Fue contra el director de la obra social judicial mientras la Corte define presidente.
Quizás haya sido el último estertor, la «respiración anhelosa, generalmente ronca o silbante, propia de la agonía y del coma», como define esa palabra el diccionario de la Real Academia Española. O quizás exageremos y aplique más para mí -y mi mal hábito del cigarrillo- que para quien lo pensamos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación parece encaminada a tener su nuevo presidente esta semana o a más tardar la próxima. Se trata del juez Horacio Rosatti. Y el último estertor de su ubicuo rival en esa carrera, Ricardo Lorenzetti, bien pudo haber sido esta denuncia penal ingresada la semana pasada en Comodoro Py y que llamó la atención de este fumador, más allá de la holgada derrota del peronismo en las elecciones primarias del domingo 12 y sus múltiples interpretaciones e influencias tribunales dentro.
Mientras en los otros dos poderes una supuesta pelea en la coalición peronista de gobierno -fuera ella real o ficticia– acaparaba la atención de los medios por el sorpresivo resultado electoral, la llamada Cenicienta del Estado, el Poder Judicial, parecía jugar un nuevo capítulo de su propia batalla interna y en la que hasta el mismísimo diablo metió su cola, al menos en los números. Se trata de una denuncia penal contra el director de su obra social, Aldo Tonón, por un presunto fraude no del todo claro en lo denunciado y a la que el inefable y siempre sospechado sistema de sorteos de Comodoro Py le dio un número acorde: 5666. Queremos creer que no saldrá una bestia como próximo presidente de la Corte Suprema, la batalla de fondo en este caso. Rosatti de eso sabe: ha escrito un libro sobre Frankestein.
La causa quedó en manos de la última magistrada incorporada al elenco estable de la primera instancia de Comodoro Py, María Eugenia Capuchetti, desde entonces favorecida -o desgraciada, según se mire- con un imán especial para la atracción de denuncias sensibles al poder político. Esta jueza ocupa como titular el juzgado 5 que perteneció al recientemente fallecido Norberto Oyarbide pero además subroga el vecino 6 en el mismo tercer piso, otrora refugio de Rodolfo Canicoba Corral, quien renunció al inicio del gobierno de Alberto Fernández pese a sus intenciones de seguir en el cargo pero al parecer sin el aval político necesario para renovar sus pergaminos al cumplir 75 años de edad.
Radicada ella en el juzgado 6, el orden de turnos para este año indica la intervención del fiscal Carlos Rivolo, en quien Capuchetti delegó la instrucción de la causa. Puede desestimarla como ordenar medidas para investigarla, como hizo su colega Ramiro González en el caso del Olivosgate. Lo curioso del sistema de sorteos del fuero criminal y correccional federal porteño -como si algo sorprendiera a esta altura de él- es que no figura quién denunció a Tonón. Generalmente ese dato aparece. O al menos dice dónde se originó la denuncia si es que proviene de otra dependencia pública. No fue así en este caso.
Juez y Parte pudo saber que el denunciante se llama Osvaldo Marano y que es un empleado informático del área de Sistemas de la propia OSPJN, la sigla de la obra social. Tras compartir la lectura de su denuncia con fuentes judiciales vino a mi mente la imagen del oscuro y enigmático Diego Lagomarsino, el técnico informático contratado por el fiscal Alberto Nisman en otra dependencia judicial -la fiscalía especial AMIA- y que dijo haberle entregado el arma de fuego que provocó su muerte en enero de 2015 presumiblemente con mano ajena y no propia.
Se supone que la computadora de la suerte de las denuncias está en el Consejo de la Magistratura pero siempre todas las miradas se dirigieron al histórico prestidigitador del cuarto piso del Palacio de Justicia, es decir Lorenzetti -el hombre de más tiempo de permanencia consecutiva al frente del tribunal- o con más acierto aún a los inefables hackers de los servicios de inteligencia. Recordar sino el sinuoso derrotero de la denuncia que había hecho Nisman tres días antes de aparecer muerto contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento del atentado terrorista de 1994 contra la AMIA.
Intimidades de la denuncia
La denuncia sobre la obra social no es gran cosa. Leída que fue pareciera dirigida a revelar datos de la vida privada de Tonón y sus desamores con una empleada jerárquica bajo su dependencia en la obra social a la que acuden todos los jueces nacionales y federales ante un problema de salud. Y con detalles sorprendentes dignos de un sainete criollo de espionaje. ¿Será el denunciante la mano omnipresente de los siempre vigentes servicios de inteligencia? Por ello se me ocurrió la comparación con Lagomarsino, sensación que cerró los ojos cómplices de una de las fuentes consultadas para esta nota.
Lo curioso es que la noticia de la denuncia fue difundida por un par de pequeños medios digitales que se preguntaban por qué no había sido advertida por los diarios y portales de alcance nacional. Y que ellos también remarcaran desde sus titulares algo que no figuraba en la denuncia: que Tonón es hombre de confianza de Juan Carlos Maqueda, el juez del voto fluctuante entre Rosatti y Lorenzetti hasta antes de este episodio en la pulseada por la presidencia.
El fiel de la balanza parece haberse inclinado ahora a favor de Rosatti. Se trata de la famosa mayoría peronista que tanto sufrió el gobierno de Mauricio Macri. Maqueda, senador en ejercicio al inicio del siglo XXI, llegó a la Corte a propuesta del entonces presidente provisional Eduardo Duhalde. Lorenzetti, en el gobierno de Néstor Kirchner. Y Rosatti, junto con Carlos Rosenkrantz, medio año después de asumido el gobierno de Mauricio Macri. Rosenkrantz y Elena Highton miran de costado. Uno de ellos sería el vicepresidente de Rosatti en el próximo período a iniciar el 1 de octubre.
Lorenzetti había hecho trascender que no competiría esta vez por el sillón principal de la Corte que ya ocupó casi en simultáneo con la llamada década ganada kirchnerista en el poder. Y que se abocaría a las cuestiones académico-ambientales, como lo demuestra un artículo bajo su firma publicado ayer en Clarín. Lo mismo había hecho antes de ser postulado por Maqueda a su tercer período consecutivo en 2013 pero finalmente allí quedó, en la poltrona más importante del Poder Judicial, la Cenicienta del Estado.
Ah, me olvidé de la otra curiosidad de la denuncia con presumible destino de archivo en Comodoro Py: entre los presuntos delitos de Tonón -que más que delitos en todo caso parecieran arbitrariedades administrativas– se hace alusión a la diferencia de precios entre los prestadores porteños y del interior del país y para poner un solo ejemplo entre cientos de ciudades fuera de Buenos Aires al denunciante no se le ocurrió mejor lugar que citar únicamente a Rafaela, el pago santafesino de Lorenzetti.