Tan sólo una semana le queda a la ex presidenta Cristina Fernández hasta el inicio del «calvario» judicial de transitar el ignominioso edificio de Comodoro Py 2002 durante varias jornadas sucesivas en la previa de la campaña electoral de la que no se sabe aún si participará, un trámite que no está claro cuánto rédito como descrédito le podría llegar a dar en caso de volver a presentarse por tercera vez a ocupar el máximo cargo de la administración pública nacional.
Lo que sí está claro es que la ex presidenta tiene reservado su banquillo de acusada en la sala de audiencias del subsuelo del ex edificio de Vialidad Nacional, tan real como su banca en el Senado hasta diciembre de 2023 si es que sus colegas no deciden lo contrario. El sillón de Rivadavia, en cambio, hoy por hoy es tan incierto como la posibilidad de que termine condenada y en una celda del penal de Ezeiza en un futuro seguramente mucho más lejano que el del inexorable cronograma electoral que la apremia y desvela a seguidores y, mas todavía, a sus rivales y eventuales socios políticos.
En efecto, para el próximo martes 21, Día de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo -vaya efemérides que le ha tocado a la viuda del fallecido presidente Néstor Kirchner en el arranque de esta incómoda carrera, pensarán sus detractores-, está fijado el inicio del primer juicio oral que la tendrá en el banquillo de los acusados junto con otra docena de imputados en una de las tantas causas penales abiertas y avanzadas tras su salida del poder en diciembre de 2015.
Juez y Parte estará allí para contar a su iniciática audiencia no sólo lo que ocurra durante esa jornada sino lo que pase durante todo el juicio, un ejercicio que el periodismo en general se debe al público ya que la mala regla es informar sobre el comienzo del mismo, alguna declaración de un imputado o un testigo, el pedido fiscal de pena o absolución y el veredicto, pero nunca el desarrollo del mismo, es decir lo que pasa durante el debate oral y público establecido por ley para todo juicio penal.
De más está decir que no se trata de un juicio común, del hurto de cuatro manzanas en una verdulería o de un sandwich a un juez federal como sucedió con un juez que ya no es juez sino otro condenado del sistema judicial -de Juan José Galeano hablamos, el magistrado que instruyó la causa por el aún impune atentado terrorista contra la AMIA ocurrido hace un cuarto de siglo- sino del que tendrá por primera vez en el banquillo de los acusados a alguien que hasta hace menos de cuatro años atrás fue el presidente de la Nación y que en menos de siete meses puede volver a serlo. La memoria de este veterano cronista no registra antecedente similar alguno.
El juicio próximo de marras refiere al emblemático caso de la obra pública vial nacional concedida en la provincia de Santa Cruz -el pago chico de los Kirchner- entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, es decir durante los tres períodos de gobierno de su viudo y de ella misma, a las empresas de quien está detenido y sospechado de haber sido testaferro del matrimonio, el ex empleado bancario Lázaro Báez, devenido en hombre de negocios pocos días antes del desembarco del fallecido presidente en la Casa Rosada dieciséis años atrás a través de una firma presentada en concurso de acreedores apenas se alejaron los amigos del poder y, con ellos, los generosos contratos obtenidos del Estado. Austral Construcciones fue declarada en quiebra y, casualidad o no, ese mismo día se rematará una de sus propiedades.
El delito más pesado en cuanto al monto de la pena es el de asociación ilícita, cargo que se le endilga a Fernández junto con Báez y el también detenido ministro de Planificación Federal durante los doce años y medio del kirchnerismo, Julio de Vido. La misma acusación, castigada con hasta diez años de cárcel, pesa sobre otro emblemático presidiario de la anterior administración llegada a la ciudad de Buenos Aires desde la lejana provincia de Santa Cruz, el ex secretario de Obras Públicas José López, el mismo que fuera detenido tras llevar a esconder de madrugada en un convento del Gran Buenos Aires casi nueve millones de dólares por los que muy probablemente sea condenado en los próximos días por enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público Fiscal, es decir los abogados que actúan en nombre de los intereses de la sociedad, pidieron para él seis años de cárcel. Ya lleva tres en esa condición y en 2020 podría pedir la libertad. Eso sí, de prosperar la solicitud, toda la plata malhabida iría hacia las arcas públicas.
