Fernández dijo que podría hacer igual que Macri, pero ahora hay otro reglamento.
Uno de los argumentos que se barajó por estos días en los medios, alimentado desde fuentes políticas y judiciales, sobre el alcance de una eventual decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de los tres jueces federales que acudieron a ella para no perder sus cargos en el devaluado edificio de la Avenida Comodoro Py fue que convalidar sus traslados sin más abriría la puerta para que se utilice el mismo mecanismo de ahora en adelante porque ello se transformaría en un peligroso precedente. Pues no. Ahora hay un nuevo reglamento para la mudanza de jueces.
Lo sugirió el presidente Alberto Fernández en su inexplicable intromisión del viernes pasado en cuestiones judiciales. Dijo que perfectamente podría hacer lo mismo que hizo su antecesor Mauricio Macri pero que decidió no ir por ese camino. Pues si hubiera recorrido ese camino del traslado o si pensara hacerlo si la Corte de alguna manera lo habilita con lo que eventualmente resuelva este martes se toparía con un escollo insalvable que diferencia claramente una situación de la otra.
En efecto, la resolución 270/19 aprobada el año pasado por el Consejo de la Magistratura y con la firma de su entonces presidente, el consejero-juez Ricardo Recondo, establece un nuevo requisito de 2/3 de los votos de los consejeros presentes en la sesión al momento de aprobarse un traslado. Fue una iniciativa de otro consejero-juez, Alberto Lugones, que este año lo sucedió en la presidencia del organismo encargado de seleccionar a los jueces e investigarlos en las denuncias que se presentan contra ellos. Lugones y Recondo pertenecen a listas enfrentadas en la interna de los jueces. El primero suele acompañar las posturas de los consejeros legisladores oficialistas y el segundo, las de los opositores.
Es decir, si Alberto Fernández quisiera cubrir vacantes en la Justicia –el verdadero problema de fondo– con el mecanismo de los traslados que critica de la gestión de Macri -que por otro lado también fueron realizados durante los gobiernos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como había informado Juez y Parte y el domingo Clarín recordó en su nota de tapa- su propuesta debería contar con el aval de los 2/3 de los consejeros presentes al momento de votarse esa cuestión. Ni oficialismo ni oposición cuentan hoy con ese número por sí solos.
Vaya paradoja, sin que hubiera sido requisito en ese momento los traslados de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los dos jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4) de Comodoro Py trasladados a la Cámara Federal con asiento en ese mismo edificio, contaron con nueve votos sobre trece posibles en el Consejo de la Magistratura, es decir el 2/3. Es decir, también con votos del entonces partido o frente opositor.
Las palabras de Fernández y los mensajes a Rosenkrantz
«¿Qué pasaría si hoy para el juzgado de (Claudio) Bonadio, que está vacante, buscara un juez federal que me cae simpático y lo pongo en ese lugar? ¿Y qué pasaría si para las cuatro vacantes que hay en la Cámara Federal buscara a jueces que me caen simpáticos dentro de los tribunales federales y los hago camaristas por un decreto? ¿Qué pasaría si hiciera eso? ¿Qué pensaría la gente?», preguntó el presidente Fernández el viernes durante una entrevista radial.
«Si fuera un escándalo, quiere decir que eso es lo que hicieron. Si yo quisiera aprovecharme de lo escandaloso que hicieron no estaría haciendo nada de lo que hice porque simplemente estaría invocando sus antecedentes para poder hacerlo. Tal como estaban las cosas yo legítimamente podría buscar un juez federal que me cayera simpático, esos a los que llaman jueces K, no sé si existen pero…«, se contestó el Presidente ese día a su propia pregunta y sin que se comprendiera el final de la frase.
Tanto en esa entrevista como en un acto oficial previo pero por otro motivo Fernández mencionó expresamente al titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, a quien inquirió por haber convocado a sus pares a tratar este martes el planteo de Bruglia y Bertuzzi. Llamó la atención de este espacio la intromisión del titular del Poder Ejecutivo en un tema que está en manos del Poder Judicial. Pero más aún llamó la atención este domingo que diversos funcionarios oficiales repudiaran por Twitter la «presión» a otro juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, escrachado el sábado con una protesta frente a su casa en la ciudad de Rafaela.
Las palabras de Alberto Fernández también fueron leídas como advertencia ante una de las posibilidades que podría aplicar el oficialismo para cubrir los dos lugares que Bruglia y Bertuzzi se vieron obligados a dejar en la Cámara Federal: agregar dos nombres en el concurso a punto de concluir para otras dos vacantes preexistentes en el mismo tribunal. Podría forzarlo el oficialismo en el Consejo de la Magistratura aunque el bloque opositor lo rechazaría.
Si bien todos los ojos están puestos en el acuerdo extraordinario de ministros convocado por Rosenkrantz para el martes hay movimientos previos aún posibles dentro de este ajedrez. Por caso, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal tiene pendiente de resolución el fondo del amparo planteado por Bruglia y Bertuzzi, ya rechazado por la jueza María Alejandra Biotti. Si llegase a haber una definición entre hoy y mañana, la razón de ser de la intervención de la Corte a través de un per saltum se tornaría abstracta.