Fue presentada por dos abogados desconocidos en Comodoro Py con tono oficialista.
No es ninguna novedad decir aquí que los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py 2002 son una caja de pandora. Tanto en su puerta de entrada como en la de su salida. Es decir, por lo que entra y sale de allí. Este jueves ingresó y se sorteó una denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri y su ministro de Justicia en su período de gobierno (2015-2019), Germán Garavano, pero que también alcanza a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco.
Fuentes judiciales dijeron que el motivo de la denuncia es la permanencia de Highton en su cargo pese a haber cumplido los 75 años de edad establecidos en una cláusula de la reforma constitucional de 1994 como límite para requerir de un nuevo acuerdo del Senado de la Nación para permanecer en el cargo. La historia es conocida: como tantos otros magistrados, entre ellos la incombustible María Servini -la decana de la primera instancia de Comodoro Py-, Highton obtuvo un fallo favorable de la propia Justicia para seguir en su puesto en 2017, antes de alcanzar la edad de marras.
El tema es que la Corte ya tenía a estudio el tema a partir del caso de Leopoldo Schifrin, el luego fallecido camarista federal de La Plata. La Corte rechazó el fallo que mantenía a Schiffrin en su puesto pero lo hizo recién después que el juez Enrique Lavié Pico fallara a favor de Highton. Y el Gobierno de Macri consintió ese fallo al no apelarlo. Y allí apunta la denuncia. A una supuesta complicidad entre los cuatro denunciados para que ello ocurriera.
Los denunciantes -dos ignotos abogados para los tribunales federales de Retiro- hasta mencionaron supuestos contactos entre Rosenkrantz y el ahora uruguayo a la fuerza ex asesor presidencial Fabián «Pepín» Rodríguez Simón para que el primero pisara el caso Schiffrin en la propia Corte.
En Tribunales huelen a tufillo político en la denuncia -con olor a peronismo- y recomendaron aguardar la ratificación de la misma por parte de los abogados Federico Gustavo Méndez y Pablo Gastón Llopart en nombre de la desconocida Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales. El sorteo determinó la intervención del juzgado a cargo de Ariel Lijo.