Cuando a un juez trasladado le toca una no jueza

El amparo de Castelli recayó en un juzgado subrogado por una secretaria de Cámara.

Como si de un bumerán que vuelve a sus manos se tratara pero él lo esquiva con una mueca, casi sonriente, y el aeroplano sigue camino hacia el Congreso, la Casa Rosada o el Consejo de la Magistatura, el juez federal Germán Castelli debió recusar a la jueza que le tocó en su amparo para evitar ser removido de su cargo en el tribunal oral que juzgará el llamado caso de los cuadernos porque justamente no es magistrada sino una secretaria letrada que subroga un puesto como al que a él le acusan de ocupar irregularmente. Es decir, la supuesta jueza sorteada para resolver su causa tampoco tiene acuerdo del Senado para desempeñar la función que ejerce actualmente en el mundo judicial simplemente porque, a diferencia de él, jamás fue nombrada magistrada.

Así es. Las vueltas de la vida indicaron el juzgado 12 del fuero Contencioso Administrativo Federal el sorteado para intervenir en la acción de amparo promovida por el juez trasladado a Comodoro Py dos años atrás desde un tribunal oral federal de San Martín sin una ratificación parlamentaria. Ese juzgado está a cargo de Macarena Marra Giménez, una funcionaria que se desempeña como «actuaria» de la sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero, que concursó y fue seleccionada para ser jueza pero cuyo pliego retiró del Senado el gobierno de Alberto Fernández apenas asumido. Ese cargo aún está vacante pero ella lo ocupa hace seis años sin acuerdo del Senado en calidad de subrogante. Parecido a lo que le objetan a Castelli.

La ¿inesperada? situación refleja no sólo el problema de fondo del poder político en relación con la Justicia (las demoras para cubrir las vacantes de los puestos de juez, que constituyen un tercio del total de los cargos) sino también otras dos ¿hipocresías? de la movida oficial que le dan la razón a la oposición sobre sus verdaderas motivaciones. Una es que Castelli ni sus colegas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ni otros siete magistrados cuentan con el aval del Senado para ejercer los roles que tienen a su cargo cuando hay secretarios judiciales en función de jueces en su misma situación.

El otro contrasentido de la movida oficial sería la contradicción entre el apuro por ratificarlos o -muy probablemente en el caso de esos tres- correrlos de sus lugares y la larga lista de futuros colegas que esperan la aprobación parlamentaria para asumir las funciones para las que fueron elegidos pero demoradas por la política y con el consecuente problema de las subrogancias por la falta de jueces titulares. De hecho, el actual Gobierno de Alberto Fernández retiró del Senado al inicio de su gestión más de un centenar de pliegos de candidatos elegidos por su antecesor, Mauricio Macri, lo cual en lugar de agilizar la Justicia la lentifica.

Castelli dijo que no están en juego el «honor», la «buena fe» o los «sobrados conocimientos del derecho» de Marra Giménez sino que señaló la insensatez -no usó esa palabra aunque sí otras más fuertes- de que juzgue su caso alguien que supuestamente está en su misma posición -o peor, mejor dicho- y que podría recibir las mismas objeciones que él por su desempeño a cargo de un juzgado cuando aún no cuenta con el acuerdo de la Cámara alta para ser jueza allí. El juez amparista recordó que el Consejo de la Magistratura fundamentó la movida que lo llevó a esta situación con dos fallos de la Corte Suprema que señalan que la actuación de secretarios judiciales como jueces subrogantes «afectan cuanto menos su imparcialidad». Obviamente, Castelli reivindicó la legalidad de su propio traslado a Comodoro Py.

«El caso se encuentra atravesado por la cuestión relativa a si el suscripto necesita o no un nuevo acuerdo del Senado de la Nación para ejercer sus funciones en el TOF Nro 7 de Caba. Y no parece conveniente que quien decida tan sustancial aspecto no cuente con ese respaldo senatorial para tomar una decisión tan sensible que despierta incluso inquietud social», expresó Castelli en el escrito a través del cual recusó a Marra Jiménez para que no intervenga en su caso.

«Además, en el caso de fallar en favor del suscripto, el Estado podría objetar la decisión sobre la base de que V.S. (en referencia a Marra Giménez), carece de esa esencial aprobación, tal como lo está haciendo en mi caso; lo cual, indudablemente, afectaría el adecuado trámite del proceso e importaría, a su vez, un innecesario desgaste jurisdiccional», añadió Castelli en su escrito, al que Juez y Parte tuvo acceso. Aún en sus términos formales, Castelli fue muy duro con el Gobierno y vinculó su maniobra con la causa en la que debe juzgar a la ex presidenta Cristina Fernández por el caso de los cuadernos.

Un amparo similar al de Castelli fue rechazado el viernes por la jueza María Alejandra Biotti respecto de Bruglia y Bertuzzi, quienes el martes lo apelarán y no descartan incluso pedir un per saltum para llegar directamente a la Corte ante la «gravedad institucional» de sus casos, según dijeron fuentes judiciales a Juez y Parte. Castelli ya espera una definición de la Cámara pero sobre la recusación de Marra Giménez, quien le remitió el caso a su tribunal superior sin decir si su imparcialidad se ve afectada por su condición de subrogante de un juzgado sin ser jueza ni contar con acuerdo del Senado.

Por impulso del representante del PEN en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, la institución advirtió sobre la situación de una decena de jueces trasladados de un puesto a otro con el aval del propio organismo pero sin ratificación parlamentaria para sus nuevos destinos. Por ello el Gobierno remitió sus pliegos a la Cámara alta para un nuevo acuerdo. Para los jueces afectados es innecesario e ilegal.

Bruglia y Bertuzzi, quienes deberán presentarse el 4 de setiembre en audiencia pública en el Congreso junto con Castelli, integran la estratégica sala I de la Cámara Federal penal porteña, por donde pasan la mitad de los casos de corrupción en la administración pública nacional tramitados en la ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos fue el de los cuadernos, coimas presuntamente pagadas por empresarios a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La actual vicepresidenta es la principal imputada en esta causa y Castelli uno de los tres magistrados que deberá juzgarla.