Fue por «desobediencia» a una orden judicial. El fiscal Di Lello dijo que no hay delito.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi archivó una denuncia realizada por un abogado contra los senadores del Frente de Todos por presunta «desobediencia» de una orden judicial que les impedía avanzar en el tratamiento de los pliegos de dos jueces federales finalmente desplazados de sus cargos por el oficialismo, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Según dijeron fuentes judiciales a Juez y Parte la decisión obedeció a la desestimación de la demanda por parte del fiscal Jorge Di Lello, quien no encontró elementos para investigar el asunto por «inexistencia de delito».
La denuncia había sido presentada en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py por el abogado José Lucas Magioncalda, de la Fundación Apolo, el 18 de agosto, cinco días después de la sesión del Senado en la que se le dio ingreso a los pedidos de tratamiento de los pliegos de Bruglia y Bertuzzi pese a la orden en contrario de la jueza en lo Contencioso Administrativo federal María Alejandra Biotti. La magistrada había dictado una medida precautelar que frenaba provisoriamente el tratamiento del tema a pedido de los jueces que temían iniciar así el camino de su pérdida de tribunal en Comodoro Py.
Dos días después se sorteaba una denuncia similar por el mismo hecho pero a la que se le fueron agregando ampliaciones a medida que avanzó la jugada oficialista y ganó casilleros hasta el decreto del presidente Alberto Fernández que dejó sin efecto los traslados que por la misma vía había dispuesto su antecesor Mauricio Macri respecto de Bruglia y Bertuzzi. Fue presentada por cuatro legisladores de la Coalición Cívica en contacto con la ex diputada Elisa Carrió.
Juan Manuel López es quien más cerca estuvo del caso pero entre la pandemia y la complicada actividad parlamentaria con sesiones remotas que terminan de madrugada se le dificultó su seguimiento, según le dijo a Juez y Parte. El juzgado 7 es titularidad de Sebastián Casanello pero como éste se encuentra de licencia actualmente es subrogado por Ariel Lijo, del 4. El legislador detectó que la misma denuncia pasó luego por los juzgados 9 (Luis Rodríguez), 12 (ex Torres, subrogado por Casanello pero ahora reemplazado allí por Sebastián Ramos, del 2) y finalmente por el 1 de María Servini, presumiblemente por los hechos nuevos agregados al planteo original. El último de ellos es el decreto de Fernández que los corrió de la Cámara Federal del malafamado edificio judicial de la Avenida Comodoro Py.
La investigación del fiscal Stornelli
Pero además también existe una investigación llevada adelante por el fiscal Carlos Stornelli en una causa radicada en el juzgado 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti, donde el objeto sería más amplio y se trataría de determinar si existió un plan deliberado por parte del oficialismo para sacar a Bruglia y Bertuzzi de sus puestos en la sala I de la Cámara de Apelaciones del fuero. Ambos ya se encuentran fuera de esos lugares y debieron regresar a sus antiguos despachos en los tribunales orales 4 de Comodoro Py (Bruglia) y 1 de La Plata (Bertuzzi), donde actualmente gozan de una licencia de dos semanas por días trabajados durante períodos de feria.
Según informó el domingo el periodista Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, Stornelli investiga la existencia de una presunta asociación ilícita que, de acuerdo con su hipótesis, conformarían el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el secretario de Justicia, Juan Martín Menna; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous; el inspector general de justicia, Guillermo Nissen; y el fiscal Javier De Luca, quien interviene en los casos llegados a la Cámara Federal de Casación Penal.
De acuerdo con fuentes judiciales, Stornelli recolectó datos de diversos casos y los unió bajo la hipótesis de que conforman un plan para beneficiar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las complicadas causas que tiene en Comodoro Py, una de ellas ya bajo juzgamiento. Se trata de la del presunto direccionamiento de la obra pública nacional vial a empresas de Lázaro Báez, recientemente beneficiado con la prisión domiciliaria tras cuatro años y cuatro meses de encarcelamiento.
El jefe de los fiscales y el juez de los cuadernos
En este marco, el fiscal también inscribiría la avanzada oficialista en el Congreso contra el procurador nacional interino, Eduardo Casal, jefe de todos los fiscales federales, y la maniobra que terminó con Bruglia y Bertuzzi fuera de la Cámara Federal, además de Germán Castelli lejos del tribunal oral 7 que deberá juzgar a la ex presidenta en la llamada causa de «los cuadernos». De acuerdo con fuentes judiciales, esta causa es a la cual se refirió Bruglia en un reciente reportaje publicado por el diario Clarín en el que dijo que aguarda ser convocado a prestar declaración como testigo.
Stornelli, procesado en la causa por presunto espionaje llevada adelante por el juez Alejo Ramos Padilla en el juzgado federal de Dolores, sufrió la semana pasada directa e indirectamente dos traspiés ya que la Cámara de Casación dispuso analizar si se grabaron las audiencias con los «arrepentidos» de la causa de los cuadernos -no hubo más registro que el de sus participantes y los actuarios judiciales que dieron fe de lo consignado en las actas, según fuentes judiciales- y el juez Martínez de Giorgi cerró y archivó la investigación del llamado Operativo Puf, supuestamente destinado a desacreditar la causa de los cuadernos y generar la que se abrió luego en Dolores.
Esta última causa había sido iniciada también por denuncia de dos diputadas de la Coalición Cívica -Mariana Zuvic y Paula Oliveto- e instrucciones de Carrió a raíz de información anónima recibida por ésta en la que se incluían las grabaciones de los llamados telefónicos hechos desde la cárcel por ex funcionarios kirchneristas detenidos. Las escuchas habían sido ordenadas por el juez federal Federico Villena, quien luego investigaría a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el mismo hecho en el que estuvo involucrado. Por ello fue apartado del caso por la Cámara Federal de La Plata. Aunque parezca increíble Villena es aún juez federal y el Senado debate si lo regresa al juzgado federal de Moreno o lo mantiene en el de Lomas de Zamora. Todo servicios de inteligencia por donde se lo mire. Un asco.
«No consta en ese proceso que se haya producido alguna contingencia que perturbara el avance de la causa 9608/18, al punto de encontrarse elevada a la etapa de debate oral y público. Ello, aunado a que cada uno de los expedientes consignados y cuestionados han seguido su trámite, bajo el debido control jurisdiccional. Por ello, en razón de los fundamentos expuestos y ante la carencia de elementos probatorios que permitan sostener la hipótesis denunciada, corresponde archivar este proceso por inexistencia de delito», escribió y firmó el juez Martínez de Giorgi al cerrar y archivar la causa Puf.