Al menos hasta que le den la chance de declarar, la ex mandataria deberá estar presente en el edificio judicial del barrio de Retiro -que ya más o menos conoce por las numerosas causas que allí la llevaron en reiteradas oportunidades- para escuchar la acusación que pesa en su contra. Tras la lectura de los cargos, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOCF2) la invitará al atril ubicado al costado del estrado para ampliar su declaración indagatoria. Seguramente opte por el mismo silencio oral que durante la instrucción de la causa, donde sólo habló a través de los escritos presentados por su abogado defensor, Carlos Alberto Beraldi, con planteos tan exagerados como desechados. Con difusión de la prensa amiga, la defensa quería un comparativo con toda la obra pública otorgada por el kirchnerismo en todo el país, cuando la causa refiere a las rutas que se planearon y, en buena parte, no se concluyeron apenas en el «pago chico», la gélida, inhóspita y oportuna Santa Cruz.
Cumplido ese paso, la viuda de Kirchner quedará exenta de la obligación de acudir al juicio, al menos hasta que se llegue al final del mismo y se le dé la chance de emitir sus «últimas palabras», lo que ocurrirá muy probablemente dentro de un año, cuando ya esté instalado en la Casa Rosada el nuevo presidente que ejercerá el cargo que ella ostentó durante ocho años en los cuatro años siguientes a contar desde diciembre de 2019. ¿Será ella misma? ¿Cómo influirá su eventual cargo de presidenta de la Nación, en caso de volver a ser electa, sobre el ánimo del tribunal que deberá decidir si es culpable o inocente? ¿Habrá Poder Judicial en un hipotético tercer mandato suyo o sólo un órgano administrativo que dependa del Poder Ejecutivo, como se propuso en los últimos días desde el sector de intelectuales que la apoyan y propician una reforma constitucional? Tan quimérico -¿existe esa palabra?- como la llamada «democratización de la Justicia» impulsada al inicio del segundo mandato de la ahora encartada y sepultada por la propia Corte más allá de los obedientes votos parlamentarios.
La ex presidenta estuvo el jueves 9 en la Feria del Libro para presentar su obra literaria titulada «Sinceramente», un récord de ventas que sirvió para aglutinar a sus seguidores y devolver su palabra a la consideración de los medios, raleada en los últimos tiempos por recomendación del marketing electoral que la hizo subir en las encuestas y por su inocultable aversión a la prensa. Parece haber sido el preludio del «calvario judicial» que tantas veces quiso evitar con planteos dilatorios de los juicios que se le avecinan, con el de la obra pública como primer peldaño. El mismo que se seguirá desde este espacio por su emblemática implicancia institucional. La lluvia no ayudó ese día para la puesta en escena de la militancia fuera de la otrora odiada Sociedad Rural Argentina. No hubo ni por asomo la misma cantidad de gente que tres años atrás, cuando comenzó su «tour» por los tribunales y, también con lluvia, la fila de adherentes no sólo copó la Avenida Comodoro Py desde los tribunales hasta la Avenida Antártida Argentina sino que dio la vuelta por ésta casi hasta la Avenida de los Inmigrantes. Otros tiempos. Ahora las avenidas están atravesadas por lo que será una obra emblemática del macrismo, el Paseo del Bajo y la unión de las autopistas Buenos Aires-La Plata y Arturo Humberto Illia. Modernidad, que le llaman. Vial y política. Signo de los tiempos. Apenas tres años, pero nunca antes fluyeron tan rápidos los tiempos entre instrucción y juicio, si a los tribunales nos atenemos.
Desde la recuperación democrática de 1983 sólo dos presidentes llegaron a esta instancia de juicio tan rápido y con el calor del poder tan cercano en el tiempo, aunque ninguno con chances de ser reelecto y menos aún en el período inmediatamente posterior a su salida del poder. Fernando de la Rúa fue absuelto por el TOCF3 por el caso de las supuestas coimas no probadas que la acusación decía se habían pagado a senadores para la aprobación de una ley de reforma laboral en base a cruces de llamados telefónicos que nada probaron. Para el imaginario popular, De la Rúa fue culpable, aunque la Justicia estableció su inocencia. El otro fue Carlos Menem, senador en la actualidad, como Cristina Fernández, y libre como ella por la decisión de la Cámara alta de no apartar de su cargo a quien aún no tenga una sentencia firme en su contra. Aunque fue condenado a pena de prisión por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia a mediados de los 90, el riojano terminó absuelto por el paso del tiempo, el karma y principal déficit de la Justicia argentina, porque, como dicen en los tribunales y fuera de ellos, «justicia lenta no es justicia«.
