La presentó un abogado por lo de Boudou y los magistrados trasladados por Macri.
Una semana después de la carta pública de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con fuertes cuestionamientos a la Corte Suprema, un abogado no conocido en el «mundo Comodoro Py», Tomás Pérez Bodria, ex concejal justicialista en Pilar, presentó una denuncia penal contra los cinco jueces del máximo tribunal por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, prevaricato y encubrimiento.
En realidad el origen de la denuncia es anterior a la carta, según dijo su autor a Juez y Parte, pero parece ser por lo mismo que habría motivado la misiva vicepresidencial: la confirmación de la condena contra Amado Boudou sin expresión de fundamentos y por aplicación del ahora famoso artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, el mismo argumento que usaron casi todos los referentes kirchneristas. Ergo, la pregunta: ¿los eventuales cambios que se propondrían al Congreso a partir del trabajo de la comisión asesora presidencial en la materia vendrían por este lado? Pareciera que sí.
Pero no solo eso. El abogado pilarense también incluyó en su denuncia -que aquí debajo se adjunta- la apertura del per saltum, que traducido a su lenguaje sería la aplicación del artículo 257 bis del mismo código, para tratar de manera excepcional el caso de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, trasladados de cargo durante el gobierno de Mauricio Macri, justamente a los tribunales de la Avenida Comodoro Py. Este jueves, el diputado Pablo Tonelli, acusó al oficialismo de hacer lo mismo con el juez Eduardo Farah, otro de los trasladados, al autorizar su regreso a la Cámara Federal penal porteña de la que se había ido por propia decisión. Juez y Parte había advertido esta posibilidad tres meses atrás, mientras no se sabía si la Corte tomaría el caso, bajo el subtítulo de «¿Per saltum al per saltum y enroque por Farah?».
Pérez Bodria dijo haber formulado su denuncia por «la honda preocupación» que aseguró le provoca como ciudadano «el desapego al estado de derecho» que endilga a la Corte por la «utilización indebida» de los recursos previstos en esos dos artículos del Código Procesal Civil y Comercial. «Han sumido con su accionar a importantísimas franjas de nuestra población en la convicción que su sistema de justicia está amañado y plenamente cooptado por los así denominados ‘factores reales de poder’ de la República Argentina».
El denunciante no oculta en las redes sociales su simpatía con el Partido Justicialista (PJ) en general y el kirchnerismo y Cristina Fernández en particular. «Abogado, ex concejal peronista en Pilar y militante del Movimiento Nacional y Popular hoy encarnado en el Kirchnerismo», se presenta en su perfil de Twitter. Allí replicó la última carta pública de la vicepresidenta de la semana pasada. Fue a propósito del primer aniversario del gobierno del Frente de Todos (FdT) pero todos lo interpretaron como un dardo a la Corte por su complicada situación judicial.
Pérez Bodria resaltó en su denuncia el poco tiempo transcurrido entre la sentencia de los jueces trasladados y la confirmación de la que condenó a Boudou a cumplir cinco años y diez meses de prisión por delitos ocurridos en la compra de la empresa Ciccone en 2010, cuando era ministro de Economía y antes de ser ungido candidato a vicepresidente en la fórmula a través de la cual Cristina Fernández consiguió el voto popular para su segundo mandato de gobierno. Dijo que los argumentos de una y otra decisión son contradictorios. O los no argumentos en el caso de Boudou. O las previsiones del artículo 280 del Código de procedimiento civil. En otras palabras, el denunciante sostiene que si se abrió el per saltum para Bruglia y Bertuzzi la Corte debiera haber respondido los planteos de los abogados de Boudou al resolver su caso.
«¿Cobró para los cortesanos una trascendencia tal que se sintieron obligados a habilitar una vía extraordinaria y casi nunca utilizada, como la del salto de instancia, el caso planteado por tres jueces subrogantes cuya solución, además, estaba en manos de un tribunal contencioso administrativo que había decidido pronunciarse en esos días y, por el contrario, no avisoraron (sic) la existencia de idéntica o mayor trascendencia en el pronunciamiento de un fallo relativo a una condena de un ex vicepresidente de la Nación y reconocida referencia política de un amplio espectro de la misma?», preguntó el abogado en su escrito.
Escuché o leí lo mismo de boca o «pluma» de detractores de la decisión de la Corte en el caso Boudou. Como así también otras dos cuestiones que recordó el denunciante en su presentación. Que uno de los ministros del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, es autor del Código Civil y Comercial vigente y que éste indica en su artículo 3 que «el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada». Quedará entonces en las manos y el «leal saber y entender» del magistrado sorteado para intervenir en la demanda, María Servini, si hay delito en los hechos denunciados. Parecieran buenos argumentos para un pedido de juicio político, pero para una demanda penal hay un trecho muy largo a recorrer para demostrar la comisión de un delito.