El Gobierno se apresta a correr de sus puestos a tres jueces clave de Comodoro Py.
Horas antes de la audiencia a la que no irán o, mejor dicho, de la que no participarán hoy vía virtual en tiempos de pandemia y cuarentena, los tres jueces a los que parece enfocar «la otra reforma judicial» del oficialismo recibieron por igual malas noticias de su propio terreno: la Justicia. La Corte Suprema no tomó decisión alguna en el «per saltum» planteado por los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi -con una medida precautelar incluida- y la jueza subrogante Macarena Marra Giménez -que no es jueza sino secretaria de Cámara- rechazó la cautelar pedida por Germán Castelli, miembro de un tribunal oral que, entre otros juicios próximos, tiene el de «los cuadernos». Así se les complica a los tres sus intenciones de seguir en sus cargos actuales y evitar que el presidente Alberto Fernández los desplace de ellos tras la previsible negativa del Senado a dar su acuerdo para los puestos que ocupan.
«Primero pague, después reclame», sería la fórmula a aplicar con estos jueces, como si de la compra de un electrodoméstico defectuoso o de una deuda impositiva se tratase. El pago en este caso sería la pérdida de los estratégicos puestos que ellos ocupan en la estructura judicial, el objetivo buscado por el Frente de Todos o, como dice la oposición, por la vicepresidenta de la Nación. ¿Y después cantarle a Gardel? El tango estará en los tribunales, pero los tres jueces saben que más difícil de remontar su problema será si ya no ocupan la poltrona por la que luchan. Los tres deberán regresar a los puestos desde los que habían sido trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri. Bertuzzi y Bruglia al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4) de Comodoro Py y Castelli, al TOCF3 de San Martín. Y desde allí esperar la decisión de fondo en sus respectivos juicios.
Así, la Cámara Federal penal porteña, el tribunal de apelación a través del cual se avalan o bochan las causas instruidas por los malafamados jueces de primera instancia del malafamado Comodoro Py, se quedará sin dos miembros (Bruglia y Bertuzzi) y con sólo dos titulares sobre seis lugares: Martín Irurzun y Mariano Llorens. Lo paradójico es que la misma movida del Senado puede hacer regresar a Comodoro Py a quien se había ido trasladado y entre críticas tras liberar al empresario Cristóbal López tres años atrás: Eduardo Farah. ¿Habrá de esta manera una mayoría en la que confía el Gobierno para los próximos años en ese lugar central de la Justicia y la política? ¿O se cubrirán mal y rápido las vacantes por conveniencias políticas?
La movida será más expedita y exprés que el tren que a velocidad crucero kirchnerista pasó el filtro del Senado la semana pasada y ahora aguarda una ratificación de la Cámara de Diputados. Una reforma judicial de dudosa aplicación inmediata y futuro incierto ante su posible judicialización una vez convertida en ley. Su sanción y más aún su aplicación aparecen todavía lejanas. Esta iniciativa en apariencia más limitada y menos pretenciosa no lleva nombre marketinero pero sí tendrá un efecto más práctico sobre el «defecto de origen» de la coalición peronista gobernante: la complicada situación judicial de su líder, Cristina Fernández.
Tanto Castelli como Bruglia y Bertuzzi habían adelantado que no acudirían a la cita virtual de hoy con los senadores para no consentir lo que consideran una ilegalidad. Les exigen un acuerdo del Senado por sus nuevos puestos para los que no habían sido designados originalmente. El problema es que hasta ahora la Justicia no ha respondido según sus reclamos. La jueza María Alejandra Biotti rechazó el amparo planteado por los camaristas federales -fallo confirmado este mismo viernes por la Cámara de Apelaciones- y la Corte evitó pronunciarse sobre el per saltum, lo que fue leído como un certificado de defunción de las aspiraciones de los magistrados cuestionados de seguir en sus cargos bajo el paraguas de un fallo judicial.
Se quedaron sin precautelar ni cautelar. Es más,la cautelar de Castelli fue rechazada el jueves por la subrogante Marra Giménez, a quien «casualmente» el Poder Ejecutivo no incluyó en el listado de pliegos devueltos al Senado para la aprobación de candidatos distintos a los que había enviado el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, el jueves falló sin tener la certeza de si el actual Gobierno la convertirá finalmente o no en jueza. Castelli apelará la semana que viene y seguramente planteará un per saltum como el de sus otros dos colegas. Y allí es probable que se abra el caso en el que la Corte pueda fallar en el futuro. Aunque por ahora todos los caminos conducen a Roma: los jueces fuera de sus puestos y a discutir a los tribunales con los hechos consumados.