Harán un acampe la semana que viene «por una Navidad sin presos políticos».
Si uno los cuenta, los del afiche son doce. Quizás sea por los apóstoles de Jesucristo. Pero si uno lo reduce al fútbol son un equipo entero más uno que no está preso, ni a domicilio ni en la cárcel, el elemento aglutinador del grupo. ¿Es Cristina Fernández de Kirchner el jugador número doce, la directora técnica del equipo o el árbitro del partido? Buena pregunta pero no apuntamos a ella en este texto sino a uno de los organizadores de la protesta, Fernando Esteche, y al juez que decidirá si Amado Boudou regresa a la cárcel o sigue en su casa, Daniel Obligado. Ya que en el afiche se habla de «presos políticos», «víctimas del «lawfare» y «patriotas» quizás faltó allí una mención a «la vuelta de Obligado» dados los antecedentes con Esteche. O a «las vueltas de Obligado» antes de resolver lo de Boudou.
Vamos a rememorar los tiempos de cronista deportivo y la forma de redactar los textos. En la síntesis del partido, el campo «formaciones» del afiche bajo este párrafo diría algo así como: Amado Boudou y Julio De Vido en la fila de abajo, que bien podría ser la delantera, con la entrenadora-réferi-jefa de la barra en el medio, Cristina Fernández; Fernando Esteche y Milagro Sala en la segunda línea, también con Cristina, la única figura de la imagen que juega en dos de las líneas, entre ellos; por encima, Omar «Caballo» Suárez, Luis D’Elía (el otro factótum del asunto) y Cristian Medina; y en la línea de arriba, siempre de derecha a izquierda desde quien observa la foto, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Juan Pablo «Pata» Medina, sindicalista papá de Cristian. «Les sobró una letra. Más que presos políticos serían pesos políticos», bromeó una fuente.
Además del archiconocido y confeso coimeado Ricardo Jaime, el otro de todos ellos que está en una cárcel real es Schiavi, justamente el único que le preocupa personalmente al presidente Alberto Fernández por el antiguo pasado común de militancia en el peronismo porteño. También fue secretario de Transporte como Jaime y también está preso como él por el accidente que no fue accidente de un tren en la terminal de Once que mató a 52 personas y que se estrelló por corrupción y defraudación en el manejo de los fondos públicos.
Daría para un libro con la historia de cada uno los doce apóstoles o el equipo de la vicepresidenta, cuyas situaciones judiciales fueron reseñadas este martes por Infobae para aclarar lo de «presos políticos» del afiche y por eso aquí no se detallan. Varios de ellos ya los tienen. Pero ese no es el único detalle. Entre Cristina y Boudou -uno condenado sin más apelación a la que recurrir y la otra múltiple procesada y en juicio actual y futuros; sí la fórmula que ganó con el 54,11% de los votos la elección de 2011 y gobernó hasta diciembre de 2015- están los organizadores del evento: Luis D’Elía y Fernando Esteche, también condenados y con sentencia firme.
Esteche y Obligado, el juez de Boudou
Y en este último es en el que queremos poner la lupa. Esteche lideraba un oscuro grupo de choque llamado Quebracho, siempre sospechado de vinculaciones con los servicios de inteligencia y protagonista de diversos incidentes y delitos en manifestaciones callejeras. Uno de ellos fue el de los daños a un local partidario del ex gobernador neuquino Jorge Sobisch -sí, el de la plata fácil por el petróleo y Vaca Muerta- tras la muerte en manos de la Policía del docente Carlos Fuentealba en medio de la campaña electoral de 2007, cuando se postuló para la Presidencia de la Nación.
Esteche fue detenido el 3 de diciembre de 2013 luego que la Corte Suprema confirmara su condena a 3 años y 8 meses de prisión dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 (TOCF3) como autor intelectual de aquel ataque y al negarle un recurso de queja por el cuestionado artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir sin tratar el fondo del asunto. Exactamente igual a lo que ocurre ahora con Boudou en el caso Ciccone. Y adonde apuntan las críticas más civilizadas al máximo tribunal, aunque salgan de una parte interesada como lo es la abogada defensora de Boudou, Graciana Peñafort.
Pero el líder de Quebracho fue liberado un año después justamente por decisión del juez que ahora tiene bajo su escrutinio disponer si Boudou regresa a la cárcel a cumplir su pena o permanece con el régimen de prisión domiciliaria por su situación familiar, una cuestión que podrían alegar casi todos los presos. Aquella vez Obligado decidió computar como cumplidos veinte meses de pena los estudios cursados por el detenido en la Universidad Nacional de La Plata. En Comodoro Py aún recuerdan las visitas de funcionarios y hasta presiones que habría recibido Obligado para reducir la pena de Esteche. Es muy probable que este último sea el autor intelectual del afiche de estos días y el acampe de la semana que viene.
Estímulo educativo y encubrimiento del atentado contra la AMIA
Esteche tenía una pena unificada de cuatro años y medio de cárcel por otras condenas por un hecho similar (una protesta contra el Fondo Monetario Internacional) y una previa por tenencia ilegal de arma de guerra. Pero de esta manera logró la libertad condicional, a través de la polémica decisión de Obligado. El juez contabilizó para otorgarle ese beneficio el «estímulo educativo» cumplido a través del régimen penitenciario y las leyes que lo avalan. Y recuerdo aquella vez una importante manifestación fuera de los tribunales de Comodoro Py que era escuchada puertas adentro en reclamo de la libertad del líder de Quebracho. Y Obligado en el rol decisorio. Por eso lo de la «vuelta de Obligado», ahora con lo del ex vicepresidente.
El cómputo da que la pena de Boudou por el caso Ciccone vence el 1 de junio de 2024 y para los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín debiera volver a la cárcel porque perdió «operatividad» la «morigeración» de su «encierro carcelario» tal como lo establece en su artículo 210, inciso j, el Código Procesal Penal Federal. El ex vicepresidente tuvo tres períodos de detención que totalizan casi treinta meses de prisión. Claro que los últimos ocho fueron en su casa por decisión de Obligado, en plena cuarentena por el coronavirus Covid-19 por la que la mayoría de los argentinos la pasaron encerrados en sus domicilios. Habrá que ver qué argumento encuentra el juez de Ejecución Penal para no devolver al ex funcionario tras las rejas. Se trata del primer ex vicepresidente de la Nación condenado por un hecho de corrupción, más allá de que este haya sido cometido cuando era ministro de Economía. Según algunos especialistas, ese solo hecho ya ameritaría el quite de su generosa pensión honorífica por el cargo desempeñado. Y habrá que ver también que a Boudou no le pase lo de Esteche.
El líder de Quebracho volvió a ser detenido en 2017 por orden del juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa abierta por la denuncia del fiscal Alberto Nisman por un presunto encubrimiento del gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre los ex funcionarios iraníes acusados por el atentado terrorista de 1994 contra el edificio sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con aquel país firmado en 2012.
Elevada la causa a juicio pero sin riesgo de entorpecimiento de la prueba el líder de Quebracho fue excarcelado en octubre del año pasado, antes de cumplir los dos años de prisión preventiva, por orden del TOCF8, que aún no le puso fecha de inicio al debate oral y público pero bien podría hacerlo la semana que viene tras una última audiencia y fijarlo para los primeros meses del año próximo. Pero esa vez las cámaras no enfocarán ni a Esteche ni a Boudou sino a la principal imputada del caso, Cristina Fernández de Kirchner. Volviendo a los doce del afiche y la comparación futbolera: ¿DT, árbitro o Jugadora Nro. 12?