también judicializar como la de dos semanas atrás en Diputados, los senadores de Juntos por el Cambio se desconectaron del sistema en sus computadoras y los que estaban presentes se retiraron del recinto.
«La sesión de hoy es la agenda de la presidenta del cuerpo.»
MARTIN LOUSTEAU
El porteño Martín Lousteau fue el más simple para ponerle nombre al problema: «La sesión de hoy es la agenda de la presidenta del cuerpo», dijo en alusión al principal punto del temario: los jueces que intervienen o intervinieron en sus causas y que perderían sus cargos. La titular del Senado dialogaba con sus asesores y con el secretario parlamentario, el ex senador neuquino Marcelo Fuentes, hasta que se retiró antes de que empezara la discusión sobre los magistrados.
La Corte estuvo en boca también de los oficialistas que justificaron las sesiones remotas a partir de la «declaración de certeza» que la presidenta de la Cámara le había pedido a ella meses atrás sobre la legalidad del sistema de aprobación de leyes sin legisladores en sus bancas. La Corte evitó aquella vez ser el aval del Senado -que tiene la autoridad sobre su propio funcionamiento, una obviedad- pero hizo largas explicaciones que contentaron al bloque oficialista como si de una sentencia de fondo se tratara.
El que se fue a Sevilla…
El máximo tribunal, atomizado por las diferencias entre sus cinco miembros, parece ser el único refugio seguro de los jueces que ahora aguardarán la movida del Ejecutivo. Alberto Fernández probablemente firme un decreto que los obligue a retornar a los puestos que ocupaban antes de los «traslados» de la presidencia Macri. Bruglia y Bertuzzi no se irían de edificio ya que el TOCF4 en el que estaban antes tiene su sede cuatro pisos arriba de los despachos de la Cámara Federal. Pero Castelli debiera irse hasta el TOCF3 de San Martín. Y, como dice el viejo refrán, «el que se fue a Sevilla…«. Sí: perdió su silla. Es lo que menos les conviene a los jueces. Por eso la medida cautelar aún abierta a decisión de la Corte vía per saltum.
El problema es que uno de ellos, Castelli, ya dijo que deberán sacarlo de su puesto a «empujones». Y otro bromeó off the record con instalar un piquete en la entrada del edificio de Retiro munido solo de un banquito y su teléfono celular. «¿A quién le dejo la llave del despacho?», preguntó uno de ellos a Juez y Parte a sabiendas de la respuesta: la Corte. El otro problema es que un decreto presidencial que anule el de sus traslados sería ilegal, según ellos. Y en el Consejo de la Magistratura no querrían saber nada con un pasamanos que llegue hasta ellos. Por lo pronto, y por si hiciera falta, Castelli ya notificó a la Corte de su nueva realidad ante la decisión del Senado.
Queda así entonces la Corte, si es que no hay escandalosas escenas de desalojo de por medio como ocurrió años atrás con la jueza María José Sarmiento, que había fallado a favor de mantener a Martín Redrado en el Banco Central. El tribunal presidido por Carlos Rosenkrantz dijo «ni» el martes a un planteo último de Bruglia y Bertuzzi ante el avance del Senado y la convocatoria a una sesión especial para tratar sus casos. A propósito, pregunta: ¿Por qué el Senado no discutió en plenario la situación de los otros siete jueces a los que también se les pide un nuevo acuerdo parlamentario? Misterio. Dicen que aún no hay dictamen de comisión. Otra pregunta, obvia: ¿Entonces no son tan urgentes ni precarias sus funciones para resolver tan rápido como sí se hizo respecto de los otros tres? ¿Y los justiciables? ¿No somos todos iguales ante la ley?