A dos semanas de cumplir 75 años y sin apoyo del Gobierno, se va de Comodoro Py a fin de mes.
Viejo dicho recomienda tratar de que el árbol no tape al bosque. Será por eso que me gustan los drones. Pero acá vamos a tratar de mirar los dos al mismo tiempo: al árbol y al bosque. Apenas un rápido análisis y con las rotativas de los diarios -sí, todavía existen en papel- cambiando sus planchas, o al menos una de ellas, mientras esto es escrito. La noticia se conoció casi a medianoche. Rodolfo Canicoba Corral renunció a su cargo de juez federal, según informaron fuentes gubernamentales y confirmó el propio magistrado, y ello ya de por sí constituye una novedad de importancia en el ajedrez político-judicial, sobre todo si se piensa que el presidente Alberto Fernández planea aceptársela y no proponer al Senado su permanencia en el cargo pese al límite constitucional a su edad.
Podrían intentarse mil aproximaciones al personaje de la noticia. La más rápida y sintética que se me ocurre es decir que se va un «emblema» de Comodoro Py, el nombre de la avenida en la que se asienta el edificio sede de la Justicia federal penal porteña por donde pasan los más importantes casos políticos y que con esa denominación reemplazó al noble concepto-ideal de Justicia. Ya no es «Tribunales» sino «Comodoro Py».
Vaya destino para el comodoro nacido en Barcelona y que afianzó la soberanía argentina en los puertos de la Patagonia y más precisamente en los de la provincia de Santa Cruz durante la niñez de la incipiente república. Y vaya paradoja: Comodoro Py se transformó en el karma de la viuda de Néstor Kirchner, el más famoso nativo de esa provincia. Pero no por culpa de Canicoba, precisamente, que había sobreseído al fallecido presidente en 2007 en una denuncia por enriquecimiento ilícito. Para completar el karma-paradoja, la calle Comodoro Py de Río Gallegos es la que puso como domicilio en sus varias causas penales el presunto testaferro de los Kirchner, el «empresario» Lázaro Báez.
Pero Canicoba Corral, el juez que trascendió por un apodo indigno hasta para los ajenos a los tribunales -aunque dentro de los mismos lo llamaran simplemente Rodi-, quizás no fue un emblema completo de Comodoro Py. Le faltaba la exposición mediática. Era de perfil bajo. La ¿contracara? de Norberto Oyarbide, su ex colega que terminó de sobreseer a los Kirchner con escandalosos métodos luego revelados y con el que tan mal no se llevaba pese a presumibles gustos personales privados diferentes. Ahora tendrán en común que zafaron de ser destituidos por un oportuno paso al costado y así mantendrán la generosa pensión del Poder Judicial hasta el fin de sus días. Y por decisión de gobernantes consecutivos de signos opuestos: Mauricio Macri y Alberto Fernández. Ya se había informado de esta posibilidad en Juez y Parte semanas atrás.
La parte emblemática que representó Canicoba de Comodoro Py a juicio de este observador fue justamente la del lado si se quiere oculto de la Justicia, el de las causas eternas sin conclusión y sin motivo, el del llamado «cajoneo» de expedientes, el de la sospecha de connivencia y amparo al poderoso de turno, el de casos iniciados por anónimos y con el fantasmagórico aura de los servicios de inteligencia y espúreas intenciones detrás o el de las denuncias en contra, riesgo de perder el cargo y contrataques-mensajes a través de oportunos fallos. La lista es larga aquí también y el archivo y la memoria así lo dicen.
Procesó al ex ministro de Economía Domingo Cavallo al poco tiempo de dejar el gobierno de Carlos Menem en un caso menor, hizo lo propio y hasta encarceló -con el argumento de la multiplicidad de procesos en su contra- a la fallecida María Julia Alsogaray, no se le recuerdan procedimientos similares sobre los doce años de gobiernos kirchneristas salvo alguna excepción indirecta y, por el contrario, mantuvo vivas causas sensibles contra el macrismo, como la del Correo Argentino.
