Jueces, traslados y Corte: el otro per saltum

El juez Germán Castelli se sumó a Bruglia y Bertuzzi para seguir en su cargo.

Fotomontaje: Neus van der Javo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió este lunes un segundo planteo de per saltum o salto de instancia para que intervenga en la situación de otro juez federal que teme perder su cargo actual en los tribunales de Comodoro Py por la previsible negativa de Senado a otorgarle esta semana un nuevo acuerdo que él dice no necesitar. Se trata de Germán Castelli, miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 (TOCF7) que entre otras causas debe juzgar la de «los cuadernos» que tiene como principal imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández. El máximo tribunal ya tiene recibido un primer per saltum pedido por la misma situación por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la sala I de la Cámara Federal penal porteña. Los tres esperan que esta semana haya una decisión cautelar del tribunal supremo, antes que el Senado vote sus desplazamientos en el recinto virtual de la cuarentena tras la negativa de los jueces de primera instancia.

Además de reiterar los argumentos ya expuestos por escrito en su acción de amparo inicial, ante el Senado, el Consejo de la Magistratura y hasta la Organización de Naciones Unidas (ONU), Castelli señaló esta vez ante el máximo tribunal «la notoria gravedad institucional del caso» que habilitaría la intervención de la Corte porque el mismo «excede el interés del suscripto y se proyecta sobre el interés general, quedando comprometidos principios consagrados por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales incorporados a ella», según dijo en su escrito, al que Juez y Parte tuvo acceso.

Esos principios constitucionales en juego son los de «estabilidad e independencia de los jueces y juezas, como el derecho de defensa en juicio y debido proceso», dijo el magistrado, quien sostuvo que el proceso a través del cual se le pidió un nuevo acuerdo al Senado para seguir en sus actuales funciones «podría derivar en la remoción encubierta» de su persona del TOCF7. Castelli tenía acuerdo del Senado para ejercer el mismo cargo en el TOCF3 de San Martín y fue trasladado a Comodoro Py a través de un decreto del ex presidente Mauricio Macri.

Tal como hiciera el inicio de su demanda, el magistrado relacionó su eventual desplazamiento con su condición de juez del tribunal que debe juzgar a la vicepresidenta por el caso de los cuadernos, recordó que la «maniobra» denunciada se inició con el representante del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en el Consejo de la Magistratura y, por ende, hizo partícipe del asunto al presidente Alberto Fernández. Además fue muy crítico de la diputada Graciela Camaño, del bloque lavagnista de Consenso Federal, y de los otros integrantes del organismo encargado de administrar el Poder Judicial que aprobaron la resolución 183/2020 que inició el camino que lo puede dejar fuera de Comodoro Py.

Castelli insistió en que la revisión de su traslado es una cuestión administrativa que en todo caso debió haber sido impugnada ante un juez en el marco de un juicio contencioso administrativo y no reiniciar con ella el camino de obtención de un aval parlamentario que ya fue dado cuando fue designado como miembro del TOCF3 de San Martín. También recordó que Bertuzzi, por ejemplo, ya había sido trasladado en 2010 por decreto de la entonces presidenta Kirchner cuando estaba en idéntica situación a la suya: de un tribunal oral de La Plata a otro de Comodoro Py.

Tanto Castelli como Bruglia y Bertuzzi no participaron la semana pasada de la audiencia de la comisión de Acuerdos del Senado justamente para no convalidar con su presencia un acto que ellos consideran ilegal y que tienen objetado ante la Justicia. A partir de los faltazos, el oficialismo encontró la excusa ideal para alegar una falta grave por parte de los jueces al desconocer la función del Congreso y emitir casi sobre tablas un dictamen en rechazo a la aprobación de sus pliegos.

La vicepresidenta se expresó al día siguiente por su canal de comunicación favorito, la red social Twitter, al replicar un mensaje del diputado Leopoldo Moreau que no sólo cuestionó la ausencia de los magistrados en el Senado sino que la vinculó, al menos en los casos de Bruglia y Bertuzzi, con su actuación en la causa de los cuadernos, en la que confirmaron los procesamientos dictados por el fallecido juez Claudio Bonadio y permitieron su elevación a juicio. Así, Cristina Fernández y otros ex funcionarios de su gobierno y empresarios serán juzgados por le presunto cobro y pago de coimas. Castelli también recordó que tiene otras tres causas pasadas a etapa de juzgamiento relacionadas con presuntos actos de corrupción del gobierno de Cristina Fernández.

El tuit de Moreau también tuvo como objetivo la Corte, que no cuenta con plazos para determinar la admisibilidad de un «per saltum», un recurso no habitual en los tribunales, aunque podría llegar a pronunciarse esta misma semana. Los jueces pretenden una medida cautelar que inmovilice sus situaciones y los mantenga en sus cargos actuales hasta que sus acciones judiciales tengan una sentencia de fondo. Caso contrario serían removidos de sus puestos y retornados a los anteriores a través de un decreto presidencial.