Bruglia y Bertuzzi, de la Cámara Federal, precisarán de un nuevo acuerdo de los senadores.
En consonancia con lo dictaminado dos días antes por el fiscal Fabián Canda y lo afirmado en el Senado por los legisladores kirchneristas, especialmente el chubutense Juan Mario Pais, la jueza federal María Alejandra Biotti rechazó este viernes el amparo planteado por sus colegas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia para evitar ser desplazados de sus puestos en la estratégica Cámara Federal penal porteña. El argumento central es que ello aún no ocurrió, aunque todo indica que así sucederá, y que por lo tanto no es adecuada la vía de un amparo para proteger sus derechos.
«La acción de amparo no puede comportar una solución a todos los problemas que puedan suscitarse y hay que reconocer su inherente limitación, ya que esta acción no se admite en cuestiones opinables, ni faculta a los jueces a sustituir los trámites ordinarios y requisitos previamente instituidos», expresó la jueza al citar fallos de su tribunal superior, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que ahora intervendrá en el caso a partir del recurso que presentará el abogado que los patrocina, Alejandro Carrió.
La jueza recordó que «la acción de amparo es un proceso excepcional, utilizable en delicadas y extremas situaciones que exige para su apertura circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad e ilegalidad manifiestas y la demostración de que el daño concreto y grave ocasionado sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la vía urgente y rápida del amparo».
Los dos camaristas habían atacado la resolución 183/20 del Consejo de la Magistratura que recomendó al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) remitir al Senado los pliegos de una decena de jueces como ellos que habían sido trasladados a sus cargos actuales desde otros puestos para los que habían sido designados en la Justicia con el acuerdo respectivo de los legisladores. Pese a que usó en el pasado ese mismo mecanismo, el oficialismo sostiene que se trató de una maniobra del gobierno de Mauricio Macri para colocarlos a fallar de determinada manera en las causas que tuvieran que ver con la actual vicepresidenta Cristina Fernández, sometida a diversos procesos penales y hasta juicios orales por presuntos casos de corrupción.
El fiscal Canda había recomendado a la jueza el rechazo del amparo dos días antes y su dictamen llegó al juzgado el mismo día que se firmó la decisión de Biotti. «Considerando que tanto el Poder Ejecutivo como el H. Senado de la Nación, han iniciado el trámite tendiente a considerar los acuerdos para los traslados de los magistrados co-actores, carecería de toda utilidad dictar una sentencia que declare la nulidad y deje sin efecto la resolución N°183/20, pues ello no obstaría a la prosecución de dicho procedimiento por ante la Cámara Alta», había dicho el fiscal.
Con la voz cantante del chubutense Pais y un dictamen propio el oficialismo rechazó en comisión la medida precautelar que la jueza había dispuesto una semana atrás con una orden al Senado para que se abstuviera de iniciar el procedimiento de tratamiento del mensaje del Poder Ejecutivo en lo que concernía a Bruglia y Bertuzzi hasta tanto resolviera el amparo. La decisión de rechazo al amparo allana la prosecución del procedimiento legislativo, con un previsible final: Bruglia y Bertuzzi serán corridos de sus actuales cargos y deberán retornar al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4).
La movida -relacionada, según la oposición, con la reforma judicial también en discusión en el Senado y el intento de enjuiciamiento al procurador general interino, Eduardo Casal- repercutirá de inmediato en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py por donde pasan los casos de corrupción pública nacional. La sala I de la Cámara de Apelaciones del fuero quedará con un solo integrante (Mariano Llorens) y necesitará de otro magistrado u otros dos colegas para resolver las causas que le lleguen a estudio.
El asunto es que la Cámara tiene sólo un magistrado titular en su otra sala, Martín Irurzun. En caso de discrepancia entre Llorens e Irurzun se deberá acudir a un tercer juez de otro fuero para desempatar. Pero la solución al problema -quizás deliberadamente planeada- podría llegar a venir por otro juez alcanzado por los traslados ahora objetados. Se trata de Eduardo Farah, quien ya integró la Cámara de Py y durante el macrismo pidió su pase a un tribunal oral federal en San Martín. Originalmente Farah había obtenido el acuerdo del Senado para ser juez de la Cámara Federal de Mar del Plata.
Farah había pedido su corrimiento de Py luego de haber firmado un fallo que liberó al empresario Cristóbal López en la causa en la que ahora se encuentra bajo enjuiciamiento por un presunto fraude al Estado a través de impuestos no pagados al Fisco por la empresa Oil Combustibles, presentada en concurso de acreedores poco tiempo después de concluida la segunda presidencia de Cristina Fernández y declarada luego en quiebra por la Justicia comercial.