El más famoso de los espías criollos, Antonio Horacio Stiuso, siempre fue conocido como Jaime Stiles, su nombre de cobertura puesto al ingresar a la ex Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en 1972. Incluso los principales medios siguieron llamándolo de manera confusa después que su identidad fuera develada en el primer juicio oral por lo que se convirtió casi en su razón de ser en el espionaje real: el atentado de 1994 contra la AMIA. Jaime Stiuso era y es el nombre por el que aún más se lo conoce, incluso para Wikipedia. Mitad apodo, mitad real. Pero su nombre real y completo (Antonio Horacio Stiuso) figuró luego en varias denuncias que hizo y, sobre todo, en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, su alter ego judicial aparecido muerto con un balazo en la cabeza el 18 de enero de 1995 en el baño del departamento en el que vivía. Sin embargo, para algunos su nombre sigue en una nebulosa. Recuerdo haber escrito una nota sobre los espías, sus nombres y su actividad ¿de por vida? en el diario Clarín, a propósito del juicio AMIA, y me preguntaba algo así si su actividad no es como una mancha venenosa indeleble, más allá de los nombres.
De revelación de nombres de agentes de inteligencia habla la denuncia que presentaron este viernes en los tribunales federales porteños de la Avenida Comodoro Py cuatro diputados de Juntos por el Cambio. Y de «revelación de secretos políticos y militares», según surge de la foto que acompaña este texto. Es por un informe de la actual intervención en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que fue incorporado a una de las causas que se sigue en los tribunales federales de Lomas de Zamora contra las ex autoridades de ese organismo durante el gobierno de Mauricio Macri. Los denunciantes son Jorge Enríquez, Waldo Wolff, Alvaro de Lamadrid y Fernando Iglesias. Quedó radicada en el juzgado 6, subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti, con intervención del fiscal Eduardo Taiano. Ya hay una hecha por la propia Caamaño en el juzgado 1, a cargo de María Servini, por los mismos hechos, aunque no con ella como denunciada y también con Taiano como fiscal. Los diputados también denunciaron, pero en Lomas de Zamora, la revelación de datos personales de Macri a partir de los archivos obtenidos del teléfono celular de su ex secretario privado, Darío Nieto.
La presentación de la denuncia coincidió temporalmente con la declaración indagatoria que, vía remota, prestó en la causa de Lomas de Zamora el secretario de Inteligencia durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas. «Estoy siendo juzgado por haber sido titular de la AFI durante un gobierno de signo político distinto del actual. Eso no es ningún delito«, dijo Arribas durante su indagatoria, según informó Infobae. «Cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana”, también soltó no casualmente Arribas. Es la misma frase que utilizó Alberto Fernández en su primer discurso presidencial en el Congreso al anunciar su «reforma judicial» con eje en Comodoro Py, adonde Arribas dice que debe ir la causa. Cuestionó a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y le recordó al juez de la causa, Juan Pablo Augé, que él es el «máximo garante» del control de la «legalidad del proceso» que se le sigue.
Lo que dice la ley
Fiscales y juez, pero principalmente la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, aparecen en la denuncia realizada por los legisladores opositores. Todos ellos por la revelación de secretos pero la última por incumplimiento de sus deberes también. «Toda la información o documentación que pudiera afectar a las actividades de inteligencia, debe ser secreta, y aun cuando fuera calificada como pública no debe trascender el ámbito oficial, entendiéndose a éste como al comprendido por el Sistema de Inteligencia Nacional, por lo que cualquier documentación perteneciente a la AFI (aún calificada como «pública conf. Art. 16 bis ley 25.520«) deberá necesariamente contar con un acto de desclasificación dispuesto por el Presidente de la Nación (art. 16) o el funcionario en quien se haya delegado tal facultad (Director General de la AFI conforme art. 11 Decreto 950/02)», sostuvieron los denunciantes.
«Aún en la hipótesis de que la Dra. Caamaño hubiere contado con facultades delegadas para autorizar el acceso a la información, desclasificándola a tales efectos, habría incumplido sus deberes al brindar acceso, sin ningún recaudo tutelar, a una enorme cantidad de información secreta, que claramente resultaba ajena al objeto procesal de la investigación judicial en curso», añadieron los denunciantes. «La interventora de la AFI remitió a la Justicia copias de al menos una parte sustancial de un libro de actas donde se registran todos los actos administrativos dictados por el Director General entre los años 2015 y 2019 que reflejan las actividades de la inteligencia de Argentina», señalaron.
«Según informa la prensa, asentar las resoluciones en ese libro es una tradición que viene desde tiempos inmemoriales. Ese libro de registro que la Dra. Caamaño tenía el deber de custodiar y mantener en secreto, contiene los nombres y apellidos y números de documentos de identidad de los agentes que se dieron de baja, las altas, los pases en comisión, los traslados, los que solicitaron su jubilación y a quienes se concedió, los datos de a qué agentes los relevaron del secreto para que testificaran en causas penales, las sanciones disciplinarias, así como las adquisiciones de tecnología y los acuerdos firmados con otras instituciones, etc. En ese libro se encuentran los nombres de sociedades de «cobertura» y los nombres de los agentes que fueron destacados a cumplir misiones en el exterior», sostuvieron los diputados de la oposición, que hicieron hincapié en los convenios firmados por estos temas con otros países.
Los convenios con otros países y la prensa
«Quien sabe lo que busca, con la información revelada puede encontrar confirmación concreta de operaciones secretas que involucran terceros países y organizaciones terroristas, de crimen organizado y de narcotráfico y puede vincularlas con nombres de personas concretas con sus números de documento, todo lo cual pone en grave riesgo no sólo a los agentes intervinientes y sus familiares sino incluso a operaciones de inteligencia que pudieran estar en curso», advirtieron los legisladores.
Y sobre los magistrados denunciados expresaron que «si bien tanto los Fiscales Federales como el Juez intervinientes no tenían la obligación de conocer el contenido ni la sensibilidad de la información desclasificada, lo cierto es que parecen haber actuado imprudentemente, sin tener en consideración el origen de la documentación y las circunstancias que rodean la tramitación de esta compleja, politizada y mediatizada investigación».
Los diputados también pidieron investigar a dos periodistas y el director del medio que originalmente publicó la información surgida de la causa de Lomas de Zamora (eldestapeweb.com) y a la que sólo tenían acceso -además de los funcionarios judiciales intervinientes- los abogados de las partes del proceso, es decir de los querellantes y las defensas de los imputados.