Fernando Muriel es el vicepresidente del Organo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Y Miguel Haslop es el abogado elegido por los trabajadores de la empresa aérea Flybondi para formular la denuncia. El juzgado 8 de la carátula es el que está a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y los delitos allí están identificados. ¿El motivo? La negativa del Gobierno a autorizar el uso del aeropuerto de El Palomar al levantarse parcialmente las restricciones sanitarias al transporte aerocomercial.
El denunciante sostiene que existía una medida cautelar a favor de su postura dictada por la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que impedía al ORSNA tomar cualquier medida que afectara a Flybondi en torno al aeropuerto de El Palomar. Sin embargo, Muriel emitió una nota administrativa por un pedido de informes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) una semana atrás en la que se dispuso que por el «corredor sanitario seguro» para afrontar la pandemia del Covid-19 en la zona metropolitana de Buenos Aires y Gran Buenos Aires sólo podrían retomarse vuelos desde el aeropuerto de Ezeiza.
Por ello, según el denunciante, Muriel no sólo desobedeció la orden judicial sino que también incurrió en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. «El acto administrativo firmado por el denunciado en un expediente en el que no participara Flybondi, constituye un artificio para perfilar al Aeropuerto Ezeiza como única estación aeroportuaria dentro del ámbito de AMBA y para desplazar, correlativamente, a la estación El Palomar, lo que constituye un principio de limitación de la actividad aerocomercial que Flybondi opera en esta última, que es precisamente lo que ORSNA, a mérito de la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo Federal ya citada, debía abstenerse de realizar», señaló el abogado Haslop
El denunciante recordó que «hace unos meses», el ORSNA «anunció su decisión de revisar la habilitación del EPA», por la sigla de El Palomar, y aseguró que «este anuncio provocó una enorme conmoción entre los trabajadores de Flybondi, pues veían peligrar su fuente de sustento». En ese aeropuerto trabajaban hasta la cuarentena unas 3 mil personas, el 80% de las cuales vive en las zonas aledañas como Hurlingham, Morón y Tres de Febrero. Y la denuncia añade que por su estructura de negocio lowcost a Flybondi le sería imposible operar en Ezeiza.