Una advertencia sobre la reforma judicial que pasó de modo avión a modo tortuga.
Bastante tela dejó para cortar el fallo de la semana pasada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que este lunes volvieron a los cargos de los que el oficialismo los había corrido y en los que los repuso el máximo tribunal al menos por un tiempo. La principal hilacha es la extensión de sus casos a los de «todos» los «trasladados», una cuestión rápidamente advertida aquí y demorada en llevar a los lectores. Pero hubo una mención al pasar en el voto mayoritario de tres sobre cinco -la proporción aplicable para toda decisión del máximo tribunal cuando se decidió acortar el poder del presidente, actualmente Carlos Rosenkrantz- que no fue desapercibida por lectores atentos tanto de este blog como de su difusión en Twitter y, sobre todo, de los documentos judiciales, uno de los leit motiv de Juez y Parte.
Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti citaron un precedente en el que habían dicho que la designación de un juez subrogante precisa de un cargo previo a subrogar. Es decir, mejor explicado sería a la inversa: no se puede designar un subrogante en un tribunal nuevo porque no hay a quien subrogar. Si es nuevo el tribunal hay que poner un juez nuevo allí desde su génesis. Y eso es precisamente lo que quiere hacer el Gobierno en el corazón y centro de su «reforma judicial», tal el título pomposamente reducido por propios y extraños. Crear juzgados nuevos en Comodoro Py pero ocuparlos con jueces subrogantes. Un sinsentido. Uno más de los vaivenes judiciales de la actual administración de Alberto Fernández.
Las «23 subrogancias de nadie» mencionadas en el tuit son los 23 juzgados a crear por la pretensa ley oficialista en el fuero federal penal porteño, el que interesa al poder político y por donde pasan los casos de corrupción en la administración pública nacional. A ese número se llegaría transformando en juzgados a una de las dos secretarías con las que cuentan los doce actualmente existentes en Comodoro Py y los once de los vecinos tribunales de la primera instancia en lo Penal Económico de la Avenida de los Inmigrantes. Y los jueces subrogantes saldrían, según el proyecto, de la Justicia penal «ordinaria» -penal, nacional pero no federal- que pasaría a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Dos pájaros de un tiro. Reforma en Comodoro Py y transferencia adeudada desde la reforma constitucional de 1994. Pero en el medio, un montón de dudas, varias de ellas ya señaladas en este espacio.
Este jueves entrevisté en FM Radio Cultura a la ex diputada Margarita Stolbizer a partir de una propuesta que dejó esta semana en la Cámara de Diputados con ocho puntos necesarios para una reforma judicial. Fue trabajada en la Asociación Civil Bajo la lupa, de la que ella es la presidenta. Obviamente cuestionó que la iniciativa oficialista esté enfocada en Comodoro Py y no en la Justicia de todos los días y para todo el mundo. También la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) elaboró un documento al respecto.
Ya se sabe. Era una prioridad. ¿Lo es aún? Lo dijo el presidente Alberto Fernández el día que asumió el cargo en el Congreso, lo repitió luego allí en su primer mensaje ante la apertura de sesiones ordinarias -antes de la cuarentena, ¡qué lejos parece!– y lo volvió a decir cuando envió finalmente el proyecto de ley al Senado. Hay que depurar Comodoro Py porque «cuando la política entra por los tribunales la Justicia escapa por la ventana». ¿Por qué se lo habrá enviado a esa cámara y no a la de Diputados? El Senado, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, lo aprobó en tiempo record y con cambios tan insólitos que llevaron a decir a la vicepresidenta el día previo a su aprobación que no se trataba de su idea de reforma judicial. Pero pareciera que no por los cambios de último momento sino por su texto original tal como partió de la Casa Rosada hacia el Congreso tras mil anuncios y mil retoques.
La iniciativa duerme el sueño de los justos en la cámara Baja y hasta el presidente se quejó por ello públicamente el mismo día que la Corte resolvía «salomónicamente» el tema de los traslados de Bruglia y Bertuzzi, pero también los de otro número indeterminado de magistrados que deberán dejar sus cargos antes de tiempo y sin que medien las causales para ello. Dependerán todos de un concurso -varios en realidad, uno por cada cargo- que, como también se sabe, demoran una eternidad, quizás más del período de un gobierno, pese a las públicas expresiones del presidente del organismo, el juez Alberto Lugones (habló de un trámite exprés de cinco meses en el caso BB), y las aprehensiones de la oposición.
El presidente, la vicepresidenta y lo de siempre: la Justicia
¿Hay sintonía en las acciones relacionadas con la Justicia entre el presidente y la vicepresidenta? A veces pareciera que sí pero otras que no. Por más que las apariencias lo afirmen o lo contradigan, según los tiempos y las circunstancias. Ahora el conflicto es el juez Daniel Rafecas, candidato del Gobierno a la Procuración. No es menor el dato ya que hace a lo que creemos la intención de fondo de Alberto Fernández: aplicar el nuevo código de procedimiento penal y quitarles a los jueces el manejo de las causas penales. Con o sin el resto de la reforma. Quién mejor para ello que Rafecas, un viejo conocido pero también habitante del denostado Comodoro Py. El kirchnerismo apura por cambiar la forma de elegirlo -y si es posible que sea otro el futuro procurador general- y la oposición sale en defensa del postulante presidencial. El reino del revés.
Alberto Fernández tuvo varias gaffes impensables para quien es abogado, profesor universitario, hijo de un juez y ex empleado judicial, donde hizo las amistades políticas más fieles que lo rodean hoy en su círculo de gobierno. Por eso a veces da que pensar si esas gaffes no tienen directa relación con el juego de roles en el manejo del poder de la coalición peronista gobernante. Lo mismo también vale preguntarse respecto de Cristina, la otra Fernández del poder. Hacer y parecer si transformamos el «ser y parecer» del viejo dicho romano sobre el emperador César y las esposas.
El problema es el de siempre y lo hemos dicho aquí más de una vez. La vicepresidenta tiene un complicadísimo frente judicial personal. Y los votos, también se sabe, se supone que no influyen en los jueces, quienes no dependen directamente del sufragio popular para ejercer sus cargos aunque suelan tener una oreja y media paradas atentos a los vientos políticos. Quizás por eso dijo Cristina Fernández eso de que esta no era su reforma. La suya incluía el voto popular de los consejeros de la Magistratura, incluidos los representantes de los jueces, pero fue demolida por la Corte siete años atrás. Allí se selecciona a los futuros jueces. Y allí estarán puestos los ojos este jueves por los coletazos del entuerto Bruglia-Bertuzzi en su miniring de la contienda política.