Razones o sospechas de la inesperada salida de la magistrada del máximo tribunal.
La Justicia no es Comodoro Py», me dijo la semana pasada en FM Radio Cultura la jueza Aída Tarditti, miembro hace más de un cuarto de siglo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Está en el audio posteado en el blog. Sus palabras eran casi didácticas pero su tono parecía de enojo. La habíamos llamado para entrevistarla en la última emisión radial de Juez y Parte por su rol de presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces a propósito de la renuncia de Elena Highton y la cobertura de la próxima vacante que se generará a raíz de ello en la Corte Suprema nacional. Pero los hechos parecen contradecir a Tarditti. O no, según como se mire. ¿Dependerá del lado de la balanza de la famosa señora de ojos vendados?
Así como dos semanas atrás nos preguntamos si una denuncia planteada en esos días en Comodoro Py tenía relación con la inminente elección de autoridades en la Corte nacional ahora nos planteamos algo parecido con la renuncia de la única mujer que tenía como juez el máximo tribunal del país. La denuncia mencionada había sido presentada contra el director de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), Aldo Tonón, y automáticamente los ojos se posaron sobre Juan Carlos Maqueda, uno de los cinco jueces de la Corte, en medio del conteo de votos para ver quién quedaba como presidente del tribunal por los tres próximos años. Se supone que la OSPJN era un área bajo supervisión de Maqueda. Ahora ya no.
Finalmente fue electo Horacio Rosatti con la mayoría justa, mínima y necesaria. Y con cuestionamientos diversos hechos públicos luego, entre ellos el del supuesto candidato derrotado, Ricardo Lorenzetti. Fue por el autovoto del binomio triunfador (Rosatti-Carlos Rosenkrantz) al que adhirió Maqueda. Ni Lorenzetti ni Highton participaron de la votación pero sí hablaron después de ella directa o indirectamente. Uno a través de los medios, su fuerte. La otra, con su renuncia, su refugio.
La denuncia que nos interesa ahora había sido hecha en junio en el mismo inefable fuero federal penal porteño contra la propia Highton y fue informada oportunamente por Juez y Parte al advertirse su sorteo en Comodoro Py. Apunta al «talón de Aquiles» de Highton. Esto es, haber logrado su permanencia en el máximo tribunal cuando superó los 75 años de edad, el límite establecido por la reforma constitucional de 1994 para la continuidad de un juez ciertamente longevo en un cargo originalmente vitalicio y su necesario refrendo parlamentario establecido en la reforma constitucional de 1994. La causa está en manos del juez federal Ariel Lijo y tiene el impulso del fiscal Carlos Stornelli, el mismo que se encuentra procesado en el juzgado federal de Dolores por presunto espionaje y armado de causas pero que aún sigue en su cargo bajo las críticas del oficialismo hacia él y su jefe superior máximo, el procurador general interino Eduardo Casal.
Se sabe, Highton siguió de juez por un fallo judicial no apelado en 2017 por el gobierno de Mauricio Macri, también imputado estos días en el mismo juzgado federal de Dolores por otro asunto de presunto espionaje, en este caso a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. Por ello también fueron denunciados junto con ella -por esa no apelación al fallo que habilitó su permanencia- el propio Macri, su ex ministro de Justicia Germán Garavano y, en una ampliación posterior, el ex asesor presidencial Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, también en problemas judiciales actuales por otras cuestiones políticas.
Pero la investigación de Lijo también alcanza a otro miembro de la Corte, Carlos Rosenkrantz, que ahora pasó de la presidencia a la vicepresidencia del máximo tribunal. La denuncia planteada por dos ignotos abogados en Comodoro Py lo acusa de haber frenado como presidente del máximo tribunal la salida de un fallo en un caso similar contrario a los intereses de Highton, a la espera del vencimiento del plazo para que el pronunciamiento a favor de ella quedara firme en su propia causa, como finalmente ocurrió. Se trata del amparo del fallecido camarista federal platense Leopoldo Schiffrin.
Uno de los dos abogados denunciantes de Highton, Federico Méndez, presidente de la también desconocida Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, dijo en Radio Nacional que le pidió al presidente de la Nación, Alberto Fernández, rechazar la renuncia de Highton justamente en virtud de la denuncia penal que tienen planteada contra ella. Aquí está la noticia y el link a la entrevista. Lo que llamó mi atención fue la extemporaneidad de la denuncia, hecha cuatro años después de ocurridos los hechos de dominio público.
