Alberto Fernández, en la mira judicial por las visitas a Olivos en cuarentena.
La foto es fortuita pero cae como anillo al dedo. Cuando vi el resultado de la captura de TV no era lo que planeaba. El tipo estaba mirando al costado. Y no escuchando una pregunta, como pareciera, sino hablando él. Seguramente enfocaba a alguien de la platea funcionaria. No precisamente a su pareja, Fabiola Yáñez, porque ella no estaba allí en el acto. Pero segundos después el presidente Alberto Fernández a ella culparía por el escándalo más incómodo de su gobierno y para colmo en campaña electoral: el infractor festejo de su cumpleaños en plena cuarentena. El de ella, no el de él, que bien podría haber sido algo parecido. Mientras él hablaba en público una nueva denuncia en su contra ya se había presentado en los tribunales de Comodoro Py y el fiscal a cargo del «Olivosgate», Ramiro González, ordenaba medidas de prueba que lo involucran. El Presidente bajo investigación.
«El día 14 de julio, día de cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente me arrepiento», dijo el Presidente el viernes por la tarde en un acto oficial en Olavarría. Inmediatamente después la mayoría de los medios hablaron de un pedido de disculpas. Pero no fue tal, aunque así haya sido interpretado, sino casi al revés: había culpado a su pareja.
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, disculpa es la «razón que se da o causa que se alega para excusar o purgar una culpa». Renglón seguido, la RAE añade que «pedir disculpas» o «disculparse» es equivalente a «pedir indulgencia». Y la indulgencia, en cierto modo, es equiparable a un perdón sin juicio previo o con uno abreviado, con admisión de culpabilidad. O a un perdón divino, como la indulgencia papal. Es decir, si Fernández pedía disculpas de alguna manera lo que él solicitaba era no ser sometido al proceso penal que él mismo estableció por decreto como castigo a todos los argentinos que violaran las restricciones producto de la crisis sanitaria derivada del coronavirus Covid-19 pero que en cierto modo ya lo tiene abierto. Pareciera que de igualdad ante la ley se trata el asunto. Algo básico para un Presidente abogado. Y por eso interviene la Justicia.
La denostada Justicia terrenal de los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py acumula en una sola causa a cargo del fiscal Ramiro González las denuncias que sucesivamente se realizaron a partir de las informaciones en los medios sobre el mediáticamente llamado Olivosgate. La saga comenzó con el registro de las visitas al cumpleaños de la Primera Dama y del propio Presidente, luego con la presencia allí de la actriz Florencia Peña y tuvo su corolario esta última semana con la foto del festejo del primero de esos aniversarios a partir de una imagen que también llegó a las páginas de diarios extranjeros.
La Casa Militar, dependiente del secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, deberá responder esta semana por el listado de visitas requerido diez días atrás a partir de las presencias de Sofía Pacchi, asesora de Yáñez en esa misma dependencia, Peña y los otros visitantes señalados en la denuncia inicial de dos jóvenes militantes de Republicanos Unidos, básicamente por el festejo del cumpleaños del propio Presidente celebrado el 2 de abril de 2020, pero también por quienes fueron el 14 de mayo de ese año, lo que alcanza al adiestrador y médico del perro presidencial, Dylan, y ahora también de su nueva amiga, Kaila.
Pero ahora Vitobello, de la más extrema confianza presidencial, también tendrá que contestar por los de la foto del cumpleaños de Yáñez y todos quienes hayan acudido a Olivos el 14 de julio del año pasado. Además, el fiscal quiere saber si ellos estaban exceptuados de las restricciones de circulación por la crisis sanitaria que imperaban por esos días. El primer requerimiento, del 5 de agosto, incluye al empresario de origen taiwanés Chieng Chia Hong, ganador de posteriores licitaciones estatales y pareja de Pacchi.
González, que subroga este año la fiscalía con competencia electoral ante el fallecimiento de Jorge Di Lello a principios de año, mantiene circunscripta la pesquisa a los dos delitos señalados por los denunciantes. El 205 y 248 señalados en el Código Penal. El primero de ellos aplica a todos los violadores de las restricciones y prevé una pena de hasta dos años de prisión y multa. No se conocen condenas por este tema, aunque sí muertes varias sospechosas por el accionar policial en diversas provincias en cumplimiento de la directriz presidencial.
El segundo atañe solo a Fernández y/o a los otros funcionarios eventualmente involucrados y alude a un abuso de autoridad, también castigado con hasta dos años de cárcel e inhabilitación para ejercer un cargo público por el doble de tiempo de la pena. En este caso sería por no haber ejecutado «las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere», es decir las restricciones que él mismo había impuesto por decreto para todos. Algo parecido se cita en la última denuncia ingresada en Comodoro Py contra el Presidente por este tema.
«El objeto procesal de la presente causa apuntará a establecer la efectiva existencia de conductas en infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud y la Emergencia Sanitaria declarada por el Decreto Nro. 260/20, y que en consecuencia pudieren configurar los delitos previstos en el Art 205, como el delito previsto en el Art 248 in fine del Código Penal, que establece la tipicidad de las acciones del funcionario que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere», dijo González al abrir la investigación, delegado por el juez Sebastián Casanello.
El Presidente en su laberinto
«No hay dolo», expresó el abogado Gregorio Dalbón, quien se presentó ante los medios como representante del Presidente, rol que ya cumple en otras cuestiones judiciales, al menos en el fuero civil, en nombre de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Traducido por la RAE, el dolo es la «voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud». Difícil creer que el Presidente desconociera lo que había puesto en un decreto que alteraba la vida diaria de todos sus compatriotas y que no pensara en ello al festejar el cumpleaños de su pareja.
Está claro que a nivel penal el cargo es menor comparado con las acusaciones más graves que afronta su vicepresidenta, asidua visitante de los tribunales tras dejar la Presidencia en diciembre de 2015. Pero no quizás al nivel de la vara ética o moral. Incluso hay quienes especulan con eventuales demandas ulteriores en caso de condena o sanción al Presidente por este tema. Por lo pronto, dos de las tres patas de la principal alianza de oposición, Juntos por el Cambio, ya pidieron su juicio político en la Cámara de Diputados.
Lo paradójico -o quizás no tanto, según como se mire- sería que quien habría estado involucrado en la operación de inteligencia que en cierto modo dio nacimiento nacional al kirchnerismo en una elección de medio término -es decir el propio Alberto Fernández, en su rol de jefe de Gabinete, según lo diría la líder política opositora perjudicada aquella vez, Elisa Carrió– decrete su certificado de defunción dieciséis años después en otra compulsa por escaños parlamentarios. Difícil de creer. Falta un mes para las elecciones. Aquella vez, menos de una semana, justo en los días en los que la mayoría del electorado define su voto, según dicen los encuestadores y politólogos.
No está de más recordar que Néstor Kirchner fue electo presidente en 2003 por la unción del entonces presidente provisional Eduardo Duhalde y la defección del luego fallecido ganador nominal de aquella compulsa, Carlos Menem. Pero su proyecto se enraizó tras destronar a Carrió de la influyente simpatía popular porteña en 2005 con una falsa denuncia sobre su principal candidato capitalino, Enrique Olivera. Esto permitió el triunfo del naciente partido del luego presidente Mauricio Macri. Quizás allí haya nacido la famosa «grieta». Macri y Carrió terminaron aliados quizás como contracara de aquello del «divide y reinarás» que se le atribuía a Kirchner desde sus años de gobernador en la provincia de Santa Cruz. Fernández, pese a sus volteretas, ¿aún anclado en Kirchner?