El tribunal no rechazó el per saltum de Bruglia y Bertuzzi pero habilitó sus corrimientos.
Con una escueta respuesta de cuatro líneas al planteo conjunto de ambos magistrados, la Corte Suprema de Justicia dijo este martes «ni» y de esa manera habilitó en los hechos la negativa que el oficialismo en el Senado aprobará mañana respecto de la continuidad de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia en la estratégica Cámara Federal penal porteña, un tribunal al que habían sido trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri y por el que pasan todas las causas corrupción de Comodoro Py.
La decisión del máximo tribunal, con una redacción en la que no queda explícito rechazo alguno al per saltum solicitado por los jueces, implica consumar los hechos de la decisión de la cámara Alta presidida por Cristina Fernández de Kirchner de correrlos del cargo. Lo mismo sucederá con Germán Castelli, miembro de un tribunal oral que litiga en otro expediente y que tiene a su cargo el juzgamiento del caso de «los cuadernos», en el que está la ex presidenta como principal imputada. Pero para que ello efectivamente ocurra el presidente Alberto Fernández debe firmar antes los decretos respectivos que efectivamente dispongan sus regresos a los tribunales que integraban antes de ser trasladados de cargo.
Como la Corte no dijo que rechaza el per saltum (salto de instancia), la posibilidad de su intervención queda latente tras lo que decida el Senado y sin que ello implique aguardar el arribo del caso a su estudio a través de las vías normales de apelaciones. Bruglia y Bertuzzi iniciaron una acción de amparo con un pedido de medida cautelar que evitara sus desplazamientos. La cautelar fue rechazada por la jueza María Alejandra Biotti en una decisión confirmada por la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo Federal. Pero ello fue apelado para que intervenga la Corte, en paralelo al per saltum. Más allá de lo de este martes ello aún no tuvo una respuesta.
Ni siquiera hay aún palabra final sobre la medida cautelar
Mientras tanto queda por aguardar lo que se resuelva en el fondo del asunto ya que hasta ahora todo se trata de una medida cautelar. La jueza Biotti ya rechazó el amparo pero ahora queda la palabra de la Cámara de Apelaciones, probablemente para dentro de dos semanas. Lo que «ni» dispuso este martes la Corte tiene su significancia porque una cosa es pelear el asunto con los jueces aún dentro de sus cargos y otra muy distinta con ellos fuera de los mismos.
Lo más probable es que a la larga la Justicia les dé la razón, según evaluaron fuentes judiciales, lo cual abre un interrogante sobre lo que ocurrirá entre medio y de qué manera se ocupan las vacantes provisorias que ellos dejarán en un tribunal de vital importancia para el poder político. Los jueces habían pedido anoche la «inmediata intervención» de la Corte ante la convocatoria a sesión especial rubricada el lunes por Cristina Fernández de Kirchner.
Dése como se dé el caso, el pleito -ya fue señalado por Juez y Parte– se encamina a un conflicto de poderes porque lo más probables es que, tarde o temprano, el máximo tribunal les dé la razón a los magistrados que acudieron a la Justicia para intentar remediar lo que consideran algo ilegal. De hecho, el conflicto ya se planteó cuando el Senado ignoró la medida pecautelar dictada por la jueza Biotti al inicio del caso.
Antes de conocerse la respuesta de la Corte a sus otros dos colegas, el juez Castelli había dicho en una entrevista matinal con el canal TN: «Si me quieren sacar, que me saquen a empujones delante de la gente». Castelli hizo recordar a más de uno la situación del fiscal José Campagnoli, enviado a juicio político por la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó tras investigar la llamada «ruta del dinero K». El juicio quedó inconcluso y Campagnoli recuperó su cargo. Castelli ya había explicado su situación dos semanas atrás en un audio difundido en la emisión radial de Juez y Parte.
Los jueces dicen que el Gobierno en todo caso debiera haber promovido la ilegalidad de sus traslados a través de una decisión de la Justicia y no por una resolución del Consejo de la Magistratura, donde se inició materialmente todo esto aunque con un probable plan pensado previamente, casi seguro en el tiempo que transcurrió entre el triunfo del binomio Fernández-Fernández en las elecciones del año pasado hasta el recambio de poder del 10 de diciembre.
Por eso es que Juez y Parte se preguntó y se pregunta si esta no era la verdadera y única y más asequible reforma judicial a la que aspiraban de manera conjunta el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Fernández en lugar del imbricado y manoseado proyecto ya aprobado por el Senado y con final incierto no sólo en Diputados sino en lo que implicaría su eventual materialización en caso de convertirse en ley.