Las visitas al Presidente en cuarentena dura, a la luz pública y bajo la lupa judicial.
El final de la presentación hizo desistir de su publicación la semana pasada apenas leída, sobre todo al pensar en un eventual rápido archivo judicial por desánimo del juez al que le tocara el caso ante las palabras allí utilizadas. En definitiva, otra denuncia contra un Presidente en ejercicio de su cargo a partir de una publicación periodística y con un remate quizás innecesario y prejuicioso. Pero a la luz de la repercusión del caso, el fondo de la discusión, el anclaje en datos de registros públicos oficiales y las respuestas posteriores desde altos estamentos del Poder Ejecutivo y sus candidatos electorales, cambiamos de idea y la publicamos, por más olor de campaña electoral que tenga y que fuera hecha en plena feria judicial de invierno.
La denuncia de la semana (pasada) tiene que ver con las visitas a la residencia presidencial de Olivos en plena plena vigencia de la etapa más restrictiva de la cuarentena producto de la pandemia del Covid-19, mientras comenzaban a acumularse los muertos por la pandemia y (casi) todos estábamos (casi) encerrados en nuestras casas. El denunciado es Alberto Fernández y los denunciantes, Abril Fernández Soto y Marcos Longoni, dos jóvenes partidarios de Republicanos Unidos (RU), la pata libertaria en la interna porteña de Juntos por el Cambio. Dio cierta tranquilidad y aventó fantasmas saber que Marcos es hijo de Matías, el colega dedicado a los temas agropecuarios.
¿Los delitos? Abuso de autoridad y violación del decreto que el propio Fernández había firmado para frenar los contagios. El famoso artículo 205 del Código Penal de la Nación, este último, que tantas veces Fernández citó al inicio de la pandemia para generar temor y consciencia en la sociedad y que reprime con una pena de seis meses a dos años de prisión a quien «violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia».
«Es inaceptable que el más importante representante de la Nación Argentina, quien por otro lado fue quien públicamente impulsó la toma de medidas sanitarias e incluso firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 de ‘Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio’, y sus modificatorios haya violado las disposiciones sanitarias impuestas a toda la población, llegando al extremo de introducir en su quinta a una modelo en horario nocturno», dice en su conflictivo párrafo final la denuncia firmada por el abogado Juan Martín Fazio, patrocinante de Fernández Soto y Longoni, en alusión a la otra denunciada de la carátula, Sofía Pacchi.
El asunto es que no solo la «modelo» Pacchi, que resultó trabajar en Presidencia y ser asistente de la primera dama Fabiola Yáñez, fue la que entró a Olivos para actividades no del todo claras en plena cuarentena, más allá de las presumiblemente laborales, como dijeron los defensores presidenciales. «¿Yo tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente, la petera del Presidente?», se preguntó la actriz Florencia Peña, indignada por la difusión en las redes sociales de su inclusión en la agenda de entradas a Olivos. El tema creció este lunes con ella, que acudió a la quinta presidencial para tratar cuestiones relacionadas con la actividad de los actores, según dijo. A la noche estuvo en un programa de buen rating en el prime time de la tele.
El listado fue difundido por diversos medios -en la denuncia se cita a eldisenso.com- pero partió de un pedido de acceso a información pública como habitualmente hace la organización Poder Ciudadano. Se trata del mismo mecanismo que esta ONG utilizó para conocer las citas en Olivos del ex presidente Mauricio Macri y así se conocieron las visitas de dos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal tan cuestionadas desde el mismo oficialismo que ahora critica a quienes sostienen que Fernández violó las disposiciones de la cuarentena que debió cumplir toda la ciudadanía.
¿Tienen tanta razón quienes sospechan que las visitas de los jueces Mariano Borinsky y Roberto Hornos fueron un complot para perjudicar a ex funcionarios kirchneristas en problemas judiciales como quienes ahora deducen que las ‘visitas laborales’ a Alberto eran una burla a las disposiciones de aislamiento por no estar del todo claros sus motivos, en algunos casos al parecer ajenos a la actividad oficial?
Lo más probable es que la causa en manos del juez Sebastián Casanello y a la espera de un pedido de requerimiento de instrucción o archivo por parte del fiscal Ramiro González amplíe su universo de investigación y no se ciña estrictamente a la visita de Pacchi, cuya pareja, el taiwanés Chien Chia Hong, también figura en el listado de visitas y es un empresario que suministra cámaras de seguridad a través de la empresa Apache Solutions a diversas dependencias oficiales no solo nacionales.