Decenas de veces mencionó la ex presidenta y electa vicepresidenta Cristina Fernández esta mañana en los tribunales de la Avenida Comodoro Py la palabra que ella quería replicar por televisión pero que nadie entiende de qué se trata, ni el traductor del medio más hegemónico como los que ella critica y al que acudimos hoy casi todos casi todos los días, Google.
Lawfare. Guerra jurídica, según el lunfardo moderno del círculo rojo que se quiso explicar a mayorías por TV que al final no pudieron ver el acto, salvo alguna transmisión pirata. «Ley», a secas, según el traductor de Google. «El uso de la ley por parte de un país contra sus enemigos, especialmente desafiando la legalidad de las políticas militaristas o exteriores», según el británico diccionario Collins y que parece la más original definición por imposiciones imperiales de naciones sobre otras.
De acuerdo con el abogado y ex canciller del kirchnerismo Rafael Bielsa, lawfare vendría a ser «la difamación contra los luchadores del campo nacional y popular por parte de los intereses concentrados, a través de su prensa hegemónica y de los jueces ocasionalmente funcionales», según dijo recientemente al presentar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) su libro «Lawfare, guerra judicial-mediática, desde el primer centenario hasta Cristina Fernández de Kirchner».
Esta última parece ser la versión que más acomoda a la que expuso Cristina en la sala de audiencias más grande de Comodoro Py 2002, durante tres horas y media en las que pidió tres botellas de agua mineral chicas que sus asistentes habían llevado y se quejó por los martillazos y ruidos de una obra exterior del edificio a poco de haber iniciado su declaración.
«Si no, voy a tener que hablar más fuerte», se atajó la próxima vicepresidenta, a la que lograron que le pararan los martillazos y que terminó tres horas después su declaración casi a los gritos, su negativa a responder preguntas y un desafío a los jueces que deberán decidir si es culpable o inocente. «¿Preguntas? Preguntas son las que tienen que contestar ustedes», les dijo a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso cuando dio por concluida su exposición.
La declaración indagatoria de la ex presidenta, la primera que debió dar ante un tribunal oral pero ya en rol de electa vicepresidenta y no como candidata, fue como se esperaba: eminentemente política, ya que ella considera que es víctima de una maniobra política por la que acusó al gobierno de Mauricio Macri, «la prensa hegemónica» y la Justicia.
Difícilmente se gane la simpatía de los jueces que definirán su suerte con la manera en la que se dirigió a ellos, sobre todo al final de la audiencia, cuando rehízo sus pasos para no contestar si respondería preguntas de las partes y decir que los magistrados deben ser quienes tienen que dar ellas por su situación judicial. Lo peor es que el presidente del tribunal en esta audiencia, Giménez Uriburu, fue apenas tres días antes el único de los tres magistrados que había votado a favor de su pedido de televisación en directo, como ella quería.
«La historia ya me absolvió», dijo a lo largo de su alocución la ex mandataria, desconociendo la autoridad del tribunal que la juzga y supeditándola a los votos que ella se atribuye haber ganado para llevar a Alberto Fernández a la Presidencia de la Nación, una situación probable pero inmedible en cuanto a conocer cuál fue la voluntad del votante de las últimas elecciones. Cristina mezcló otras causas y jueces -cuadernos y Claudio Bonadio, básicamente- cuando había sido citada para declarar solamente por la que tiene en juicio: el otorgamiento de obra pública vial al presunto testaferro de su fallecido marido, Néstor Kirchner. Ella negó ser amiga de Lázaro Báez, el detenido y devenido empresario de la construcción apenas Kirchner fue electo presidente.
El discurso de Cristina -eso pareció a los ojos de este cronista, un discurso político, como los actos que solía realizar como dos veces presidenta de la Nación y tras su partida de la Casa Rosada- incluyó respuestas a la acusación de los fiscales que la investigaron, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, aunque en la parte técnica remitió a lo que dijo en su indagatoria el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, otro de los acusados en este juicio.
La conocida retórica de la próxima vicepresidenta pareció planeada para una audiencia que quería a último momento fuera televisada pero no lo fue. Su abogado defensor, Alberto Beraldi, fracasó en su recurso de «reposición» para que el tribunal revirtiera su decisión de no permitir la televisación en directo de la declaración. Gorini y Basso habían dicho el viernes, al rechazar su petición, que antes del juicio se habia establecido qué partes del mismo serían televisadas y cuáles no. Y Beraldi no había objetado en su momento esa decisión, esgrimieron los jueces, quienes también recordaron que los otros doce acusados pasaron por la indagatoria sin televisación masiva.
Sin embargo, tal como se sospechaba, los dichos de la futura vicepresidenta fueron retransmitidos por teléfonos celulares de periodistas y hasta abogados que los subieron a las redes e incluso tomaron un par de canales de televisión en directo. El tono y el contenido de la declaración, lógicos en alguien que se encuentra en su situación, parecieron pensados para una mayor audiencia en directo y «ao vivo». ¿Defensa técnica, defensa política o acting?
El objetivo político jurídico, casi mencionado de soslayo por la involucrada en su declaración, fue expuesto rápidamente por su abogado a la salida de la sala de audiencias tras la conclusión del acto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene pendientes de resolución recursos que hasta podrían voltear la causa. El principal de ellos es el asunto de «cosa juzgada».
La ex presidenta sostiene que su caso ya fue juzgado y archivado por la Justicia de Santa Cruz porque el propio juez que la procesaría años después, Julián Ercolini, impulsado al cargo por Alberto Fernández hace una década y media, se declaró incompetente para intervenir en una denuncia que hizo la diputada electa santacruceña Mariana Zuvic en 2013, tras la emisión por TV de los videos de un hijo y allegados al empresario Lázaro Báez contando millones de dólares.
Lucio Fernández Moores
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