Y al final la tercera fue la vencida para la ex presidenta Cristina Fernández y su incómoda situación judicial de tener alquilado un banquillo de acusada en Comodoro Py pese a haber ejercido el mando máximo hasta hace tres años y medio y con posibilidades de ser electa vicepresidenta de la Nación a fin de año y derecho adquirido al control remoto de su designado compañero de fórmula, Alberto Fernández. Como se esperaba, no fue a la tercera jornada del primer juicio oral que se le sigue por un caso de presunta corrupción con permiso del tribunal pero una excusa por demás dudosa: tenía «actividad parlamentaria» un día lunes para debatir en su bloque un tema que probablemente no se apruebe, como ella pretende, y que al parecer no era tan urgente como adujo para zafar de la cita en Tribunales.
Cristina llegó este lunes puntual pero no al subsuelo de Comodoro Py 2002 sino a su despacho en el tercer piso del Senado, una hora después de reiniciada la audiencia en los tribunales de Retiro. ¿Era más importante una reunión de bloque para un tema que se trataría dos días después en comisión que aceptar como ex presidenta las reglas penales que ahora le imponen estar ante un tribunal para escuchar de qué la acusan como cualquier ciudadano? ¿Puede ser considerada «actividad parlamentaria» una reunión de bloque? ¿No lo sería más lógico para un día de sesión plenaria en el recinto o de reunión de comisión? ¿O será que efectivamente se organizó la cita en un inusual día lunes para evitar estar a la misma hora en los odiados tribunales de Comodoro Pus, como se puso en duda desde la prensa no amiga y leyó casi todo el círculo rojo?
La «urgencia» de la senadora era un tema relacionado con la defensa de los derechos humanos, una de las principales banderas de sus dos gobiernos y el de su predecesor, su fallecido esposo Néstor Kirchner, en los que se logró el enjuiciamiento y castigo de decenas de represores de la dictadura, una deuda de los anteriores gobiernos tras la recuperación democrática de 1983 y pese al esfuerzo de Raúl Alfonsín con el juzgamiento de los ex comandantes del período sin elecciones. La excusa ideal. La esperaban en el Senado, además de sus colegas de bancada, referentes de organismos defensores de los derechos humanos que se oponen a la designación de un juez federal en Mar del Plata hijo de un juez provincial al que su sector político quiso destituir sin éxito por presunta connivencia con los represores de la dictadura jamás probada.
Nada nuevo en el ideario kirchnerista. De hecho, dos semanas atrás, quien aparecía sentada detrás de ella en el banquillo de los acusados, en la primera fila del público, vidrio blindado mediante, era la presidenta de la Asociación Abuelas Plaza de Mayo, Estela Carlotto, en una pequeña tribuna colmada. La cara más amable de la lucha por los crímenes de los genocidas devaluada tras la recuperación de su nieto, por su accionar ante la Justicia en un caso propio, distinto ante los ajenos respecto de los «padres» apropiadores de los hijos de los desaparecidos. Así se vio en la foto que inmortalizó el tan odiado momento para ella y que fue a la tapa de los diarios en el debut de la ex presidenta ante un tribunal de juicio. Ella y detrás el símbolo de la defensa de los derechos humanos en la Argentina. Este lunes en esa tribuna no había casi nadie. Sin ella es como que el juicio recién iniciado y en el que debió haber estado por tercera vez perdió rating, como ella seguramente quería.
El candidato propuesto por el presidente Mauricio Macri al Senado pero que el Frente para la Victoria no quiere que sea juez -se lo dijo por nota a todos los bloques a los que invitó a rechazarlo- se llama Pedro Federico Hooft y denunció años atrás presiones del kirchnerismo a la Justicia para involucrar a su padre con la dictadura. Lo curioso es que el pliego de Hooft difícilmente sea aprobado ya que hay resistencias aún dentro del propio bloque oficialista, según admitieron fuentes parlamentarias a Juez y Parte. Tal como sucedió con el ahora camarista Ignacio Rodríguez Varela -hijo de un secretario de Justicia de la dictadura e históricamente relegado por el kirchnerismo para un ascenso pese a sus buenos puntajes en los concursos del Consejo de la Magistratura- hay quienes creen que Hooft es discriminado por la ex presidenta y sus colaboradores simplemente por portación de apellido. Eso al menos piensa el ex senador Jorge Yoma, que supo integrar las filas kirchneristas y el Consejo de la Magistratura en la época de Carlos Menem presidente.
Entonces, ¿había urgencia en tratar el tema en reunión de bloque este lunes? Hooft es el décimo de los once candidatos a jueces citados para este miércoles por la comisión de Acuerdos del Senado para la audiencia pública en la que se interroga al postulante. La reunión del bloque del Frente para la Victoria bien podría haberse hecho el martes, si es que de coordinar estrategias de cara a la audiencia del miércoles se trataba. Pero el tratamiento del tema en el recinto del plenario aún no tiene fecha. Hay quienes dicen que con suerte pueda ser en un mes. Otros, que hay que dejar pasar el fragor electoral. ¿No era más importante ir a Tribunales y dar una señal de respeto a las instituciones, más aún tratándose no sólo de una senadora sino de una ex presidenta?
La defensa de Cristina Fernández ya había intentado sin éxito frenar el comienzo del juicio, «su» juicio, ése en el que se la acusa de haber liderado una asociación ilícita para robarle dinero al Estado a través de contratos de obra pública concedidos al «amigo y socio» de su fallecido marido, Lázaro Báez, según se escuchó reiteradas veces en la lectura de los hechos que se le imputan. La Corte Suprema tiene pendientes planteos en tal sentido que, esperemos, no aguarden el resultado de las próximas elecciones para su definición.
La ex presidenta ya había querido zafar algo tardíamente de la segunda jornada, sin éxito. La tercera fue la vencida. Pero a la cuarta deberá buscar una nueva excusa o estar allí. Y la quinta lo mismo. Todo hasta que se le dé la chance de «ampliar» su declaración indagatoria prestada por escrito durante la instrucción de la causa, porque así lo establece la ley para todos los acusados de haber cometido un delito y así ocurre en todos los juicios orales. Luego podrá evitar escuchar a los testigos y recién deberá apersonarse cuando se le dé la chance de decir sus últimas palabras antes del veredicto, lo que ocurrirá dentro de un año. En Comodoro Pus, como le dicen algunos de sus adherentes a los tribunales federales más famosos, creen que aceptará declarar y que hará de ello un acto político que inevitablemente reproducirá la prensa en medio de la campaña electoral. En un par de entregas lo sabremos.
Lucio Fernández Moores
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