El juez Fabián Lorenzini concedió este jueves los recursos para que la Cámara de Apelaciones de la ciudad santafesina de Reconquista resuelva los planteos de organismos estatales y de la propia empresa contra su resolución de hace dos semanas a través de la cual repuso al directorio de Vicentin en el control de la firma cerealera y se declaró incompetente para intervenir en la revisión de la legalidad del decreto de intervención dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en el marco de su concurso de acreedores.
De esta manera la pelota pasará ahora a estudio de los jueces Santiago Dalla Fontana, Alejandro Román y Beatriz Abele, que integran para este caso la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción del Poder Judicial santafesino. Como Lorenzini decidió abrir un expediente paralelo para tratar esta cuestión, la causa principal sobre el concurso de acreedores de la cerealera seguirá su curso y no se verá afectada.
Para ahorrar tiempos, Lorenzini decidió no tratar los recursos de «reposición» que le habían planteado las partes y directamente rechazarlos para dar pie a la concesión de los recursos de apelación que subsidiariamente le habían llegado, con lo que el asunto quedará ahora a resolución de los camaristas.
Se trata de los mismos camaristas que esta semana ratificaron al juez de primera instancia ante una recusación al frente del megaconcurso con una deuda declarada de casi 100 mil millones de pesos con 2.638 acreedores que ahora están en proceso de verificación de sus créditos.
Las apelaciones contra la decisión de Lorenzini habían sido planteadas por dos motivos. Una es la «medida autosatisfactiva» que repuso al directorio de Vicentin al frente de la empresa tras el desembarco de los interventores del PEN, aceptado a regañadientes ante un escribano. Pero también se apeló la declaratoria de incompetencia del magistrado para determinar la constitucionalidad del decreto 522/2020 firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Los recursos habían sido presentados -en algunos casos en duros términos para con la decisión del magistrado- por los abogados de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe, el Ministerio de la Producción del Gobierno nacional y el subinterventor designado en el decreto, Luciano Zarich, desplazado a «veedor» en aquella resolución de Lorenzini. Pero también apelaron los abogados de la propia Vicentin.
En paralelo a su apelación la cartera nacional a cargo de Matías Kulfas había iniciado una demanda en el fuero en lo Contencioso Administrativo federal de la Capital Federal con el fin de declarar la inhibitoria de Lorenzini de intervenir en el tema de la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia firmado por Fernández con el fin de expropiar la firma.