Envió al Senado pliegos de jueces que pidió revisar pero no el de una subrogante clave.
Quizás fue el último maquillaje, aunque había otro: más tribunales que quizás jamás funcionen, más cargos que jamás se asuman y más plata que no se sabe de dónde saldrá. Pero eso fueron los senadores, ya se sabe. El último acto del Poder Ejecutivo para aplacar las críticas a su «reforma judicial» fue el envío de unos 30 pliegos de magistrados para cargos ya existentes y ya en funciones pero aún vacantes que habían sido retirados ocho meses atrás para ser «revisados» por el presidente Alberto Fernández y su «mesa judicial» porque los nombres habían sido elegidos por su antecesor, Mauricio Macri, y aún había chances de cambiarlos.
Como se sabe, desde la reforma de 1994 y la puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura cuatro años después, los jueces nacionales y federales son elegidos a través de un concurso del que sale una terna que se eleva al Presidente de la Nación y éste elige al que prefiere para mandar su pliego al Senado para su aprobación parlamentaria.
A los pocos días de asumir la Presidencia, Fernández retiró más de un centenar de pliegos que habían sido remitidos por Macri a los que jamás la entonces oposición justicialista le dio los votos para su aprobación. No sólo eran jueces sino también fiscales y defensores oficiales.
Al conocerse el proyecto oficial de reforma judicial ahora aprobado por el Senado, desde la oposición y otros sectores, incluido este espacio, se señaló la contradicción en el apuro por crear nuevos cargos -que luego crecieron exponencialmente en el toma y daca con los legisladores y sus provincias- y las demoras en ocupar los ya existentes y vacantes hace años. Un tercio de los puestos previstos para la Justicia nacional y federal están vacantes y el problema de esa estadística es que arrastra más de una década.
Lo curioso o llamativo fue detectar que entre los pliegos ahora reenviados -la mayoría de ellos con nombres distintos de los que había elegido Macri- no figura el del juzgado 12 de fuero en lo Contencioso Administrativo Federal que ocupa de manera subrogante la secretaria de Cámara Macarena Marra Giménez, aunque sí los de otros tres tres candidatos a tribunales de esa misma primera instancia.
Marra Giménez tiene que resolver esta semana en ese juzgado el amparo presentado por el juez Germán Castelli para evitar ser removido de su cargo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 (TOCF7) que debe juzgar en Comodoro Py el caso de los cuadernos que tiene como principal acusada a la vicepresidenta y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella fue recusada por Castelli pero los camaristas Sergio Fernández y Carlos Grecco rechazaron el planteo por extemporáneo.
Castelli ya dijo que en caso de una resolución contraria a su petición acudiría a la Corte Suprema a través de un «per saltum», como ya lo hicieron la semana pasada sus colegas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Esos tres jueces -y otros siete- fueron objetados en el Consejo de la Magistratura por ejercer sus cargos actuales a través de «traslados» dispuestos en el gobierno de Cambiemos sin acuerdo del Senado para esos puestos, aunque sí para sus originales.
Por ello el Poder Ejecutivo envió sus pliegos al Senado, en medio de la discusión por la reforma judicial, y la oposición considera a esta movida como parte de una avanzada sobre la Justicia como así también los pedidos de juicio político al procurador general interino, Eduardo Casal.
Fuentes judiciales especularon que una eventual intervención de la Corte en el tema de los traslados y las nuevas ratificaciones parlamentarias exigidas podría llegar justamente a través del caso de Castelli y la decision que allí tome Marra Giménez, la secretaria que hace de jueza hace seis años.