Y la curiosidad ahora es que Méndez afirmó en este reportaje que la causa iniciada por su denuncia es uno de los motivos que llevaron a la dimisión de la magistrada. ¿Cómo lo sabe? De acuerdo con el denunciante, el jefe de bloque de senadores de la entonces oposición justicialista, Miguel Pichetto, habría recibido la promesa del presidente Mauricio Macri de que la vacante que se produciría por la salida forzada de Highton en 2017 sería cubierta a partir de alguien que propusiera el peronismo. Pero -también se sabe- Highton siguió en su cargo por decisión del gobierno de Macri y sin necesidad de refrendar su acuerdo en el Senado por aquel amparo judicial concedido por el juez federal Enrique Lavié Pico y al que ahora ella misma decidió renunciar.
La veterana magistrada puso 1 de noviembre como fecha de su salida del máximo tribunal. El Presidente de la Nación tendrá treinta días a contar desde la fecha de aceptación de la renuncia para iniciar el proceso del famoso decreto 222 que él mismo firmó con Néstor Kirchner en 2003 para mejorar el proceso de selección de candidatos al máximo tribunal y cuando kirchnerismo y Corte eran otras cosas. En caso de aceptarla el mismo día su plazo vencerá dos semanas después de las elecciones generales del 14 de noviembre, de pronóstico exitoso difícil para el Gobierno tras la abultada derrota en las primarias de setiembre.
Pensar que él mismo se la había propuesto a Kirchner para el cargo… Clarín, con su habitual simplificación, tituló al día siguiente en tapa: «Con la salida de Highton, el Gobierno pierde su único voto en la Corte». «¿De quiénes son los cuatro votos restantes?», se preguntó esa mañana el Presidente en un envío retuiteado hasta por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La denuncia por la obra social judicial, mientras tanto, ya está desde la semana pasada en la órbita de su hasta ahora frustrado pero aún latente candidato a la Procuración General de la Nación, Daniel Rafecas. Este magistrado resultó sorteado en Comodoro Py tras varias defecciones de colegas para hacerse cargo del juzgado 6 donde se encuentra la causa. Este tribunal está vacante tras la renuncia el año pasado de Rodolfo Canicoba Corral por haber llegado a los 75 años de edad y era subrogado desde entonces por su colega María Eugenia Capuchetti.
Apenas conocida la renuncia de Highton se especuló con la posibilidad de un acuerdo oficialismo-oposición para matar dos pájaros de un tiro: la aprobación de Rafecas impulsada por Fernández y resistida hasta ahora por el kirchnerismo y el reemplazo de Highton. De ello y otras cuestiones hablamos también la semana pasada en la emisión radial de Juez y Parte por FM Radio Cultura con el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Marcelo Gallo Tagle.
Más allá de la pieza que mueva el presidente Alberto Fernández, fuere ello antes o después de las elecciones generales del 14 de noviembre, la renuncia de Highton deja dos obviedades y tres posibilidades que parecieran concurrentes descriptas en un tuit del ex presidente del Colegio Público de Abogados porteños Jorge Rizzo.
Las obviedades son que la Corte no sólo quedará sin una mujer juez sino también sin un juez de carrera. Respecto del tuit que se acompaña debajo, tres preguntas: ¿Será el carpetazo la causa penal contra ella? ¿Será el de la apretada un camarista no Comodoro Py conocido por ella, Lorenzetti y Lijo? ¿Será por todo esto el hartazgo moral que adujeron sus allegados?
Los cuatro hombres que quedarán a partir del 1 de noviembre en el máximo tribunal del país provienen de la política o del ejercicio de la profesión de abogados pero sin paso previo por las instancias inferiores del escalafón judicial. ¿Será este el escenario o la circunstancia que dé pie para intentar ampliar el número de miembros de la Corte, dividarla en salas y designar allí al menos cinco nuevos magistrados para volver a nueve como en la época de Carlos Menem presidente y de paso cumplir con la paridad de género?
A veces uno peca de obsesivo. Suponemos que por el principal mandato de un periodista, contrario al de un juez por aquello del beneficio de la duda. No sé si será este el caso pero me llamaron la atención el silencio de algunas fuentes consultadas para esta historia y la sucesión de hechos relacionados con la Justicia tras la inesperada derrota electoral de la coalición peronista gobernante en las primarias de setiembre. Más teniendo en cuenta el inventario de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en materia judicial y su futuro.
No hablo sólo de lo que ocurrió estos días alrededor de la Corte sino también de la absolución adelantada de la vicepresidenta en la causa del Memorandum con Irán por el atentado contra la AMIA, la casi simultánea citación a indagatoria a Macri por el ARA San Juan y si se quiere hasta de la denuncia en la TV de Miami de la cubana Mavys Alvarez por presuntos abusos del difunto Diego Maradona cuando residió en ese país caribeño y su rebote en ciertos medios nacionales. Podría afinar la memoria pero con esto alcanza para mi licuadora. Ja. Es que el denunciante de Tonón, el de la obra social de los judiciales, y el abogado que dice representar a la denunciante de Maradona tienen el mismo apellido. Je. Ojo. Así como soy de obsesivo también creo en las casualidades.