Con la firma unipersonal del juez Roberto Lemos Arias, la sala I de la Cámara Federal de La Plata apartó este viernes al juez Federico Villena de la causa en la que investiga presuntos casos de espionaje ilegal durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri. Paradójicamente, el magistrado fue separado de la causa por el «temor de parcialidad» que genera su intervención anterior en otros expedientes de repercusión pública que habían generado el rechazo del kirchnerismo, que ahora, por el contrario, «abrazó la causa» contra el espionaje M por todos los medios posibles.
«Se advierte que existen circunstancias objetivas que permiten tener por razonablemente fundado el temor de parcialidad invocado por las partes recusantes, y me llevan a decidir el apartamiento del juez Federico Villena para seguir interviniendo en la causa, por cuanto se encontraría afectada la garantía de imparcialidad del juzgador», sostuvo Lemos Arias en una resolución a la que tuvo acceso Juez y Parte.
La recusación de Villena había sido planteada por los tres principales espías involucrados en la causa y detenidos esta semana: el abogado Facundo Melo y los ex policías porteños Leandro Araque y Jorge Sáez. Melo, ex abogado de barrabravas de fútbol en la zona sur del Gran Buenos Aires, es el nexo entre la causa original por narcotráfico que investigaba Villena y la de espionaje en la que derivó después.
Lemos Arias recordó que Villena «era el encargado de controlar y evaluar la legitimidad y el alcance de las medidas ordenadas» en las causas sobre la escucha al teléfono del penal de Ezeiza y el espionaje sobre el domicilio de la ex presidenta Cristina Fernández y el Instituto Patria, el bunker del kirchnerismo, los casos en los que Araque, Sáez y Melo dijeron que no fue imparcial.
«Por lo cual se encuentra justificado el temor de parcialidad alegado por los recusantes y el pedido de que (Villena) no quede a cargo de la investigación de las actividades ilícitas derivadas -en parte- de las medidas que él mismo dispuso» en esas otras causas, completó el juez en relación a esta última que revolucionó al mundo político en las últimas semanas.
La intervención legal sobre el teléfono del penal de Ezeiza en una causa por narcotráfico permitió escuchar a los ex funcionarios kirchneristas presos en causas de corrupción, cuyas conversaciones trascendieron a la prensa y develaron el llamado «Operativo Puf» que alimentó otra causa similar en el juzgado federal de Dolores supuestamente destinado a desacreditar el caso de los «cuadernos de las coimas».
«Puf II», calificó a esta causa de la que fue apartado Villena la ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Laura Alonso a través de su cuenta de Twitter. El ex ministro de Justicia Germán Garavano, que se había autoimpuesto un silencio con la prensa tras la conclusión del gobierno de Mauricio Macri, reapareció por Radio Mitre y, entrevistado por el periodista Jorge Lanata, habló de «impunidad y venganza» por parte del kirchnerismo en problemas judiciales de añeja data y en trámite de juzgamiento en los tribunales federales de Comodoro Py.
La causa pasará ahora al otro juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Auge y adonde ya había derivado Villena la causa de espionaje sobre la casa de la actual vicepresidenta de la Nación y entonces senadora por «violencia moral» para seguir en el caso a raíz de haber sido él quien firmó las órdenes pedidas por la Agencia Federal de Inteligencia.
Por lo pronto quedó suspendida la indagatoria a Susana Martinengo, la ex encargada de Documentación en la Casa Rosada con contactos con los imputados y reuniones en la misma casa de gobierno para tratar supuestamente los temas de espionaje. Había comenzado ayer. Hoy estaba citado el ex jefe de todos los agentes detenidos, Alan Ruiz, encarcelado por Auge en la otra causa que tenía Villena, pero también ese trámite se suspendió.
La nulidad de toda la causa sobrevuela el caso, máxime cuando se repara la manera en la que se inició. Un caso de narcotráfico que se transforma en una intimidación y luego en espionaje político sin escala en otros jueces ni juzgados. Pero las pruebas -con responsabilidad o no del poder político del momento- quedaron al desnudo, como dijo ayer el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández en el programa de TV Animales Sueltos. El daño político está hecho.
«Entiendo que el juez recusado no se halla en la posición de imparcialidad necesaria para seguir al frente de la investigación y para decidir sobre los hechos que son objeto de pesquisa», señaló Lemos Arias al adelantar parráfos arriba el decisorio de su resolución.
«En ese sentido, resulta imperioso señalar que en la presente causa se investigan hechos de notoria gravedad institucional, que ameritan que sean investigados profundamente con la intervención de un juez sobre quien no recaiga ninguna duda sobre su imparcialidad, y que se encuentre en una clara posición de objetividad para valorar la prueba recolectada y decidir la situación procesal de las personas imputadas», abundó el camarista.