¿El juego del Gran Bonete o el toro por las astas?

El ultimátum de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura y los pasos que vienen.

El ultimátum de la Corte en el reciente fallo sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación parece haber surtido efecto. De la Corte al Consejo y de allí a los otros dos poderes del Estado: la Casa Rosada y el Congreso. La institución a la que la Corte ordenó volver a su composición estamentaria original envió este miércoles sendos oficios a los presidentes de la Nación, la Cámara de Senadores y la de Diputados para apurar una nueva ley sobre el organismo nacido de la reforma constitucional de 1994. Pero a la vez advirtió sobre una eventual paralización de sus funciones dentro de tres meses y medio. Un descalabro institucional. ¿Los destinatarios de la misiva? Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, la tríada del poder emergente en las últimas elecciones presidenciales de 2019.

Y allí se utilizó la palabra que generó alarma: la paralización del Consejo de la Magistratura, es decir del Poder Judicial, si el «poder político» no sanciona una nueva ley antes del 16 de abril del 2022 o, al menos, no vuelve a esa fecha a la vieja integración de veinte miembros en lugar de sus trece actuales. Bajo pena de nulificar todas las decisiones posteriores a esa fecha si es que no hay cambios. Desconocemos si hubo algún tipo de consenso generalizado interpoderes o interpartidos para todo esto. Y si lo hubo, aunque sea de algunos de los actores involucrados, esperemos que no sea solo para el diagnóstico sino que también lo haya para la solución. Si no, «la parálisis» de una de las tres patas del Estado puede llegar a ser una prueba más de la ignominiosa realidad institucional argentina.

Vaya si sería una ignominia (una «afrenta pública», según el diccionario de la Real Academia Española) si durante un semestre no se aprobaran ternas de candidatos a jueces para cubrir vacantes, o dejasen de pagarse los sueldos del Poder Judicial -como arguyen los más enojados con la Corte-, o no se investigara a los malos jueces, o no se reparara el equipo de electricidad que explotó recientemente en un edificio donde funcionan juzgados laborales, por ejemplo, entre las cientos o miles de tareas de la institución administradora del Poder Judicial. «Nada nuevo», dirán los magistrados, acostumbrados a solucionar con sus generosos bolsillos disfuncionalidades de los tribunales a su cargo como la falta de papel o de toner. Claro que en este caso el problema sería un tanto mayor, por cierto.

El presidente del Consejo, el académico Diego Molea, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, envió este miércoles los oficios -notas, comunicaciones, avisos- al Poder Ejecutivo y Legislativo acordados y aprobados unánimemente el lunes en la última reunión plenaria de miembros del cuerpo. Allí se expresa «la necesidad» de una nueva ley del Consejo de la Magistratura y que ello sea abordado y eventualmente aprobado por los legisladores durante el período de sesiones extraordinarias de este verano. Sería la solución más lógica, según admiten en todos los sectores relacionados al asunto. Pero, se sabe, la lógica es un bien escaso en la política argentina.

«Ello así, dado el exiguo lapso que resta hasta la expiración del plazo de 120 días dispuesto por la referida resolución judicial para procurar la integración completa de este Cuerpo en los términos de la ley 24.937, y la posibilidad que, vencido ese término sin lograrse la composición plena, pueda generarse una paralización de las actividades de este Consejo de la Magistratura de la Nación», dice el texto enviado por Molea a Fernández, al que Juez y Parte tuvo acceso.

En similares términos fueron los oficios dirigidos al Senado y Diputados. «Entendemos que el tratamiento de la normativa que deberá dictarse en función del fallo del alto Tribunal amerita su consideración en el marco de las sesiones extraordinarias», dice el párrafo común distinto respecto del que llegará a la Casa Rosada. O sea, al Ejecutivo se le pide incluir esto en el temario de sesiones extraordinarias que remite al Congreso. Y a éste se le solicita que aborde el tema antes del 1 de marzo. Parece la salida más lógica: una nueva ley antes de la parálisis. El ultimátum de la Corte habrá surtido efecto.

