La semana pasada había sido por otros gastos sin control que incluyeron un congreso de espías en el incomparable y exquisito hotel Llao Llao de Bariloche. Ahora la denuncia abarca a tres casos de adquisición de equipamiento informático en apariencia a un costo sobredimensionado, no sólo por su valor económico sino también por el nivel de sus prestaciones. Todos bajo el amparo del decreto 656 firmado por el entonces presidente Mauricio Macri en mayo de 2016. Esa norma puso el carácter de secreto «a la totalidad de los recursos de la Agencia», según recordaron cerca de la propia denunciante. Se sabe: Cristina Caamaño es la interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y su denuncia, como en las otras dos que formuló durante el mes pasado, apunta a la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani al frente del organismo e incluye al propio Macri.
Los gastos ahora puestos bajo a la lupa judicial alcanzan 1,4 millón de dólares y 33 millones de pesos. El millón de la divisa estadounidense se fue en la contratación directa de un software curiosamente llamado «OpenMind» (mente abierta sería su traducción del inglés) adquirido para tareas relacionadas con la conferencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) realizada en Buenos Aires en octubre de 2017. Otros 127 mil de la misma moneda se fueron en la renovación anual de la licencia. Además, el uso del software requiere de un pago trimestral de US$ 30 mil.
Sumados a los gastos sospechosos detectados por la intervención de Caamaño en las compras señaladas en las otras dos denuncias realizadas en las últimas semanas en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py 2002, la suma asciende a 2,2 millones de dólares y 47 millones de pesos. Y tal como ocurrió con las otras dos demandas Macri también fue imputado por la denunciante por ser en aquel entonces el «responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional».
Esta vez el sorteo no determinó el juzgado 9 a cargo de Luis Rodríguez, como suele suceder con cuestiones que afectan al mundo de los espías, sino el 1 de la veterana María Servini, la magistrada que justamente investigó y detectó irregularidades en el sistema informático de asignación de causas en la Cámara Federal penal porteña unos años atrás sin que se se hubieran conocido grandes modificaciones luego por parte del Consejo de la Magistratura o la Corte Suprema. La tan criticada «reforma judicial» del gobierno de Alberto Fernández propone sorteos públicos y por bolillero, a la vieja usanza.