Cristina habló más de ella que del primer año de gobierno de su coalición.
Podría haberle puesto directamente «Carta a la Corte». O «Corte a la Corte», jugando con las palabras. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sinceró de manera brutal este miércoles que su principal inquietud política es su propia situación judicial. Utilizó la excusa del primer aniversario del gobierno que ella integra desde su rol parlamentario para enviar una carta pública a las redes sociales y dar algunos números de la gestión del Senado. Pero empleó el mensaje para cuestionar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tribunal que tiene la última palabra para su principal problema: sus causas penales. Ni siquiera mencionó al ejecutor de las medidas de gobierno de la coalición a la que se presume ella aportó los votos necesarios para volver a la Casa Rosada, Alberto Fernández. Sería algo así como ir a un cumpleaños y no saludar al que cumple años.
Por supuesto que recurrió a su estilo confrontativo y poco amigable. Y a su modo statement. Tal como hizo un año atrás ante la primera vez que enfrentaba a jueces que decidirán si es culpable o inocente de delitos de corrupción en sus dos gobiernos. «Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa. A mí me absolvió la historia. Me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia», dijo aquella vez ante los magistrados que el sistema institucional determinó sean los encargados de juzgarla. Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los votos que la devolvieron al poder aún estaban frescos. Pero más allá de las pruebas difícilmente así se gane la simpatía del tribunal. La mujer del César no solo debe ser sino también parecer. Se me contrapone como ejemplo lo que escribí hace un par de semanas a propósito de la muerte de Diego Armando Maradona y la justicia rápida en el partido con los ingleses del Mundial 86.
Como un año atrás Cristina Fernández volvió a hablar de lawfare, la palabra que durante todo este tiempo aún no fue incorporada al diccionario de la Real Academia Española (RAE) ni al Código Penal como así tampoco al Código de Procedimiento Penal. Pero que se reflotó en la última semana a propósito de la confirmación por parte de la Corte de la condena a su último vicepresidente, Amado Boudou, por el caso Ciccone. Sí, el militante universitario liberal de Mar del Plata luego converso peronista y traspasado al salón de la fama kirchnerista por la estatización de los fondos de pensión creados por ley durante otro gobierno justicialista. Eso sería el lawfare, según los creyentes de esa aquiescencia.
Diez párrafos para el Poder Legislativo, cuatro para el Ejecutivo y una veintena para el Judicial, según como se cuenten y sus oraciones y extensiones. «Representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare (NdR: la mayúscula es del original). Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa«, dice el texto al iniciar el capítulo de la Justicia. Se suponía que el lawfare requería una pata gubernamental ejecutiva, pero parece que no. O, si es así, se le atribuye lawfare en ese párrafo al presidente actual de la Nación.
El texto que se adjunta a través del tuit (para quienes no usan esa red social y no tienen acceso al link aquí va para mejor comprensión del nuevo statement) hace una breve radiografía de los cinco miembros del máximo tribunal pero no menciona por sus nombres a dos de ellos designados durante el gobierno de su fallecido esposo Néstor Kirchner, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton, aunque da sus pelos y señales. «Uno de ellos es el que se fotografiaba con el Juez brasileño Sergio Moro y con Claudio Bonadío», dijo en alusión a Lorenzetti, a quien prácticamente le imputó la comisión de un delito que se supone debiera denunciar penalmente por su rol de funcionaria pública.
«Este mismo integrante de la Corte, el que se fotografiaba con Moro y Bonadío, fue Presidente de ese cuerpo hasta el año 2018 y en una reunión de jueces federales de Comodoro Py, les aseguró que todas las instancias superiores les iban a confirmar y convalidar todas las decisiones de primera instancia que dictaran contra los dirigentes y ex funcionarios kirchneristas. Lawfare al palo», sostuvo la ex presidenta. Aunque es obvio que se refirió a él, la no mención de Lorenzetti obligaría a este a dar el primer paso judicial para aclarar el entuerto, pero así planteado como está difícilmente lo haga.
De Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz recordó sus puntos débiles, algo obvio, pero nada novedosos. La primera, por permanecer en el cargo pese a tener más de 75 años a través de un amparo judicial no objetado por el gobierno de Macri. Y los dos restantes, por haber aceptado asumir sus funciones en el máximo órgano judicial «en comisión» y por decreto al inicio del gobierno de Cambiemos. Finalmente ocuparon sus sillones en la Corte tras cumplir con el paso constitucional de acuerdo del Senado.
La vicepresidenta tampoco fue amable sino más bien despectiva con el quinto miembro del tribunal, Juan Carlos Maqueda. Recordó que asumió su cargo durante «el breve interinato» del ex senador Eduardo Duhalde en la Presidencia de la Nación, una manera de minimizar la legitimidad de su puesto. «Estos cinco funcionarios deciden hoy sobre la vida, sobre el patrimonio y la libertad de las personas que habitan nuestro país», reseñó sobre los integrantes del máximo tribunal. Siempre fue así en los períodos democráticos de la vida institucional argentina. ¿No se trataba del famoso contrapeso de los poderes del Estado?
Sobre jueces perennes y el enigma del lawfare
El remate de la vicepresidenta fue otra obviedad: que los jueces, tanto de la Corte como los de los tribunales inferiores, no tienen plazo de vencimiento en sus cargos si no sea por renuncia o destitución. «De los tres poderes del Estado, sólo uno no va a elecciones. Sólo un Poder es perpetuo. Sólo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo», señaló lo que obviamente así establece la Constitución Nacional desde sus orígenes.
«Si ese Poder sólo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno… Bueno… Si esto sigue sucediendo en nuestro país, estaremos muy lejos de construir la República y la Nación que, estoy segura, anhelamos la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas», concluyó la vicepresidenta su mensaje sobre el primer año de la coalición de gobierno que integra.
Releído el final del texto, huelgan los comentarios pero sobran las preguntas, como con lo del lawfare. ¿Por qué no se denuncia concretamente cada una de las acciones del lawfare que constituyen delitos y por qué no se hace o hizo eso con los jueces de la Corte «que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes»? Y en caso de que se hubiera hecho, ¿por qué no se respeta la decisión soberana de los jueces como se respetan o se discuten en las vías pertinentes las medidas de gobierno de los otros dos poderes del Estado? Preguntas que me hago de preguntón nomás.