Intervienen la obra social judicial tras un procedimiento policial. ¿Qué se llevaron?
No, no es una broma sobre instrumentos de percusión graves o agudos. Es sobre la Corte. Ahí lo dice también en el título. Y de una denuncia penal que nos llamó la atención dos semanas atrás contra el director de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), Aldo Tonón, en las horas previas a la elección del nuevo presidente del tribunal para los tres próximos años. Ya se sabe el resultado y el tachín tachín. Fue electo el santafesino Horacio Rosatti, como aquí adelantamos, y su comprovinciano Ricardo Lorenzetti hizo ruido al día siguiente en una carta con críticas a sus colegas y el modo de votación. Lo que llama la atención es el tachín tachín aún en torno a la denuncia contra Tonón.
Esta semana se conocieron dos hechos vinculados con la obra social y, según el entender de Juez y Parte, también con la interna del tribunal por la renovación de sus autoridades. En su habitual reunión plenaria semanal, los cinco jueces de la Corte firmaron la acordada 19 que pone a la OSPJN bajo «la órbita» de la Secretaría General de Administración del tribunal, a cargo del contador Héctor Daniel Marchi. Fue al día siguiente que la sede de la obra social fuera visitada por policías federales con una «orden de presentación» que algunos pocos medios digitales transformaron ese mismo día en «allanamiento». No hubo allanamiento. Se pidieron documentos y estos fueron entregados. Sin uso de la fuerza pública. Aquí veremos de qué documentos se trataba.
El tachín tachín de esos pocos medios replicaba la noticia original de un sitio llamado Nexofin que decía, además de la errónea palabra allanamiento, que la Policía buscó documentación relacionada con afiliaciones truchas o afiliados VIP y en áreas manejadas por supuestos familiares o allegados al juez Juan Carlos Maqueda, hasta este episodio coordinador de la OSPJN en nombre de todo el tribunal. Ya se dijo aquí la semana pasada: Maqueda no está mencionado en la denuncia presentada en Comodoro Py. Solo lo involucraron los medios que difundieron originalmente la causa que sí involucra directamente a Tonón, el director de la obra social.
El influyente colega Carlos Pagni dijo en su último programa televisivo de este lunes que el tachín tachín mencionado en esta nota sobre la obra social fue promovido en cierto modo por Lorenzetti, el derrotado de la elección que ganó Rosatti con el fundamental voto de Maqueda. Ellos tres son la llamada pata peronista de la Corte. ¿Seguirá en pie ese trío a la hora de la firma de sentencias de ahora en más? ¿Es importante la presidencia de la Corte más allá de los egos y la línea sucesoria del Presidente de la Nación?
Se sabe, Lorenzetti no participó de la votación por encontrarse abocado a otra actividad oficial. Y tampoco lo hizo Elena Highton. El presidente saliente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, votó con Rosatti y pasará a ser el vicepresidente del cuerpo desde el 1 de octubre. Y la denuncia contra Tonón fue presentada dos semanas antes de la elección de autoridades, es decir en plena rosca, y apenas dos días después de la estrepitosa caída electoral de la coalición de gobierno peronista, seguramente el factor decisivo en la nueva relación de fuerzas puertas adentro de los tribunales al menos para esta situación.
Juez y Parte pudo saber de fuentes judiciales que lo que la Policía fue a buscar a la obra social del Poder Judicial fueron los papeles relacionados con la licitación y posterior compra de la flota de teléfonos celulares usados por sus empleados jerárquicos, entre ellos una mujer al parecer relacionada sentimentalmente con Tonón. De ello había hablado el empleado informático de la OSPJN que había presentado la denuncia en Comodoro Py, Osvaldo Marano, según consignamos la semana pasada al revelar su identidad. Por ello fue que allí hablamos de una cuestión menor, amorosa, pero también de un denunciante con acceso a datos sensibles y cuyas motivaciones dejan algunas dudas.
De acuerdo con esa denuncia, Tonón habría dispuesto una suerte de espionaje sobre sus empleados, especialmente sobre la mujer con él relacionada sentimentalmente, cuya identidad aquí preservamos. La instrucción de la causa está delegada en el fiscal Carlos Rivolo por decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti pero esta será reemplazada la semana que viene al frente del caso por su colega Daniel Rafecas, que asumirá la subrogancia del vacante juzgado 6 que supo ocupar Rodolfo Canicoba Corral, ya jubilado.
Pero el detalle del procedimiento judicial, de acuerdo con las fuentes de Juez y Parte, fue que los policías también pidieron y se llevaron el legajo del denunciante. Marano, quien actualmente estaría de licencia psiquiátrica, al igual que la mujer mencionada en su denuncia, se desempeñaba en el área de Sistemas de la obra social que atiende los problemas de salud de todos los jueces nacionales y federales y de todos los funcionarios y empleados judiciales. Y se fue de la obra social de un portazo y con insultos en mayo pasado, según dijeron las fuentes.