Lo dispuso el juez Lavié Pico en el marco de un amparo planteado por la oposición.
El juez federal Enrique Lavié Pico dispuso tramitar la acción de amparo iniciada por legisladores de la oposición contra la última sesión de la Cámara de Diputados y pedir el informe previsto por ley para que responda el demandado, en este caso personificado en el presidente de la cámara Baja, Sergio Massa. Sin embargo, para que esto último se efectivice, los demandantes deberán acompañar la «constancia certificada ante escribano público» de su presencia en el recinto ese día, documento aún pendiente de entrega a la Justicia.
Los diputados del Interbloque de Juntos por el Cambio (JxC), representados por los titulares de cada uno de los grupos que lo integran, acudieron esta semana a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para que se declare la nulidad de la sesión remota llevada a cabo el 1 de setiembre y concluida a las 6 de la mañana del día siguiente. En ella, que funcionó de manera virtual pese a la presencia y oposición de los legisladores de Juntos por el Cambio en el recinto, se aprobó una ley para reactivar el turismo en medio de la cuarentena por la pandemia y se le dio media sanción a otra relacionada con las multas por infracciones a la pesca en el litoral marítimo.
Los legisladores de la oposición reseñaron al juez lo que ya habían denunciado públicamente tanto en el recinto de sesiones como a través de los medios de prensa. Que fueron convocados a una sesión que «suponían» presencial -el verbo y encomillado corresponden a Juez y Parte– ya que había vencido la vigencia del protocolo que se había establecido por la pandemia y prorrogado por una vez. El protocolo especial había caducado el 7 de agosto y el 28 de ese mes fueron convocados a la sesión del 1 de setiembre.
«La Presidencia de la Cámara nos consideró ausentes a las diputadas y diputados que estuvimos en el recinto sentadas/os en nuestras bancas, haciendo uso de la palabra durante más de seis horas, una apreciación carente de toda congruencia y sentido lógico a la que bien podría calificarse como absurda.»
Textual de la demanda
En su acción de amparo, a la que Juez y Parte tuvo acceso y que se acompaña al pie de este texto, los opositores añaden que antes de la sesión fueron citados a una reunión de la comisión de Labor Parlamentaria pero que «luego de varias horas de deliberación, las partes no pudieron alcanzar el acuerdo por consenso que demanda el punto C» del Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto establecido excepcionalmente para las sesiones en cuarentena por sobre el reglamento del funcionamiento de la cámara.
El resto es conocido: el oficialismo dio por aprobada la prórroga del protocolo por los votos de los representantes de otros bloques, pese la oposición expresa de JxC, y sesionó de manera remota aun cuando en el recinto se encontraban los 90 legisladores opositores que por el sistema especial electrónico de la cámara figuraban como ausentes al no estar conectados como sí lo estaban los oficialistas. La oposición adelantó su intención de judicializar el asunto y esta semana lo llevó a los tribunales.
Fue el mismo día que esa mañana en este sitio se informaba de la denuncia penal que uno de los diputados de JxC, Waldo Wolff, presentaba en Comodoro Py para que se investigara si él mismo es el responsable de los cientos de llamados anónimos que dijo haber recibido Massa con insultos, agresiones y amenazas por la presunta difusión del número de su teléfono celular, lo que obviamente el opositor negó pese a las acusaciones del diputado bonaerense Jorge D’Onofrio.
La demanda de Juntos por el Cambio
«Se ha tratado de la vulneración de nuestros derechos como diputados nacionales y del pueblo que legítimamente representamos, en uno de los episodios de mayor gravedad institucional que registra nuestra historia y que ha herido la democracia argentina», dicen los legisladores en el escrito de inicio de su demanda, firmado por Mario Negri, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, Mariana Stilman, Alberto Menna y Pablo Tonelli. La presentación judicial lleva el patrocinio de los abogados constitucionalistas Juan Vicente Sola y Antonio María Hernández.
«Se lesionó lo que probablemente constituya la más elemental de las atribuciones, derechos y obligaciones conferidas por la Constitución Nacional a un legislador: la de ejercer su mandato de representación popular en plenitud, sin ningún tipo de estorbo o impedimento, todo lo cual supone ser tenido por presente cuando está participando de una sesión, para de este modo poder efectuar mociones y, especialmente, votar», añadieron los diputados.
Más allá de diversas irregularidades señaladas en el texto de la demanda -como por ejemplo el inicio de la sesión sin que estuviera firmado todavía el despacho de la comisión de Labor-, el juicio versará seguramente en su contenido de fondo sobre el significado de una sola palabra: consenso. La definición del diccionario de la Real Academia Española (ra.es) no ayuda mucho porque parece darles la razón a los demandantes pero también les abre un resquicio a los demandados: «Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos».