La ausencia de tres jueces en el Senado justificó al oficialismo pero tuvo su razón de ser.
Los representantes del oficialismo en la comisión de Acuerdos del Senado encontraron este viernes en la ausencia de tres de los magistrados citados a una reunión virtual el argumento ideal para justificar sus próximos desplazamientos de los lugares clave que ellos ocupan en la Justicia federal penal, el fuero que el Gobierno quiere reformar a través de una ley y que tiene su sede central en el malafamado edificio de la Avenida Comodoro Py 2002. Con esta vía expeditiva, el Gobierno no sólo se ganará dos lugares estratégicos en la Cámara de Apelaciones porteña sino que desplazará a uno de los jueces que debe juzgar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la llamada «causa de los cuadernos». Sin embargo, la no comparecencia de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli tuvo su razón de ser: hacer más sólidos sus argumentos ante la batalla judicial en la que por ahora, «cautelarmente», empezaron con las de perder aunque con la mira puesta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Suena paradójico, pero el argumento del oficialismo es el mismo que el de los jueces. Para éstos su presencia ante la comisión de Acuerdos hubiera sido convalidar un acto que consideran ilegal y por el que acudieron tempranamente a la Justicia, hasta el momento sin éxito. Su razonamiento es que ya tienen acuerdo del Senado y que sus traslados fueron dispuestos con todas las de la ley, por lo que no precisan de una nueva ratificación parlamentaria. Para los senadores del Frente para la Victoria (FpV) la ausencia de los tres magistrados, a la vista de quien quisiera por internet y tras la previa presencia de alguien que los reemplazará en Comodoro Py, Eduardo Farah, fue justamente el motor que encendió los discursos para justificar el rechazo a sus pliegos casi «sobre tablas» y la inmediata firma del dictamen en rechazo de sus acuerdos. Todo juntito al final de la reunión.
«En los años que llevo en la comisión es la primera vez que un candidato no se presenta en el Parlamento», dijo el formoseño José Mayans, jefe de bloque del FpV, tras leerse la nota en la que Bruglia informó el día previo que no participaría del encuentro virtual. «Es una afrenta al sistema institucional», añadió. «Es un desprecio por las normas constitucionales», sostuvo el neuquino Oscar Parrilli. «Una falta de respeto», agregó la correntina Ana Claudia Almirón.
El orden de las intervenciones -y sobre todo su contenido- pareció perfectamente estructurado hasta que el fueguino Matías Rodríguez, fundador de La Campora en la provincia más austral del país, propuso firmar el rechazo del pliego de Bruglia. Sin pausa retomó la palabra la titular de la comisión, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, y pasó al siguiente caso de Bertuzzi. No hacía falta replicar lo que ya se había dicho y expuesto sobre Bruglia.
Después vino la lectura del mensaje del Poder Ejecutivo sobre el pliego de Castelli. Acto consumado. Un rato después se firmaría el dictamen y la semana que viene se votará con previsibilidad en el plenario. Lo curioso es que nadie preguntó a los otros jueces que sí participaron del encuentro sobre los motivos de sus traslados y las objeciones a sus cualidades para el nuevo puesto, el objeto procesal del encuentro. Alcanzó con sus exposiciones. Y si hubo preguntas fueron para temas que no tenían que ver con el nuevo acuerdo y que aún son hipotéticos, como el proyecto de reforma judicial del Gobierno todavía no convertido en ley.
Farah hizo un casi lacrimógeno discurso con referencias a su familia y en el que le faltó decir que también él fue víctima del lawfare aunque del otro lado del mostrador que el de la ex presidenta. Farah había pedido su traslado en 2018 en medio de versiones y denuncias sobre un presunto cobro de coimas por la excarcelación del empresario Cristóbal López jamás comprobado judicialmente. Primero a un tribunal oral en lo Penal Económico pero luego a uno de San Martín porque dijo que no podía soportar seguir en Comodoro Py. En una decisión cuestionable, la oposición no participó de la reunión de comisión en adhesión a la postura de los tres magistrados.
«Nos resulta imposible convalidar con nuestra asistencia e intervención cualquier tipo de acto jurídico como aquél por el que se nos convoca, ya que ello importaría realizar una conducta que se pondría en clara contradicción con lo que venimos sosteniendo en nuestros reclamos judiciales», dijeron Bruglia y Bertuzzi en su misiva conjunta. En similares términos se había dirigido Castelli a la comisión para ausentarse con aviso. Tal los términos de su presentación judicial, este magistrado fue más duro que sus colegas.
El argumento jurídico no explicitado por los tres jueces ausentes en sus notas es que hay antecedentes de la Corte en los que ella sostuvo que no se puede reclamar en los tribunales lo que se consintió previamente o sin expresar antes su desacuerdo con lo objetado. «El sometimiento voluntario sin reserva expresa a un régimen jurídico obsta a su ulterior impugnación con base constitucional toda vez que no puede ejercerse una pretensión judicial manifiestamente contradictoria e incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz», dice el resumen jurisprudencial de un voto conjunto disidente de 2008 de los jueces Elena Highton y Juan Carlos Maqueda en uno de los miles de casos sobre el corralito y la pesificación de depósitos bancarios en dólares.
Así las cosas, Bruglia, Bertuzzi y Castelli no recibirán el nuevo acuerdo senatorial la próxima semana y el acto siguiente, previo decreto presidencial, será el regreso a sus cargos anteriores en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4) los dos primeros y al TOCF3 de San Martín el último. Restará saber si en el plenario de la cámara Alta se aprobará la promoción ante el Consejo de la Magistratura de una sanción o hasta un eventual pedido de destitución por sus faltazos a la reunión virtual de la comisión parlamentaria.