La noticia es conocida: la Corte declaró inconstitucional la ley que rige el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, sancionada en 2006 por impulso de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, y dijo que estará vigente hasta mediados de abril. A partir de allí o hay una nueva ley o son nulos todos los actos que emita el Consejo bajo el amparo de la norma aún vigente aunque declarada como contraria a la Constitución si es que el organismo no vuelve a su vieja composición mientras tanto.

A sabiendas del fallo que se vendría de la Corte, anticipado por la colega Paz Rodríguez Niell dos semanas antes en el diario La Nación, el Poder Ejecutivo envió un proyecto al Congreso, casi en simultáneo con la poca amistosa primera visita a los cuatro miembros del máximo tribunal del ministro de Justicia, Martín Soria, identificado con el ala kirchnerista de la coalición peronista de gobierno. Se trata de una iniciativa muy parecida a la descartada por el gobierno de Mauricio Macri e impulsada y trabajada por el ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Jorge Rizzo.

El fondo también se sabe: la integración del cuerpo, su número de miembros y el «equilibrio» entre los estamentos técnicos y políticos del que habla la llamada ley de leyes desde la reforma constitucional de 1994. Antes eran 20, con presidencia del titular de la Corte, y desde 2006, 13, con predominio del poder «político» y sin la Corte en su seno. En la última edición radial de Juez y Parte, antes del último plenario, hablamos con el representante de los abogados porteños en el organismo, Diego Marías, quien en cierto modo anticipó lo que luego ocurriría y aquí contamos.

El Consejo, que trabajará durante la feria judicial de enero únicamente en este tema, emitirá un reglamento ad hoc para las elecciones entre los jueces, abogados y académicos que a partir del 16 de abril deberán incorporar a cuatro nuevos miembros al organismo sólo hasta el recambio habitual de diciembre previsto cada cuatro años. Lo propio deberá hacer el Congreso con un diputado y un senador por la oposición faltantes según la vieja ley. Está difícil llegar en término con los plazos comunes pero se podría hacer para esta ocasión excepcional, según estimaron diversas fuentes del propio Consejo. «Difícil por no decir imposible», sostuvo en su nota al organismo el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Rodolfo Tecchi, de la Universidad Nacional de Jujuy. Difícil creer que 57 rectores no puedan armar un zoom público para votar, sobre todo en tiempos de pandemia en los que se tomaron exámenes de manera remota y se firmaron actas por la misma vía. El séptimo miembro faltante para completar los veinte requeridos por la Corte sería hoy por hoy Horacio Rosatti, presidente de la Corte.

Pero hay otro plazo, ya vencido aunque sin ultimátum, que quizás pueda llegar a ser la otra cara de la misma moneda y del que nadie habla. El Presidente de la Nación aún no propuso a un candidato a la Corte para reemplazar a la renunciante Elena Highton, quizás el miembro del tribunal con el que más confianza tenía. El se la había propuesto a Néstor Kirchner quince años atrás cuando era jefe de Gabinete en la misma Casa Rosada. O sea, otra bomba de tiempo en el Poder Judicial. Lo mismo que el reemplazo de Alejandra Gils Carbó en el cargo de procurador general de la Nación, pendiente hace cuatro años de aprobación en el Senado. ¿Será todo parte del mismo ajedrez para el inicio del nuevo año?

Difícilmente la Corte tenga a su quinto miembro ahora ausente cuando se cumpla el plazo para volver a la antigua integración del Consejo de la Magistratura, es decir a mitad de abril. Así, la eventual parálisis del Poder Judicial bien podría ser interpretada por algunos como una culpa de la propia Corte por su propio fallo, demorado inexplicablemente. El Presidente tiene en sus manos desde hace un año las conclusiones de un equipo de expertos (la llamada Comisión Beraldi) que le propuso reformas al Consejo y a la Corte. Y una de las posibilidades es ampliarla a esta última en su número de integrantes. Toma y daca. O tit for tat, en su original versión en inglés. ¿Tal para cual, ojo por ojo o ajuste de cuentas? ¿Tan perverso y antiguo es el juego de poder?