El Gobierno no podrá cubrir ya tres cargos clave en la Justicia por el fallo de Corte.
Tan veloz había sido la jugada del Gobierno -acorde con los antecedentes del kirchnerismo- que el desafío era doble. Porque convengamos que el Poder Judicial no se caracteriza precisamente por su velocidad. Los tres jueces de la noticia habían ya perdido sus cargos, el motivo original de su lucha judicial: aferrarse a sus sillas porque fuera de ellas sería difícil ganar la pulseada. Ya sin ellos allí, la siguiente estación del tren gobernante con locomotora femenina era ocupar esos lugares a como diera lugar. Pero la tortuga judicial reaccionó y su motor fue justamente alguien que tenía la única llave, Carlos Rosenkrantz, o para los juegos de palabras de este blog, desde la semana pasada «el torbellino», cual apodo de boxeador.
Bromas al margen, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli estaban literalmente en el aire, sin tribunal cierto pese a ser jueces y haber pasado por el Senado en su momento, cuando fueron rescatados la semana pasada por el «torbellino ¡Rosenkrantz!». El presidente del máximo tribunal convocó a sus pares para un acuerdo extraordinario para tratar este tema y forzó de esta manera la definición de este martes a favor provisorio de esos tres jueces inferiores.
«Ya está. Cuatro a uno«, había dicho una fuente de la Casación de Comodoro Py a Juez y Parte la semana pasada al especular sobre el resultado de la votación de este martes. Este cronista dio por entendido que la fuente daba por perdidosos a los magistrados en pugna y que el Prode vaticinado con seguridad de Riverito daba por hecho el habitual y acostumbrado voto solitario de Rosenkrantz. Este juez finalmente votó en soledad, como casi siempre, pero bien podría considerarse a su favor el texto conjunto rubricado por los otros cuatro jueces. No fue en disidencia sino en concurrencia. En el fondo, se pusieron todos de acuerdo, por el motivo que fuere.
Los términos son muy distintos, pero el sentido final es uno solo. Evitar que se consumara el acto final y otros jueces ocuparan las sillas vacías de la manera que fuera y provocaran un perjuicio no sólo para los tres magistrados involucrados sino para la administración de justicia destinada a toda la ciudadanía.
En su parte resolutiva, el fallo de Corte, de manera unánime declaró «admisible el recurso extraordinario por salto de instancia» (el famoso per saltum) y comunicó al Consejo de la Magistratura (el demandado) que «debe abstenerse de llevar adelante actos de ejecución de la resolución 183/2020 cuya validez se cuestiona en los presentes actuados». Se adjunta el fallo completo no tan largo (16 páginas). El voto conjunto mayoritario está al inicio y el de Rosenkrantz al final. En el medio, lo que todos acordaron.
La resolución impugnada por los jueces ante la Justicia fue la que abrió la canilla de la consulta al Poder Ejecutivo por la validez de los decretos del ex presidente Mauricio Macri que había trasladado de cargos a estos jueces sin acuerdo del Senado para sus nuevas funciones, la intervención de la cámara Alta, el rechazo de sus pliegos y el nuevo decreto «destitutorio» o de «remoción», como lo calificó Castelli en sus presentaciones judiciales. Ergo, sin respuesta de la Corte ni de la Casación en cuanto a sus pedidos de licencia, el trío de jueces debió hacer las valijas y esperar un milagro.
Pero la taba comenzó a darse vuelta primero con la convocatoria de Rosenkrantz a resolver el tema y luego el día previo a la reunión cuando se supo que en la sala V de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo no había unanimidad para resolver el caso y tornar así abstracto el per saltum. Lo paradójico -o no- es que el tercer juez del tribunal se había excusado porque también él era un trasladado de vieja data. Juez y Parte calificó aquella vez el asunto como «el bumerán» que regresaba de Tribunales al poder político.
A veces uno se pregunta si no fue todo fríamente calculado por alguna mente brillante, sobre todo por las inopinadas declaraciones públicas de Alberto Fernández en cuestiones que hacen a su profesión de abogado, con docencia universitaria incluida. A sabiendas seguramente del resultado en la Corte el Presidente bregó en un acto en Rosario por su «reforma judicial» pero no con el caballito de batalla esta vez de los servicios de inteligencia que contaminaron Comodoro Py sino con la necesidad de crear nuevos tribunales allí donde asola el narcotráfico. Oportuno ardid en Rosario, pero difícil de explicar con ese argumento la creación de un juzgado federal en Perito Moreno, provincia de Santa Cruz, por ejemplo, como surgió del Senado el festival de puestos y cargos para atraer los votos de los legisladores de la propia coalición de gobierno para aprobar esa ley.