Lo dispuso el tribunal oral con fuertes críticas a la Cámara de Casación.
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Con una cruda descripción de su realidad laboral, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4) respondió ayer con duras críticas a la última intervención de su órgano inmediatamente superior, la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), al fijar para el martes 21 la fecha de reinicio del juicio por la llamada «ruta del dinero K», aumentar de uno a dos los días de audiencia por semana, elegir el segundo sistema aportado con demoras por el Consejo de la Magistratura para la realización segura de las mismas y disponer la creación de un canal por youtube para la transmisión de los alegatos ante la imposibilidad del Centro de Información Judicial (CIJ) para solucionar el tema en medio de la cuarentena obligada por la pandemia del coronavirus Covid-19. Los jueces del TOCF4, que finalmente utilizarán la plataforma Zoom para el trámite interno, dijeron en el fallo que les produjo «estupor» la intervención de la Casación.
«Yo estudié para abogado, no para técnico en informática», dijo por lo bajo uno de los jueces del TOCF4 al cuestionar indirectamente tanto la previa intervención de la Casación como la falta de respuesta eficaz por parte del Consejo y el CIJ. El tribunal había quedado en la mira de la opinión pública por el retraso en el juicio en el que quedó a las puertas de salir de la prisión el más emblemático empresario de los tres gobiernos kirchneristas, Lázaro Báez. Por el paso del tiempo sin sentencia ya le fue concedida la excarcelación aunque podría ir a prisión domiciliaria por una causa conexa cuando reúna el dinero de la multimillonaria fianza que dice no poder reunir, posibilidad que parece alejarse con el paso de los días.
La letra fría dice que el juicio retomará el martes 21 a las 9.30 de manera remota con el alegato de la Oficina Anticorrupción que había quedado trunco en marzo por la pandemia. Y que ahora se sumará una jornada semanal más los días jueves. Hasta la pandemia el TOCF4 había desarrollado el juicio con una audiencia por semana, los miércoles. Ahora será miércoles y jueves. También dice la parte dispositiva de la resolución que ante el fracaso de la plataforma JitsiMeet propuesta inicialmente por el Consejo los jueces Néstor Guillermo Costabel, Adriana Palliotti y María Gabriela López Iñíguez aplicarán el Zoom para el trámite interno, ya que no tuvo errores en la prueba, y por las suyas la «solución youtube» para la publicidad del acto, como marca la ley. Un funcionario del tribunal grabará a su modo lo que allí suceda ya que no podrán hacerlo a través del CIJ, que depende de la Corte Suprema.
Pero antes de su decisorio los magistrados les recordaron a sus superiores de la Casación (Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, de la sala IV de la CFCP) las condiciones en las que realizaron su labor en esta causa puntual y en el marco de la penosa situación y de infraestructura del Poder Judicial. Y emplearon duros términos si se considera el recato y compostura que atañen y caracterizan al mundo judicial en sus comunicaciones.
«La fijación de una sola jornada para el desarrollo del juicio oral y público no fue antojadiza ni caprichosa, sino que fue el producto de una razonada deliberación entre los suscriptos para lo cual se tuvo en cuenta la carga laboral que cada uno de los Tribunales Orales que integramos», señalaron los jueces Costabel, Palliotti y López Iñíguez al recordar que sólo el primero es juez titular del TOCF4 y que existen dos vacantes sin completar desde antes del comienzo de este juicio porque la segunda es del TOCF5 y la otra colega, del TOCF8.
«A modo ilustrativo señalaremos los juicios que se llevaron a cabo en forma simultánea con la presente causa, muchos de los cuales se encuentran en vías de reanudación en forma remota, para lo cual deben sortearse dificultades técnicas similares a las sucedidas en esta causa», abundaron renglón seguido los magistrados con un detalle de cada uno de esos 31 casos, seis de ellos conexos al expediente principal de «la ruta del dinero K». Además, destacaron otros cuatro juicios complejos de interés público y las «audiencias de probation y juicios abreviados» y «la multiplicidad de trámites que ellos implican», que «han sido llamativamente pasados totalmente por alto por la Sala IV en su resolución», remarcaron.
