Famoso por una protesta, ahora está preso en su casa y se postula a senador.
La rima del título puede que sea graciosa en el sentido humorístico del término pero no lo es en la otra interpretación que tiene esa palabra. Mucho espacio ocuparon este miércoles en los medios las declaraciones del famoso «Gordo Mortero». Se trata de Sebastián Romero, el militante de izquierda filmado «in fraganti» cuando hace casi cuatro años disparaba pirotecnia sobre la Policía en una manifestación frente al Congreso y que estuvo prófugo de la Justicia durante más de dos años hasta ser ubicado y detenido en Uruguay.
La novedad es que va de candidato en estas elecciones. Pero la realidad indica que es un imposible. Va de precandidato a senador suplente en el segundo y último lugar de una de las listas del Frente de Izquierda en la provincia de Santa Fe. Sus dichos mediatizados en rol de víctima son gratis. O no, como se mire. Por eso lo de gracioso. Porque para llegar al Congreso primero su lista tiene que ganar la interna, luego su alianza la general y por último esperar que renuncie un titular y otro suplente para recién ahí eventualmente sentarse en una de las 72 poltronas de la Cámara alta. Tiene menos chances de ser senador que Lionel Messi de jugar en el Ferencvaros de Hungría. Aun así se presenta como un «preso político». Y se compara con referentes del kirchnerismo.
«Hoy soy el único candidato preso político que hay en Argentina. Pero no soy el único preso político, teniendo en cuenta que también tenemos a Milagro Sala y Luis D’Elía. Pero ellos no tienen ningún puesto en las listas de su partido», dijo Romero la semana pasada en un encuentro virtual partidario de su lista en la interna del Frente de Izquierda santafesino, llamada Unidad.
La aparición de Romero parece más tener que ver con su futuro que con su pasado. Pararse como un «perseguido político» para zafar de la Justicia. El ex delegado gremial en la planta de la empresa automotriz General Motors y militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) está procesado por la presunta comisión de los delitos de intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada. Es por los incidentes registrados frente al Congreso de la Nación mientras los diputados debatían la reforma del sistema previsional aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri, en diciembre de 2017.
El informe del Registro Nacional de Reincidencia (RNR) solicitado de rigor por el juzgado federal con competencia electoral en la provincia de Santa Fe y que aquí se acompaña dice debajo de la ficha con la foto y sus huellas dactilares aportadas por el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer): «El Sr/Sra SEBASTIAN RODRIGO ROMERO cuyas fichas de condiciones personales e impresiones digitales no se acompañaron, nominativamente registra los antecedentes que en 2 fojas se acompañan. Para ratificar dicha información es imprescindible la remisión de las correspondientes fichas dactiloscópicas». Desconocemos si el juzgado las remitió.
Por decisión del juez federal Sebastián Casanello y con el visto bueno de la fiscal Alejandra Mangano, el ahora candidato suplente a senador cumple prisión domiciliaria hace poco más de un año tras ser detenido un mes antes en Uruguay y se encuentra a la espera del juicio con una tobillera electrónica en su casa de la ciudad de Rosario. El juez Javier Ríos, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 (TOCF3), debe responder a los ofrecimientos de prueba realizados por las partes y fijar la fecha de audiencia de debate, dijeron fuentes judiciales.
La ausencia del imputado ante los tribunales argentinos y el trámite judicial que ello implica impidió que comenzara a ser juzgado el año pasado junto a otros dos manifestantes hoy en el banquillo de los acusados y con audiencia de juicio todos los lunes. Ellos son César Arakaki y Daniel Ruiz. Romero ya estaba en el país pero los tiempos judiciales impidieron un juzgamiento conjunto. Otros dos manifestantes y un policía aceptaron sus culpabilidades en juicios abreviados y otros dos agentes imputados fueron llevados a la Justicia penal ordinaria, ya fuera de la órbita de los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py por una cuestión de competencia, según recordaron las fuentes consultadas por Juez y Parte.
Vale aclarar que un procesado penalmente puede presentarse como candidato e incluso asumir y hasta ejercer un cargo electivo como el de senador aunque esté condenado mientras la sentencia no esté firme. Dos ex presidentes de la Nación luego electos para otros puestos y bien frescos en la memoria pueden dar fe de ello: la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el fallecido en ejercicio senador Carlos Menem.