Los tres jueces desplazados por el Gobierno y el problema de fondo: las vacantes.
El título refiere a la actualidad político judicial que trasciende las fronteras de los tribunales y llega a la tapa de los diarios y protestas callejeras en plena pandemia. Es por la ausencia de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli en los puestos a los que fueron «regresados» por el presidente Alberto Fernández tras la negativa del Senado a prestar su acuerdo a los «traslados» que había realizado su antecesor, Mauricio Macri, para que ocuparan estratégicos lugares en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py. Pero hubo otros episodios inmediatamente previos de ausencias y presencias, como la de esos jueces en el Senado y la de la presidenta de la cámara Alta, Cristina Fernández, a la hora del debate sobre la situación de esos magistrados. Claro -ya se ha dicho aquí-, ella es parte interesada por sus graves problemas judiciales. Pero en definitiva -ya se ha dicho también aquí- todo refiere a un mismo problema que la política no sabe resolver: la cobertura de las vacantes en el Poder Judicial. ¿Habemus juez?
La saga última se inicia con la no concurrencia de Bruglia, Bertuzzi y Castelli a la cita virtual con la comisión de Acuerdos del Senado. Ello se transformó en el argumento para avanzar ese mismo día con el dictamen en contra de su continuidad en los puestos a los que habían pasado durante el gobierno de Juntos por el Cambio sin acuerdo de los legisladores. Y ese desconocimiento al rol de la cámara Alta en el proceso fue el «caballito de batalla» esgrimido en la sesión plenaria diez días después en la que los senadores oficialistas sellaron su suerte. Al día siguiente Fernández dispuso por decreto «dejar sin efecto» sus cuestionados traslados y disponer el consecuente regreso a sus lugares previos. Los tres magistrados pidieron licencia apenas conocidos los decretos que los afectaban pero la Corte Suprema aún no les respondió.
El argumento de los jueces -también se ha dicho aquí- fue no consentir con sus presencias en la comisión lo que consideran un acto ilegal. Creen que así refuerzan su reclamo judicial de fondo para permanecer en sus cargos por ciertos antecedentes del máximo tribunal en la materia. Quizás el mismo objetivo haya tenido la siguiente movida ajedrecística de Cristina Fernández. Abandonó la presidencia de la sesión en la que se trataban sus casos. No hubo argumento pero fue obvio: que no la acusen en el futuro de haber participado del acto que derivó en el corrimiento de los jueces que la tuvieron o la tendrían del otro lado del mostrador. Y en funciones, según ellos, tan constitucionales como las de ella, por más que en sus casos no medie el voto popular. Ya no será. Al menos por ahora.
No está de más recordarlo por más que bastante sea conocido ya a esta altura del problema. Bruglia y Bertuzzi intervinieron como jueces de la Cámara Federal penal porteña en causas en las que ella o ex funcionarios de sus gobiernos fueron procesados y enviados a juicio, como el caso de los llamados «cuadernos de las coimas». Castelli integraba el tribunal oral que debería juzgarla en esa última causa, además de otros casos de presunta corrupción durante su gestión de gobierno. Ya fueron corridos. Pero si volvieran ¿no habría tela para recusarlos? ¿Quién habrá ganado allí?
Ahora los tres deberán volver a sus puestos anteriores. Tres tribunales orales en tres jurisdicciones distintas. Bruglia al TOFC4 de Comodoro Py, Bertuzzi al 1 de La Plata y Castelli al 3 de San Martín. Pero aún no lo han hecho justamente para no consentir todas las movidas previas que consideran ilegales. Ausentes del Senado, de Comodoro Py y de sus viejos tribunales. La Corte tiene sus pedidos de per saltum para reponerlos cautelarmente en el cargo pero todo indicaría que no los tratará y que resolverá sus casos a través de las vías normales de una causa de este tipo. Es decir, tras la intervención de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
¿Y con las vacantes qué hacemos?
Pero, volviendo al título, dadas las ausencias referidas de los jueces en la comisión, e incluso de la oposición, y la vicepresidenta en la votación que desaprobó sus traslados -¿ese solo hecho ya no alcanza para vincular la movida del Gobierno con su situación personal?- y de la Corte con su política de «no intervención», esos espacios vacíos remiten al origen de lo que aquí se cree que es el problema: las vacantes en la Justicia y la manera lenta y a la vez oportunista de ocuparlas.
Es histórico. Un tercio de los cargos de juez no tienen a un ocupante titular que reúna los requisitos constitucionales ahora defendidos por el oficialismo en los casos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Básicamente por renuncias por jubilación y la demora del Consejo de la Magistratura en seleccionar a los reemplazantes. El caso de Castelli es paradigmático: su amparo judicial para permanecer en su cargo está en manos de una secretaria de Cámara que subroga un juzgado y que tampoco cuenta con acuerdo del Senado.
Otro hecho más dramático aún es que ante la movida con esos magistrados uno de los tribunales más importantes del país, la Cámara Federal penal porteña, quedó con solo dos jueces sobre seis que allí debiera haber. En caso de discrepancia entre ellos dos (Martín Irurzun y Mariano Llorens) deberá recurrirse a un colega de otro fuero para desempatar. Por allí pasan casi todos los casos de corrupción en la administración pública nacional.
Para solucionar el problema ante una situación similar durante sus años de gobierno el macrismo apeló a los traslados. Antes, durante el kirchnerismo, habían sido las subrogancias. El asunto es que entre que se genera una vacante y esa vacante se completa pueden pasar hasta diez años. Todas las miradas apuntan por eso al Consejo de la Magistratura, un órgano más político que técnico. El tema está en la agenda de la comisión convocada por el presidente para estudiar cambios en la Corte y también, al parecer, en la del máximo tribunal, que tiene un viejo caso apelado sobre la manera de integrarlo con el «equilibrio» del que habla la Constitución reformada en 1994.