Leído que fue el texto de la denuncia de aquí arriba y que se adjunta debajo de esta nota, presentado esta semana ante los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py, podría decirse que no aporta algo nuevo respecto de lo ya dicho por el periodista Luis Majul en sus programas de televisión y radio y redes sociales. Sólo lo sistematiza y lo pone en una denuncia que quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Eduardo Taiano. Quedará ahora en manos del fiscal determinar si impulsa la investigación y pide medidas de prueba. Por lo pronto, de acuerdo con lo que surge del escrito, la primera de ellas sería certificar lo allí afirmado con las causas penales allí citadas, básicamente la que tramita en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora bajo el número de 5056/2020 y que refiere al espionaje presuntamente ilegal realizado sobre el domicilio particular de la vicepresidenta y ex presidenta Cristina Fernández y el Instituto Patria. Juez y Parte tomó con pinzas este asunto de entrada por el inocultable olor a podrido, más allá de comprobaciones. El viejo problema del «fruto del árbol envenenado» que tantas investigaciones frustró ante la opinión pública.
Esa causa debiera tramitar en los tribunales federales porteños de la Avenida Comodoro Py, según dispuso la semana pasada el juez Mariano Llorens, de la sala I de la Cámara Federal porteña. El camarista le dijo a la jueza de primera instancia María Eugenia Capuchetti que le pida a su colega de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé que declare su inhibitoria para seguir al frente del caso. Es porque en Comodoro Py tramita una denuncia por el mismo tema formulada por el ex secretario de Inteligencia macrista Gustavo Arribas y porque los hechos investigados habrían ocurrido en la Capital Federal y no en Lomas de Zamora en virtud de que en la Ciudad de Buenos Aires tiene su asiento la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE) donde se habrían falsificado los documentos para permitir el espionaje ilegal.
Como evidenció este caso desde el principio el asunto parece una porquería más del mundo de las cloacas de los servicios de inteligencia con injerencia política y difícil pronóstico de una eventual definición en los tribunales. Justamente lo que el presidente Alberto Fernández dice querer combatir con su «reforma judicial». El dato son los denunciados y la calificación puesta, asociación ilícita. Ellos son el senador y también ex secretario de Inteligencia Oscar Parrilli, el abogado Carlos Alberto Beraldi, defensor de la ex presidenta en la mayoría de sus causas penales, y el diputado y ex funcionario de Inteligencia Rodolfo Tailhade. También al ex juez Daniel Llermanos (abogado del poderoso sindicalista Hugo Moyano) y al periodista Tomás Méndez, de C5N, ex concejal cordobés y condenado por la Corte provincial en un caso por daños en perjuicio de un empresario rural al que vinculó públicamente con presuntos hechos delictivos. Los acusó de armar causas judiciales y de haber puesto en peligro su libertad.
Majul se preguntó en la tele si Cristina estaba al tanto de lo que él denuncia. La ilación de hechos parece sugerirlo. Pero en la denuncia si apenas la mencionó. Promete abrirse una nueva batalla de los espías en los tribunales, esta vez con Comodoro Py como escenario ya que el eventual conflicto de competencia deberá ser resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal. El caso ya tiene procesado al propio Arribas y su segunda en la AFI macrista, Silvia Majdalani, en la otra causa que tramita en los tribunales federales de Lomas de Zamora.