Ocurre que la Casación había cuestionado la fijación de un solo día de audiencia por semana en el juicio que tiene a Báez en el banquillo de los acusados y sugerido la realización de tres jornadas para el desarrollo del mismo. La respuesta, tan cruda como elegante, fue exteriorizada con los fríos e inapelables documentos judiciales compilados en la base de datos del CIJ, al que también apuntaron por no poder garantizar la difusión del juicio por no encontrarse esa entre sus tareas en épocas de pandemia.
El tribunal oral recordó que se vio «obligado» a suspender el juicio en marzo no sólo por dos resoluciones de la Cámara de Casación basadas en una acordada y otra resolución de la Corte Suprema, un protocolo del Consejo de la Magistratura de la Nación, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), un plan del Ministerio de Salud y una disposición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sino también por «las deficientes condiciones sanitarias tanto como estructurales de las salas de audiencia del edificio de Comodoro Py y la cantidad de personas, más de 60, que asistían habitualmente» al mismo.
Además, recordó que una semana antes de la suspensión, y a pedido de uno de los abogados intervinientes en el caso, había solicitado a la Casación, como tribunal de superintendencia, «la adopción de medidas sanitarias indispensables en razón de la propagación del coronavirus -Covid19- a nivel nacional e internacional, en atención a las pésimas condiciones de higiene de los distintos ámbitos del edificio (en particular, de los baños públicos lindantes a la Sala de audiencias) y de la cantidad de personas convocadas, algunas de ellas dentro del grupo de riesgo».
«Por eso, produce estupor los términos de la reciente decisión adoptada por los colegas jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Federal, en una incidencia recursiva donde después de haber resuelto el pasado 6 de julio no hacer lugar al reclamo –recurso de queja- del abogado defensor del enjuiciado Fabián Virgilio Rossi contra la reanudación del debate en la presente causa de manera remota, resolvieron de oficio –sin petición de la parte recurrente- y atribuyéndose facultades extraordinarias, para lo cual equivocadamente evaluaron de manera parcial y aislada las constancias de las presentes actuaciones, soslayando las demás actividades jurisdiccionales
llevadas a cabo y organizadas por este Tribunal que influyen directamente en el cronograma de audiencias, circunstancias que imponen dejar de manifiesto nuestra total discrepancia con la exigencia dispuesta«, remataron los jueces del TOCF4.
Costabel, Palliotti y López Iñíguez observaron también que la sobrecarga de trabajo a domicilio por la pandemia «ha sido dificultosa por la carencia de recursos que se padece» y que «no encontró una solución en los órganos que ejercen superintendencia sobre los Tribunales Orales» (en este caso la Casación) por cuanto esas «deficiencias debieron ser en general suplidas por los aportes particulares de los empleados y funcionarios«. Se refirieron a las «conexiones a internet, abonos de celular, computadoras e impresoras personales», entre otros y con un «etcétera» final.
«El motivo por el que no hicimos el juicio con anterioridad, lejos de haberse basado en una supuesta indolencia del Tribunal que se nos estaría imputando, es que por más que otros órganos se autoperciban modernos y digitalizados, quienes detentan un rol de superintendencia no lo ejercieron, a nuestro modo de ver, correctamente aportando una solución o directiva clara a los Tribunales Orales sobre qué soluciones técnicas usar para realizar juicios seguros en este contexto», añadieron los tres magistrados.
«La decisión sobre la cantidad de audiencias y la agenda concreta de cada uno de los jueces, en cuanto a las fechas y su extensión en horas, resulta una competencia absolutamente ajena a la Casación que se ha excedido en sus atribuciones al imponernos un número fijo de jornadas», completaron Costabel, Palliotti y López Iñíguez.
Por si hiciera falta dejar más claramente asentada la posición del tribunal, los jueces comunicaron su dura resolución a las presidencias de la Corte, la Casación y el Consejo de la Magistratura. La noticia puertas afuera es que se retomará el juicio contra Báez por los dólares contados en la financiera de La Rosadita y sospechados de ser un lavado de dinero producto de supuestos actos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas. Pero puertas adentro la noticia es otra: el portazo de tres jueces de un tribunal oral a tres jueces de la Casación superior.