Reforma judicial, Comodoro Py o el tiro por la culata

La gran mayoría de los cuestionados jueces federales fueron designados durante el kirchnerismo.

Contrasentido. El oficialismo desconfía de los magistrados que puso en los tribunales de Retiro.

No hay que ser erudito sino memorioso. La cuenta está a la vista, pero casi nadie la hizo o, mejor dicho, casi nadie lo dijo. De los doce juzgados del «maldito» Comodoro Py que el Gobierno tiene en el centro de su mira para solucionar todos los problemas de la Justicia, la mayoría -siete contra cinco, tres de estos últimos sin magistrado titular y subrogados por ellos mismos- son ocupados por jueces designados durante los gobiernos de Néstor Kirchner y su viuda, la actual vicepresidenta Cristina Fernández. Si ellos son los causantes de todos los males de la ex presidenta y si tan arbitrariamente imparten justicia algún error propio habrá habido entonces al colocarlos en esos cargos con indubitable injerencia en aquel entonces del actual presidente y ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, ¿no? Pero ¿será así?

A ver, en orden numérico y con la excepción a la regla en primer lugar: María Servini, viuda del brigadier Juan Tomás Cubría, ocupa desde 1990, aún antes de la existencia judicial de Comodoro Py, el estratégico juzgado 1 con competencia electoral y es la única sobreviviente de aquella histórica camada surgida en la reforma de 1992 que amplió de seis a doce los tribunales de primera instancia del fuero durante el menemismo. Fue siempre la única mujer entre los «doce del patíbulo» hasta que hace un año y medio se le sumó María Eugenia Capuchetti para reemplazar a Norberto Oyarbide en el 5 por designación del gobierno de Mauricio Macri. Servini, que ahora inquieta al ex presidente por querer indagar en todas sus llamadas telefónicas de 2016 a 2019, es la única de Py que no pasó por un concurso en el Consejo de la Magistratura.

Hay otros tres tribunales vacantes: el 6, que el mes pasado liberó por forzada jubilación Rodolfo Canicoba Corral; el 11, que a principio de febrero dejó vacante por fallecimiento Claudio Bonadio, el juez que más veces indagó y procesó a la ahora vicepresidenta; y el 12, a la espera de un titular tras la partida hace más de un año de Sergio Torres -designado durante el gobierno de Fernando de la Rúa- hacia la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Bonadio y Canicoba Corral, que tampoco habían pasado por un concurso, eran de la camada original de los 90 y supuestamente figuraban en la famosa servilleta que el ex ministro Domingo Cavallo dijo haber recibido del ex ministro Carlos Corach con los nombres de los jueces supuestamente dominados por el menemismo.

El resto de los juzgados del tercer y cuarto piso de Comodoro Py 2002 están ocupados por magistrados designados durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Cuatro de un mismo saque en el mandato del primero y los otros tres en el de su sucesora. La primera tanda, con injerencia del actual presidente, pareció un reparto equitativo -dos y dos- entre la «corporación judicial» con sede propia en Comodoro Py y el paladar del gobierno de turno perfeccionado por Alberto Fernández junto con el entonces procurador general Esteban Righi. Vaya paradoja, por disciplina y dignidad Righi renunció en 2012 al ver cómo Amado Boudou, el vicepresidente de Cristina, se asociaba a los servicios de inteligencia contaminantes de Comodoro Py para taladrar a uno de sus promovidos que había osado ordenar un allanamiento en una de sus propiedades en el escándalo de la imprenta Ciccone por el que luego sería condenado.

Es más, el orden de la «terna» de aquel viejo concurso en el que terminaron por llenarse cuatro cargos y la posterior selección de Kirchner -recordar que el presidente puede elegir a uno de los tres primeros del concurso del Consejo de la Magistratura, en este caso cuatro de doce- pareció digitado como para que cada uno de los favorecidos ocupara exactamente el tribunal al que caería a partir de las causas importantes que allí se encontraban radicadas.

Así fueron Daniel Rafecas al 3 (causa «Banelco», crímenes de la dictadura en el Ejército como principales, mucho después la de Boudou), Ariel Lijo al 4 (AMIA II y Siemens, por ejemplo), Guillermo Montenegro al 7 (causa curtiembre Yoma y Skanska, entre otras) y Julián Ercolini al 10 (el presunto enriquecimiento ilícito de Kirchner fue su causa inicial más importante). Este último caso resultó paradigmático, a la luz del pasado lejano e inmediato.

Ercolini, que compartía tareas académicas con el ahora presidente, sobreseyó rápidamente a Kirchner por el crecimiento de su patrimonio pero años después tuvo que investigar los hoteles de la entonces familia presidencial, en pleno ejercicio del poder ésta, y mandó a juicio a Cristina. Alberto Fernández varió entonces su opinión sobre el juez que él había promovido para ese cargo y hasta dijo que a lo sumo hubo una falta ética de su compañera de fórmula pero no un delito. No opinaron lo mismo los jueces que revisaron lo actuado por Ercolini.

La segunda tanda vino una década después. Sebastián Ramos fue al juzgado 2 que había dejado vacante el ascenso de Jorge Ballestero -otro de los históricos- a la Cámara de Apelaciones del fuero; Sebastián Casanello al 7 que ocupaba Montenegro antes de saltar a la política; Marcelo Martínez de Giorgi al 8 que correspondió desde el nacimiento de Py a Jorge Urso y que él mismo subrogó durante casi un lustro sin ser juez y como secretario de Cámara; y Luis Rodríguez al 9 del que fue eyectado Juan José Galeano por los delitos cometidos en su actuación como instructor de la causa por el atentado contra la AMIA y tras un polémico concurso en el que fue acusado de haber conocido el examen de antemano.

Casanello es otro caso paradigmático. El periodista Jorge Lanata le puso el mote de tortuga por su actuación en la investigación de la llamada ruta del dinero K y no avanzar en ella contra Cristina pero la causa fue elevada prolijamente a juicio y, cuarentena mediante, quizás cerca de fin de año tenga sentencia y más que seguramente una condena de alta pena de prisión respecto del presunto testaferro de los Kirchner, el «empresario» Lázaro Báez. Sin embargo, el apodo televisivo y el apellido de Casanello figuraban entre las pancartas que se vieron el lunes pasado alrededor del Obelisco en la protesta contra el Gobierno, como si él fuera parte de la mala Justicia aunque los hechos digan lo contrario.

El dato es el de entrada. Todos ellos (Ramos, Rafecas, Lijo, Casanello, Martínez de Giorgi, Rodríguez y Ercolini), incluido Montenegro, actual indentente de Mar del Plata, fueron promovidos y votados por el kichnerismo en el Consejo de la Magistratura, elegidos por los Kirchner de las ternas y avalados por los legisladores de su espacio en el Senado de la Nación.

Por eso llama la atención -entre tantas objeciones al proyecto de reforma judicial- que la movida que tanto interés concitó del presidente Fernández y tanto reparo encuentra en la oposición, la academia y la gente que manifestó el lunes tenga como principal objetivo declarado quitarles poder a los jueces que el mismo poder nombró. O fallamos antes al elegirlos como los mejores o fallamos ahora al correrlos al costado. O las dos. En fin.