La presentó un abogado por lo de Boudou y los magistrados trasladados por Macri.
Una semana después de la carta pública de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con fuertes cuestionamientos a la Corte Suprema, un abogado no conocido en el «mundo Comodoro Py», Tomás Pérez Bodria, ex concejal justicialista en Pilar, presentó una denuncia penal contra los cinco jueces del máximo tribunal por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, prevaricato y encubrimiento.
Es por gastos con una tarjeta de crédito corporativa por $ 3,7 millones y US$ 8 mil.
El actual interventor en la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, denunció penalmente este lunes a su antecesor en el cargo en el gobierno de Mauricio Macri, Omar Faruk Zeidan, y otros dos ex funcionarios de la firma administrada por el Estado Nacional por la presunta comisión del delito de peculado a raíz de gastos con tres tarjetas de crédito corporativas por un total de 3,7 millones de pesos y unos 8 mil dólares. Así surge del detalle de los consumos incorporado a la demanda, a la que Juez y Parte tuvo acceso y que quedó radicada por sorteo en el juzgado 9 de los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py, a cargo de Luis Rodríguez.
Está en el podio de Comodoro Py y sus demandas son incomprensibles.
Hemos dicho aquí que en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py se presentan diariamente denuncias de toda laya. Y que hay denunciantes que se repiten. Cada época tiene los suyos. Algunas pocas veces llegan a algo si es que llegasen a ser investigadas. La gran mayoría son inmediatamente archivadas por «inexistencia de delito». No alcanzan a transformarse en una causa penal hecha y derecha. Hay ciertos formalismos que cumplir. No se habla de saber de leyes sino de explicar apropiada y concretamente qué es lo que se denuncia. Pues este caso, que obviamente terminó en el archivo dos semanas después, como se verá es uno de ellos y hasta genera intriga.
Son los de las causas de «dólar futuro» y el Memorándum con Irán por la AMIA.
Calvario. Fotomontaje sobre la obra de El Greco titulada «Cristo abrazado a la cruz». Ilustración: Neus van der Javo.
Mientras siguen las interpretaciones sobre su carta pública del lunes a propósito del décimo aniversario de la muerte de su esposo, Néstor Kirchner, la vicepresidenta Cristina Fernández no deja de recibir malas noticias desde los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py. Más allá de la pandemia y la burocracia judicial la rueda es inexorable y sus dos próximos juicios orales están cada vez más cerca.
Pidieron certificar antes la existencia de procesos penales por tomas en la Patagonia.
Como el tema generó interés entre los lectores, los mantenemos al tanto, pues. La genérica denuncia realizada en los tribunales de Comodoro Py contra la «nación mapuche» por las tomas de propiedades en la Patagonia de la que informamos la semana pasada todavía no empezó como causa penal y está en los preliminares. Antes de definir si requiere la instrucción del caso o desestima la denuncia, la fiscalía a cargo de Jorge Di Lello pidió certificar la existencia y estado de otros procesos penales en los tribunales federales de las provincias señaladas por los denunciantes, es decir Neuquén, Río Negro y Chubut. Ergo, habrá que esperar el papeleo para saber si se abre una investigación.
El más famoso de los espías criollos, Antonio Horacio Stiuso, siempre fue conocido como Jaime Stiles, su nombre de cobertura puesto al ingresar a la ex Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en 1972. Incluso los principales medios siguieron llamándolo de manera confusa después que su identidad fuera develada en el primer juicio oral por lo que se convirtió casi en su razón de ser en el espionaje real: el atentado de 1994 contra la AMIA. Jaime Stiuso era y es el nombre por el que aún más se lo conoce, incluso para Wikipedia. Mitad apodo, mitad real. Pero su nombre real y completo (Antonio Horacio Stiuso) figuró luego en varias denuncias que hizo y, sobre todo, en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, su alter ego judicial aparecido muerto con un balazo en la cabeza el 18 de enero de 1995 en el baño del departamento en el que vivía. Sin embargo, para algunos su nombre sigue en una nebulosa. Recuerdo haber escrito una nota sobre los espías, sus nombres y su actividad ¿de por vida? en el diario Clarín, a propósito del juicio AMIA, y me preguntaba algo así si su actividad no es como una mancha venenosa indeleble, más allá de los nombres.
Fue por «desobediencia» a una orden judicial. El fiscal Di Lello dijo que no hay delito.
Juan Mario Pais. El senador por Chubut lideró en el bloque del Frente de Todos el rechazo a la orden judicial. Captura de TV. Senado TV.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi archivó una denuncia realizada por un abogado contra los senadores del Frente de Todos por presunta «desobediencia» de una orden judicial que les impedía avanzar en el tratamiento de los pliegos de dos jueces federales finalmente desplazados de sus cargos por el oficialismo, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Según dijeron fuentes judiciales a Juez y Parte la decisión obedeció a la desestimación de la demanda por parte del fiscal Jorge Di Lello, quien no encontró elementos para investigar el asunto por «inexistencia de delito».
El juez Germán Castelli se sumó a Bruglia y Bertuzzi para seguir en su cargo.
Fotomontaje: Neus van der Javo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió este lunes un segundo planteo de per saltum o salto de instancia para que intervenga en la situación de otro juez federal que teme perder su cargo actual en los tribunales de Comodoro Py por la previsible negativa de Senado a otorgarle esta semana un nuevo acuerdo que él dice no necesitar. Se trata de Germán Castelli, miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 (TOCF7) que entre otras causas debe juzgar la de «los cuadernos» que tiene como principal imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández. El máximo tribunal ya tiene recibido un primer per saltum pedido por la misma situación por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la sala I de la Cámara Federal penal porteña. Los tres esperan que esta semana haya una decisión cautelar del tribunal supremo, antes que el Senado vote sus desplazamientos en el recinto virtual de la cuarentena tras la negativa de los jueces de primera instancia.