El caso del sindicalista portuario Omar «Caballo» Suárez quizás sea el último ejemplo más visible. Aunque no fuera un funcionario kirchnerista pero sí uno de sus sindicalistas «preferidos», Suárez fue la prenda durante el macrismo cuando arremetió contra los apoltronados dirigentes del rubro antes de intentar caer sobre su pieza mayor de cuatro o más ruedas. Causa gracia y curiosidad enterarse que un investigado y multimillonario fideicomiso del principal rival sindical de Suárez -hablamos del camionero Hugo Moyano, a quien acusó de querer quedarse con su gremio-, se llame justamente Arístides, como el segundo nombre del magistrado. Suárez cumple prisión preventiva en su casa y Moyano permanece en el poder pese a sus cambios de parecer sobre el kirchnerismo.
Pero ello vendría a ser la mirada sobre el bosque. El árbol, en este caso, son los hechos recientes y frescos. Canicoba tenía cinco denuncias pendientes de resolución en el Consejo de la Magistratura -una de ellas por presunto enriquecimiento ilícito– y cuando el asunto se encaminaba una vez más al archivo se empantanó en el camino. Todo indica que fue el presidente Fernández quien puso aquí la piedra -o el barro-, así como casi exactamente cuatro años atrás ocurrió con Macri en el caso de Oyarbide. Y los dos mandatarios lo hicieron quizás más empujados por motivos personales que institucionales.
El árbol también dirá que el juez retrucó con una jugada «política», como podría llamarse la convocatoria a indagatoria de ex funcionarios del gobierno de Macri en una causa que lo roza por la concesión de autopistas que vinculan a su familia. Eso fue al finalizar junio. ¿Un último manotazo de ahogado? Una semana después presentaba su renuncia. ¿Se dio cuenta que no tenía plafond político para seguir? Y otra semana más adelante se conocía públicamentensu dimisión, justo en el mismo día en el que le había puesto fecha a dos de esas indagatorias cuando podía haberlo hecho con las de todos los imputados. ¿Un último favor a un gobierno de turno? Todavía le quedan dos semanas hasta que se efectivice su renuncia. Todo es posible.
Quizás haya habido una negociación politica oficialismo-oposición y en la que Canicoba haya pasado a ser peón en ese juego de ajedrez que lo tuvo como una pieza más «independiente» y determinante en los últimos 27 años dentro de los tribunales con influencia política. De hecho, su renuncia se conoció horas después del primer diálogo oficial de Fernández con legisladores opositores de Juntos por el Cambio, teleconferencia mediante en plena cuarentena. Y de fuentes gubernamentales.
Además, el árbol podrá recordar que Canicoba había sido duramente criticado una semana antes de su renuncia por su tribunal superior, la Cámara Federal, a raíz de la causa más importante que tenía en sus manos pero de la que trató de desentenderse como pudo y tristemente convertida en el ejemplo vivo de la impunidad, visto el bosque: la del atentado terrorista contra la AMIA. Este sábado se cumplen 26 años de ese hecho y la partida de Canicoba sumirá en un nuevo letargo el caso ya que otro juez deberá hacerse cargo del mismo. El magistrado había delegado la instrucción de la causa en el fallecido fiscal Alberto Nisman, incluso casi sin mirar las intevenciones telefónicas que se le pedían. Así firmó las órdenes de detención y captura internacional de los ex funcionarios iraníes acusados de este crimen, aunque detectó un caso imposible y lo dio de baja.
La nota «necrológica» dirá que Rodolfo Arístides Canicoba Corral había jurado desempeñar fielmente el cargo de juez federal a mediados de 1993 tras un pasado inmediato en el gobierno del entonces presidente Carlos Menem, como el fallecido Claudio Bonadio. Allí se consignará que en dos semanas cumpliría 75 años y que por ley precisaba de una ratificación parlamentaria que el Gobierno pareció no garantizarle.
«Es lo que corresponde. Cumplo los 75 y lo manda el artículo 99, inciso 4 de la Constitución», le dijo el propio magistrado a Infobae la noche que se conoció su renuncia. Habrá que jugarle al 75, entonces, en la quiniela, el miércoles 29. O al 56 y al 79 hoy si estamos apurados, advirtió un viejo apostador con años de Tribunales. Números al margen, lo cierto es que se va el último juez de la servilleta en la que el ex ministro del Interior Carlos Corach le habría escrito a Cavallo los nombres de los jueces que en la década del 90 respondían al poder de turno a través de presuntos fondos reservados pagados por la ex Secretaría de Inteligencia. Todo tiene un origen.