Rechazó el pedido de dos acreedores contra la intervención estatal.
El juez del concurso de acreedores de la cerealera Vicentin, Fabián Lorenzini, rechazó ayer el pedido de dos damnificados por su cesación de pagos de declarar inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia (DNU) a través del cual el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) dispuso la intervención de la firma con fines expropiatorios.
«Todo juez tiene la potestad de administrar justicia (en nuestro caso de expedirse sobre la constitucionalidad de una norma), siempre que se respeten los límites dentro de los cuales el juzgador pueda ejercer aquella facultad», concluyó el magistrado tras analizar el «interesante» planteo efectuado por el abogado de Delfino Carlos Porporato y Cia. SRL y C&B Commodities SRL pero rechazarlo al ratificar su incompetencia para intervenir ante las objeciones al decreto 522/2020.
Tras asegurar que no pone «en discusión las interpretaciones desplegadas en torno al leading case Madbury vs. Madison y por lo tanto la facultad de los jueces de analizar y expedirse sobre la constitucionalidad de las normas», el juez sostuvo que «ello no implica pasar por alto las reglas generales de organización judicial referidas a la competencia», de acuerdo con una resolución firmada ayer y a la que Juez y Parte tuvo acceso.
Inmediatamente después citó al fallecido jurisconsulto Lino Palacio para señalar que «la competencia es la medida de la jurisdicción». Y ya en el párrafo previo había sostenido que «el patrimonio sujeto a reestructuración concursal corresponde a una persona jurídica», en referencia a Vicentin SAIC y que «en tal sentido la competencia del juez concursal y el fuero de atracción de dicho expediente se encuentran configurados en los términos y con las limitaciones previstas por los artículo 3, 21 y 67 de la ley concursal».
Las explicaciones legales del magistrado hacen al corazón de las objeciones del Gobierno a su declaración de incompetencia para determinar la constitucionalidad del decreto de la discordia y que quedaron plasmadas, incluso, en una demanda presentada la semana pasada en el fuero en lo Contencioso Administrativo federal de la Capital Federal para que allí sea resuelto ese punto.
El Gobierno -lo dijo el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández- y sobre todo con más énfasis el kirchnerismo cuestionan a Lorenzini por haberse declarado incompetente para analizar la validez legal del decreto pero a la vez haberlo ignorado al desplazar a los interventores en él designados y repuesto al directorio de la firma al frente de la empresa.
La declaración de «inhibitoria» reclamada por el Ministerio de la Producción en nombre del Estado Nacional es analizada por la jueza Alejandra Biotti, quien ayer obtuvo el visto bueno del fiscal Fabián Canda para tratar el caso durante la feria judicial extraordinaria y dar una respuesta a la cuestión. Una opción posible, según estimaron fuentes judiciales, es que la jueza remita el caso al juzgado federal de Reconquista.
Lo curioso del planteo del PEN -señalado por algunos medios como un intento de sacarle al juez santafesino la totalidad del caso, incluso el concurso de acreedores, algo imposible- es que apunta a revisar judicialmente la legalidad de su propio decreto. Tan curioso como que la inconstitucionalidad del DNU había sido solicitada por la empresa concursada que el Gobierno decidió intervenir y ¿quiere? expropiar.
Sin intenciones Vicentin de acudir prontamente a otro tribunal ante la negativa de Lorenzini a intervenir en el planteo –informado oportunamente en este espacio– el Gobierno intentó esta vía de la Justicia Contencioso Administrativo federal en una maniobra que algunas fuentes judiciales interpretaron como una «pérdida de brújula» en el asunto.
Es más, fuentes gubernamentales señalan que ya no hay intenciones de expropiar Vicentin, sobre todo tras las importantes manifestaciones contra ello en varias ciudades del interior e incluso en la Capital Federal dos semanas atrás y la presunta dificultad para reunir los votos necesarios en el Congreso de la Nación.
Termine como sea el caso, seguramente con una solución judicial dentro del propio concurso de acreedores a través de las cooperativas de productores de soja involucrados en el caso y con la ayuda estatal a través de las gestiones del gobernador Omar Perotti, el Gobierno ya dejó en claro que existe un conflicto de poderes porque así lo dijo en su última presentación ante la jueza Biotti.