Cristina Kirchner volvió a cuestionar por Twitter a magistrados que la enviaron a juicio.
Tal como lo había hecho la semana pasada tras la audiencia en la comisión de Acuerdos del Senado que preside, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a utilizar su cuenta de Twitter para «comentar» un hecho de la política que la involucra. Algunos preguntarán, quizás en su defensa: ¿y? En tal caso aquí duplicaremos el interrogante: ¿Y? Sí, con mayúscula. No es menor el dato para este espacio, con algo ya dicho siete días atrás. Hablamos de la confusión entre lo público y lo privado en los gobernantes. Se trata de la líder de la coalición de gobierno y con poder de decisión en cuestiones que también la tienen del otro lado del mostrador, por más cuidadas que sean sus palabras y nombres en la red social del pajarito azul.
En efecto, Leopoldo Bruglia -uno de los camaristas a los que el oficialismo se prepara a correr de su cargo actual al no prestarle acuerdo en el Senado al traslado que había dispuesto el gobierno de Mauricio Macri desde otro puesto en un tribunal oral, una cuestión ya judicializada y en manos de la Corte Suprema– fue uno de los dos magistrados que el jueves anuló los procesamientos de tres ministros de la anterior administración y del ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías. La nulidad era tan previsible que Juez y Parte lo señaló a fines de julio en una nota de «color». El fallo es bastante claro. Y no se trató de una «cuestión técnica», como lo planteó Página/12 en su tapa.
No está de más un «refresh». Si la ex presidente alude en su segundo tuit al juez que primero la hizo pisar los tribunales de Comodoro Py en calidad de imputada a los cinco meses de haber dejado el poder y luego en otras ocho ocasiones en distintas causas, de Claudio Bonadio hablamos, pues este magistrado era peronista. Se lo puede decir aquí porque ha fallecido. Tampoco es que él lo ocultara. Además cuando fue designado juez trabajaba en el Poder Ejecutivo de un gobierno peronista. Vendría a ser una especie de «autolawfare», entonces, de acuerdo con el tuit. Peronistas vs peronistas.
Y si lo dice por el juez que instruyó la causa que hace un año y medio la puso por vez primera en el banquillo de los acusados, Julián Ercolini, pues fue designado por Néstor Kirchner con especial influencia del actual presidente, Alberto Fernández, de acuerdo con fuentes judiciales y extratribunales. Pero no. Parece que se trata de los jueces trasladados de un cargo a otro por el gobierno de Mauricio Macri. No muy distinto a lo que ella hizo durante sus dos mandatos, incluso con uno de los ahora involucrados, Pablo Bertuzzi, que desembarcó en un tribunal oral de Comodoro Py pese a tener acuerdo para otro de La Plata.
Lo mismo de Bonadio podría aplicar para el juez que procesó a los ministros de Macri, Rodolfo Canicoba Corral, de inocultables simpatías peronistas en las dos décadas y media que ejerció el cargo en Comodoro Py, según fuentes judiciales, y quizás el más empático con el colega fallecido a principios de año durante el largo tiempo que compartieron en los tribunales de Retiro. En este caso sería como un lawfare no declarado en el statement de la vicepresidenta. Lo de Canicoba Corral fue muy evidente para todos en el micromundo de Comodoro Py y alrededores. Podía perder su cargo por las dudas sobre el origen de su patrimonio y ante el posible escarnio de un juicio político y la pérdida de la jubilación optó sin mucho margen de maniobra por esta última. Cumplía 75 años y el gobierno tampoco le renovaría su acuerdo a él. Claro que en el medio de ese problema y el de la pandemia activó la causa contra los ex funcionarios macristas a como diera lugar y en tiempo record. Quizás tuvo la peregrina idea de seguir en su despacho de un cuarto de siglo de Comodoro Py más allá de sus 75 años como la veterana María Servini.
El tercer tuit del último hilo de la vicepresidenta también omite otro dato y no es del todo cierto. La ex presidenta aún tiene causas remanentes en primera instancia en las que podrían intervenir Bruglia y Pablo Bertuzzi, pero además hay una especialmente complicada de las elevadas a juicio que tiene a Germán Castelli como integrante del tribunal oral que deberá intervenir en ese caso: los cuadernos. Y Castelli es el tercer magistrado al que el oficialismo ya dijo en comisión que no le dará el acuerdo para su viejo traslado, con lo cual perderá su puesto en Comodoro Py y, por ende, deberá salir de la causa cuadernos. Ya se sabe, se trata de una denuncia por presuntas coimas pagadas por empresarios a emisarios de los gobiernos kirchneristas. Está bien, no habló de él en el tuit pero es parte del mismo problema. De hecho, la mencionó en todas sus presentaciones judiciales por esta cuestión.
Pero también hay otras cosas que no se dicen y que ocurren a oscuras en el mundo en la política, sin que esto signifique algo espurio. Era casi un hecho que Bruglia, Bertuzzi y Castelli iban a tener que iniciar el camino de regreso a sus viejos puestos en otros tribunales porque el Senado aprobaría esta semana lo ya dispuesto en la previa en comisión. Sin embargo, la cámara Alta que preside la ex presidenta de la Nación con serios problemas judiciales no convocó a sesión alguna. Hay quienes creen que influyó en ello el coronavirus detectado en el chofer del misionero Maurice Closs, uno de los senadores que va a la Cámara.
¿Lawfare, gestos, casualidades o política pura?
Lo cierto es que este viernes ya estaba cumplido el plazo por reglamento desde la emisión del dictamen de la comisión de Acuerdos para su tratamiento en el plenario. Hay quienes dicen no haber visto aún el dictamen. Tras la pública postura de no aprobar a Bruglia, Bertuzzi y Castelli era una incógnita qué haría el oficialismo con los otros siete jueces en la misma situación. De ampliarse el rechazo retornaría a Comodoro Py y a la estratégica Cámara Federal Eduardo Farah, el juez que se había ido bajo sospechas tras ordenar la libertad del empresario Cristóbal López.
En el tuit de la semana pasada Cristina Fernández remitía a un envío por esa red del diputado Leopoldo Moreau en el que se le metía «presión» a la Corte Suprema porque allí había ingresado el per saltum de Bruglia y Bertuzzi para que se trataran sus casos a través de una medida cautelar que los mantuviera en sus puestos. Al día siguiente Infobae publicó una vieja designación menor en la mesa de entradas de la Corte de la hija del hasta dos días antes subsecretario de Técnica de la Presidencia a instancias del juez Horacio Rosatti, uno de los cinco supremos. Luego se sumó el per saltum de Castelli también arribado al máximo tribunal.
La Corte tampoco se expidió durante esta semana. Pero este viernes, ante una consulta del diario La Nación por esta cuestión, el propio presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, que no suele hablar por los medios, afirmó que «el país tiene que estar seguro de que el tribunal dará oportunamente una respuesta adecuada a derecho». ¿Cuándo se expedirá la Corte? No tiene plazos. Pero ese es el quid de la cuestión. Una cosa es con los jueces en sus puestos y otra fuera de ellos. La respuesta parece ir de la mano de lo que haga el Senado. La pelota va y viene. ¿Será esto también lawfare de los poderes fácticos, solo gestos y casualidades o política pura?
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