Los «autos» pasaron a sentencia pero por empate debieron llamar a otro juez.
Tras el dictamen contrario del fiscal Rodrigo Cuesta curiosamente fechado hoy aunque conocido la semana pasada, el amparo de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia para evitar ser desplazados de sus puestos en la Cámara Federal penal porteña pasó «a sentencia» de sus colegas Jorge Alemany y Guillermo Treacy, de la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, pero por falta de acuerdo entre ellos se debió convocar a otro magistrado. De esta manera, este tribunal muy difícilmente llegue a resolver el asunto antes que la Corte Suprema lo trate mañana y alejó el riesgo de que el per saltum planteado por ambos jueces se convirtiera en algo abstracto. El máximo tribunal se reunirá este martes vía remota tras ser convocado la semana pasada por su presidente, Carlos Rosenkrantz. Si había antes sentencia de Cámara caía la razón de ser del salto de instancia solicitado por esos dos jueces directamente ante el máximo tribunal para intentar revertir la decisión inicial de la jueza primera, María Alejandra Biotti, contra sus pretensiones de permanecer en los puestos a los que habían sido trasladados por el ex presidente Mauricio Macri pero bochados ahora por el gobierno de su sucesor, Alberto Fernández.
En base al dictamen de Cuesta y a lo que ya dijeron al rechazar la medida cautelar añadida, se suponía que los camaristas Alemany y Treacy ratificarían la decisión de la jueza Biotti, quien había afirmado, entre otras cuestiones, que los cargos a los que habían sido trasladados Bruglia y Bertuzzi por sendos decretos de Macri no son equivalentes a los que tenían antes y a los que ahora debieron volver porque así lo dispuso otro decreto de Fernández a raíz del dictamen negativo del Senado de la Nación. Los jueces se desempeñaban hasta hace dos semanas en la Cámara Federal penal porteña, el tribunal por donde pasan todas las causas por presunta corrupción en la administración pública nacional que tramitan en los juzgados de los tribunales de la Avenida Comodoro Py. Pero ahora debieron regresar a los tribunales orales de los que provenían, donde obtuvieron licencia compensatoria por un par de semanas.
De haber resuelto hoy o mañana la Cámara el asunto habría hecho añicos todas las especulaciones dichas, escuchadas, escritas y leídas en los últimos días -con palabras públicas hasta del presidente de la Nación, Alberto Fernández- respecto de lo que haría la Corte ya que se quedaría «sin caso». Pero luego se supo que por falta de acuerdo entre Treacy y Alemany se tuvo que convocar a un tercer juez para desempatar la cuestión, lo cual retrasará la definición. Ambos magistrados se habían puesto de acuerdo semanas atrás para rechazar la medida cautelar pedida por sus colegas. El tercer miembro del tribunal, Pablo Gallegos Fedriani, se había excusado de entrada por ser él otro caso de un juez trasladado.
La coalición peronista gobernante había rechazado los traslados de Bruglia y Bertuzzi -dos jueces que intervinieron en casos que involucran a ex funcionarios kirchneristas, incluida Cristina Fernández, entre miles de causas- porque habían sido realizados sin el acuerdo del Senado, una cuestión que estos magistrados discuten en Tribunales porque dicen que ello no hacía falta por cuanto había sido dispuesto por las autoridades competentes en uso de sus atribuciones administrativas. Vaya paradoja, otro juez también trasladado fue quien ahora trabó la cuestión en su amparo al obligar a la convocatoria de un tercer magistrado.
El otro juez de los cuadernos y la Casación
La movida actual del Gobierno alcanzó a un tercer juez que fue desplazado del cargo en el tribunal oral que debe juzgar a la ex presidenta en el caso de «los cuadernos», un escándalo de supuesta corrupción por presunto pago de coimas por parte de empresarios adjudicatarios de obra pública a ex funcionarios del kirchnerismo. Se trata de Germán Castelli, que debió regresar a su tribunal oral de San Martín. La ex presidenta está acusada en ese expediente de haber sido la jefa de una asociación ilícita. Tras una audiencia de apelación, la Cámara Federal de Casación Penal podría llegar a revisar el asunto a partir de la validez legal de las declaraciones tomadas a los «arrepentidos» de ese caso.
Luego de la decisión que tome primero la Corte y luego la Cámara todas las miradas se posarán también en el Consejo de la Magistratura. Allí tramita y a punto de concluir un concurso para ocupar dos vacantes preexistentes en la Cámara Federal penal de Comodoro Py pero el Gobierno bien podría impulsar ahora sumar a ese concurso los puestos que dejaron allí vacantes Bruglia y Bertuzzi -aunque aún lo discutan judicialmente- e incluir en la terna a elevar al Poder Ejecutivo a otro candidato. Los dos primeros puestos de ese concurso tienen allí al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y al abogado Roberto Boico, que ocupó fugazmente un puesto durante el kirchnerismo en la Casación federal.
A esta ensalada se suma la opción cierta y muy probable de que el presidente Fernández también deje sin efecto el decreto que había trasladado desde la Cámara Federal de Comodoro Py a un tribunal oral del fuero Penal Económico y luego a otro de San Martín al juez Eduardo Farah, por lo que este retornaría al barrio de Retiro si es que el Senado rechaza esta semana su acuerdo a ese viejo pase, tal como se prevé que ocurra entre jueves y viernes. Farah había pedido salir de Comodoro Py luego de haber votado a favor de la liberación del empresario Cristóbal López en un fallo sospechado de corrupción en el marco de la causa por una presunta multimillonaria evasión impositiva de la petrolera Oil Combustibles. Lo contó casi entre lágrimas hace menos de un mes ante los senadores de la comisión de Acuerdos.