Germán Castelli integra el tribunal que juzgará la causa de los cuadernos.
Al igual que sus colegas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, el juez federal Germán Castelli presentó este jueves un amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administativo Federal para evitar ser desplazado de su cargo en los estratégicos tribunales de la Avenida Comodoro Py, por donde pasan los casos de corrupción de la administración pública nacional. Castelli integra el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 (TOCF7) que debe juzgar a medio centenar de imputados en la causa conocida como «los cuadernos de las coimas» y en donde figura como principal acusada la vicepresidenta y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La presentación de Castelli quedó radicada por sorteo en el juzgado 12 a cargo de Macarena Marra Giménez y apunta al mismo objetivo inicial que lograron conseguir hoy Bruglia y Bertuzzi: frenar que el Senado trate sus pliegos en los cargos que ocupan en la Cámara Federal penal porteña bajo el argumento de que no cuentan con aval parlamentario para desempeñarse allí porque fueron «trasladados» desde otros puestos durante el gobierno de Mauricio Macri. La medida dispuesta en favor de ellos fue firmada por la jueza María Alejandra Biotti a modo de «precautelar» y a resultas de lo que determine sobre el fondo del asunto en el expediente. Y fue cuestionada por senadores oficialistas que amenazaron desconocerla.
Castelli ya contaba con acuerdo del Senado para desempeñarse como juez en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 (TOCF3) de San Martín y, al igual que Bruglia y Bertuzzi, objeta ante la Justicia la legalidad de la resolución 183 de este año del Consejo de la Magistratura que dijo que su traslado a Comodoro Py estaba «incompleto» porque no había pasado por el Senado. Es más, para Castelli es el Consejo el que debiera haber acudido a la Justicia antes de actuar para que ella fuera quien determinara la legalidad o ilegalidad del «acto administrativo» de su traslado. Por apretada mayoría y con el voto clave de la diputada lavagnista Graciela Camaño el Consejo «trasladó» el asunto al Poder Ejecutivo Nacional (PEN), que ni lerdo ni perezoso como ocurre con otros pliegos lo envió al Senado.
«La tropelía constitucional adoptó la forma de atajo procedimental, impulsado a máxima velocidad, con argumentos que esconden una aplicación retroactiva de las normas y, por tanto, de los principios generales del derecho», señaló Castelli en su escrito de inicio de demanda, al que Juez y Parte tuvo acceso. Allí se recuerda que su actuación en el TOCF7 no fue objetada por las personas bajo su juzgamiento y que su traslado cumplió con los pasos administrativos requeridos porque, a su entender, no hace falta un nuevo acuerdo del Senado.
El apuro advertido por Castelli en su escrito quedó reflejado esta semana en el envío de los pliegos inicialmente de Bruglia y Bertuzzi al Senado por parte del PEN el mismo día y presumiblemente después de enterarse que la jueza Biotti no les había concedido la precautelar solicitada. El mensaje del PEN, al que luego se sumaron los otros ocho casos objetados por el Consejo de la Magistratura, incluido el de Castelli, tuvo rápido ingreso en el cuerpo presidido por Cristina Fernández y generó un áspero debate en la sesión de este jueves. Biotti actuó ante la posibilidad de que el planteo de los jueces se constituyera en algo abstracto con los hechos ya consumados.
«La actual vicepresidenta de la Nación registra distintos procesos en trámite por la supuesta comisión de graves delitos que habría cometido al amparo del poder ejercido como Presidenta de la Nación en otra gestión de gobierno. El presidente se ha pronunciado públicamente por su inocencia en uso de su derecho de libertad de expresión. También registran otros procesos penales distintas personas por hechos presuntamente cometidos en aquella gestión de gobierno. Algunos de esos procesos se encuentran radicados hace tiempo en el TOF N° 7, donde el suscripto se desempeña como titular. La maniobra ilegal aquí comunicada, tendría, entre otros efectos, que el suscripto sea apartado como juez natural de esos procesos», reseñó Castelli en su escrito.
En su demanda, el juez del TOCF7 repasó su carrera judicial en la Justicia federal, su designación como juez en 2002 en Morón, su ascenso posterior a camarista -juez de tribunal oral, con una subrogancia incluida en La Plata en la misma jerarquía-, su intervención en diversas causas de repercusión pública, varias de ellas por crímenes de la dictadura, y los requisitos que ya había reunido para ser trasladado durante el segundo gobierno de Cristina Fernández con el aval del Consejo de la Magistratura y hasta genéricamente posterior de la Corte Suprema nacional.
Castelli también hizo un resumen del debate suscitado por esta cuestión en el Consejo de la Magistratura, apuntó por la movida al representante del PEN, Gerónimo Ustarroz, lo que equivale decir al presidente Alberto Fernández y calificó de «irresponsabilidad institucional» la postura de los siete consejeros que aprobaron la resolución cuestionada pese los antecedentes contrarios.
«Como puede advertirse con nitidez, el principal efecto de la resolución arbitraria adoptada por el Consejo de la Magistratura es el grave avasallamiento al principio de división de poderes y una presión indebida en la independencia de la magistratura, que no estoy dispuesto a tolerar de modo impasible», escribió Castelli al evaluar las consecuencias de la resolución objetada judicialmente.
«Al respecto, he explicado en el apartado anterior la afectación a mi situación jurídica consolidada, pero debo agregar, también, que lo que está en juego aquí, es nada menos que la independencia judicial, en cuanto nos encontramos ante un caso de remoción encubierta«, señaló renglón seguido en la extensa presentación.